Cuatro hechos muy preocupantes de violencia ocurridos el pasado fin de semana en Puebla deberían ser suficientes para encender todas las alertas en el equipo del próximo gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier.
El primero sucedió en la Mixteca, específicamente en San Juan Amecac, comunidad de Atzitzihuacan, donde la población linchó a tres personas que supuestamente habían intentado secuestrar a una niña de 5 años.
Los presuntos delincuentes iban a bordo de un Jetta color azul cuando fueron señalados por Alberto Casales Pérez, policía o ex policía auxiliar, de amagar con raptar a la menor de edad. Azuzados por este individuo, unos 300 vecinos -muchos de ellos armados- detuvieron y quemaron a dos de los sujetos hasta privarlos de la vida, y el tercero fue colgado, en el paraje conocido como El Tehuinto.
Policías municipales y estatales activaron el protocolo que se usa para evitar estos ajusticiamientos, que ya suman 11 en 2024; sin embargo, fueron amenazados por la turba y corridos del lugar. Horas después llegaron al pueblo elementos del Ejército, pero ya era demasiado tarde: el linchamiento había sido consumado.
El segundo hecho de violencia bastante preocupante tuvo lugar en Palmarito Tochapan, epicentro del “Triángulo Rojo”, es decir, la zona más caliente del huachicol y otros graves delitos en la entidad.
Ahí, según los reportes policiacos, los habitantes retuvieron a dos elementos -un hombre y una mujer- de la Secretaría de Marina (SEMAR) e incendiaron el vehículo particular en el que viajaban vestidos de civiles.
Se dice que fueron confundidos con delincuentes y que al parecer estaban en el lugar realizando alguna investigación; sin embargo, es de todos conocido que muchos pobladores de esa región son parte de la industria del robo de combustible y que funcionan como “halcones” (vigilantes e informantes) de los grandes capos del negocio, que deja ganancias millonarias, con la complicidad -muchas veces- de Petróleos Mexicanos.
El tercer suceso muy preocupante fue la ejecución en el estacionamiento de un salón social de Fuentes de San Bartolo, en la ciudad de Puebla, de Jesús Martínez Brito, alias “El Marranero”, operador de “Los Rojos” en Iguala, Guerrero, y presuntamente relacionado con los Beltrán Leyva.
Fueron tres los sicarios que se dirigieron directamente hacia uno de los “invitados especiales”, lo alcanzaron y le dispararon hasta matarlo y rematarlo. Huyeron corriendo sin ser molestados por la policía. Circularon en redes sociales videos y fotografías del momento exacto del homicidio que enturbió el domingo de muchas familias poblanas.
Otro hecho alarmante -el cuarto del fin de semana- fue el atraco que cinco rateros armados perpetraron con toda tranquilidad en la sucursal de Starbucks de la 25 oriente-poniente en la ciudad de Puebla, donde despojaron de sus pertenencias a clientes y empleados; se llevaron teléfonos celulares, computadoras personales y las llaves de un vehículo.
El robo no sólo vino a reconfirmar que en esta capital la estrategia de seguridad sigue sin funcionar y a elevar el nivel de preocupación de los ciudadanos; también exhibió dramáticamente la falta de seriedad con que el nuevo gobierno está tomando el reto.
En un mismo post de X sencillamente incomprensible, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) habló de un “presunto asalto” y líneas adelante lo dio por hecho: “Fueron 2 sujetos armados quienes despojaron a los clientes de sus pertenencias”, señaló.
Es decir: el “presunto asalto” no fue “presunto”; sí sucedió, pero el gran consuelo -según la SSC- es que “se descartan detonaciones” y “los afectados en todo momento fueron asistidos por personal de Atención a Víctimas”.
Más allá de las risas (ni tan) involuntarias que nos viene regalando la SSC, el robo en el Starbucks se viene a sumar a los otros alarmantes robos que han sucedido en las últimas semanas, sin que se note -todavía- una diferencia entre lo que se venía haciendo en el anterior gobierno y lo que dice estar haciendo el nuevo, por más que se siga presumiendo hasta el cansancio una “disminución” en seis delitos de alto impacto.
Puebla capital, tenemos un problema.
***
Vistos en conjunto, los tres hechos del pasado fin de semana ratifican que el mayor desafío del nuevo gobierno -que inicia funciones tan pronto como el próximo sábado- es y será el de la seguridad y la gobernabilidad.
En materia de delincuencia -y alta delincuencia-, todos los saben, Puebla se pudrió desde el morenovallismo, cuando a la descontrolada delincuencia común, se sumaron otra clase de ilícitos, pues fue cuando nació, creció y muchas veces se alimentó desde el gobierno mismo, la boyante industria del huachicol, que incluso sirvió para financiar campañas y elevar la estatura de ciertos políticos.
Con el barbosismo, la situación terminó por salirse de control: primero, porque no funcionó la buena intención de poner la seguridad pública en manos de un marino y segundo, porque para corregir ese error, la Secretaría de Seguridad Pública se entregó a un grupo de rufianes -provenientes de Chiapas- que, abusando de la buena fe del gobernante en turno, acabaron coludidos con el crimen organizado, al que incluso llegaron a fijarle cuotas semanales, quincenales y mensuales. Fue tan terrible lo que pasó, que resultó difícil distinguir entre la policía y los delincuentes, tan mimetizados transitaron durante muchos meses de terror.
A Sergio Salomón Céspedes Peregrina le tocó recibir una herencia maldita en la materia y bastante hizo con más o menos contener lo que hoy, lamentablemente, ya es una realidad: la violenta y sangrienta lucha territorial -es decir, la lucha por la plaza- entre por lo menos dos de los grandes cárteles de la delincuencia organizada, con su consiguiente reguero de cadáveres, levantones, ejecuciones y venganzas típicas de las mafias. De ninguna forma ayudó, por supuesto, que los gobiernos de la 4T tuvieron que ajustarse, hasta la ignominia, a la perversa estrategia -la no estrategia- del hoy ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tristemente estableció desde la cúpula del poder aquello de “abrazos, no balazos”.
Es Alejandro Armenta Mier a quien le tocará enfrentar un estado de las cosas descompuesto hasta la médula y sobre todo la exigencia ciudadana -cada vez más evidente y ruidosa- para que a la sociedad le devuelvan la seguridad que le robaron hace ya bastante tiempo. El nuevo gobernador, quien ha hablado de una rigurosa coordinación entre los tres niveles de gobierno y le apuesta a la capacidad e integridad que todos reconocen en los marinos, deberá hacerlo, consciente de que este tema será a final de cuentas el gran tema que servirá para evaluar la eficacia general de su gobierno.
No será fácil, no será rápido, no será en automático, pero las primeras medidas y políticas públicas tendrán que empezar a sentirse y a notarse en en la vida cotidiana de los poblanos, especialmente en Puebla capital, donde, según ha reconocido hasta el próximo secretario de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez González, se concentra hasta el 70% de los delitos totales en el estado.
Los cuatro hechos de este fin de semana reconfirman que el estado está enfermo y que no será con aspirinas ni ocurrencias como se va revertir la situación.
El de la seguridad y la gobernabilidad de Puebla, es el máximo combate que va a enfrentar Alejandro Armenta Mier, sin titubeos. Porque como diría el clásico: “Ya pasó lo peor, ahora viene lo más cabrón”.
