El proceso para designar al sucesor de Gilberto Higuera Bernal en la Fiscalía General del Estado (FGE) no sólo se está llevando con una prisa inusitada, sin consultar a las universidades, colegios y barras de abogados, sino con una opacidad y una falta de asepsia política que van a deslegitimar a la persona que resulte nombrada.
De entrada, a diferencia de lo que ocurrió con la designación de Gilberto Higuera Bernal en la LX Legislatura, ahora el Congreso no emitió ni publicitó ninguna convocatoria. Este lunes la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LXII Legislatura —que preside Laura Artemisa García Chávez— sólo informó que los grupos parlamentarios habían propuesto 11 aspirantes.
La lista se coló a los medios y sorprendió que la favorita para llegar a la Fiscalía —la exmagistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Idamis Pastor Betancourt— no fuera propuesta por la fracción de Morena, sino por el PRI. Tras la difusión de los nombres y los reclamos a la diputada Delfina Pozos Vergara por la filtración, a los legisladores del grupo mayoritario no les quedó más remedio que hacer suya esa candidatura.
En otras palabras, hubo un intento de simulación para esconder a la favorita, pero cuando la lista se filtró y se puso al descubierto la maniobra, los diputados de Morena tuvieron que asumir la paternidad de aquella.
Los 11 aspirantes (cinco hombres y seis mujeres) serán votados este martes por el Congreso del estado; la lista que se apruebe será turnada al gobernador Alejandro Armenta Mier para que defina una terna. Los tres seleccionados comparecerán ante el pleno el jueves 19, y el viernes 20 la LXII Legislatura elegirá al sucesor de Gilberto Higuera.
Pago de facturas
Por la premura y la poca asepsia en el procedimiento para nombrar al nuevo o nueva fiscal de Puebla, la Cuarta Transformación ha evidenciado lo que buscó ocultar cuando la diputada Laura Artemisa García endilgó a la fracción del PRI el nombre de la expresidenta del TEEP: que su nombramiento parece un pago de facturas por los favores que ésta les hizo durante el pasado proceso electoral, a saber:
Exonerar a los candidatos de Morena a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla, Alejandro Armenta y José Chedraui, de actos anticipados de campaña; fallar en contra de la perredista Roxana Luna, quien impugnó el cómputo en las elecciones de San Pedro Cholula; anular los triunfos de Marco Valencia Ávila en Venustiano Carranza y Juan Lira Maldonado en Chignahuapan; y desentenderse de la transferencia de votos de Morena a Fuerza por México en la capital del estado para que este partido pudiera salvar su registro estatal.
Idamis Pastor, ¿inelegible?
Una polémica que Idamis Pastor tendrá que sortear en caso de que la 4T insista en designarla al frente de la Fiscalía General del Estado es la ilegalidad de su nombramiento, bajo el argumento de que el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla establece que ningún magistrado electoral puede participar en un gobierno donde haya fungido como árbitro en su elección.
El segundo párrafo del artículo 332 del COIPEP dice textualmente: Concluida su función (la de los magistrados electorales) no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que haya ejercido su función.
Si bien la Fiscalía no es un órgano emanado de los comicios de junio pasado, los diputados de Morena (y del PRI) que la proponen como sucesora de Gilberto Higuera sí emanaron de ese proceso electoral.
¿O no?
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Una ilegalidad conduce a otras
La renuncia de Idamis Pastor ha traído como consecuencia otras violaciones legales, como el nombramiento de quien venía desempeñándose como secretario en funciones de magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Israel Argüello Boy, como presidente del órgano jurisdiccional local.
Dicho nombramiento ya es motivo de un juicio de revisión constitucional en contra del propio TEEP por la designación de éste en sustitución de aquella, violando los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal.
Lo anterior en virtud de que el nombramiento de magistrado presidente del TEEP debió hacerlo el Senado de la República por las dos terceras partes de sus integrantes.
Y para ocupar la vacante de Idamis Pastor, el Tribunal habilitó a Isabel Carreón Ponce de León, quien fungía como su secretaria instructora en labores de magistrada.
Como el lector observará, todo un estercolero en aras de imponer a la favorita de la 4T como titular de la FGE.
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