La rueda del poder nunca deja de girar.
Y una vez que asuma constitucionalmente la gubernatura de Puebla -lo que sucederá el próximo 14 de diciembre-, Alejandro Armenta Mier habrá de enfilar tres grandes decisiones.
Tres decisiones de Estado:
Un nuevo fiscal General.
Un nuevo auditor Superior.
Un nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.
Las reglas del sistema político no cambian -no van a cambiar- y los perfiles deberán ser cercanos al mandatario.
No sus empleados, no sus subordinados, pero sí cercanos.
Afines, pues.
De máxima confianza.
Y capacidad probada.
Ningún gobernador come lumbre y hoy no va a ser diferente.
Véase el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y tómese de cierta forma como antecedente de lo que viene.
Decidir quién ocupará la Fiscalía, la Auditoría y el poder Judicial no es un juego de niños.
Así como se determinó que una fiel operadora, con expertis en la complicada política magisterial, Laura Artemisa García Chávez, se encargara de la presidencia del Congreso del estado, es -y será- facultad metaconstitucional del gobernador determinar los relevos en tres de los pilares en que se sustenta el sistema: fiscal, auditor, presidentes del poder Judicial…
Así ha ocurrido en el pasado, así ocurrirá en el futuro.
El fiscal -un buen fiscal, pese a todo- Gilberto Higuera Bernal ya prepara sus maletas.
Y pone la casa en orden.
Como ha trascendido, se ha inscrito en el proceso de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hombre de pasos seguros, no lo hubiera hecho si sus posibilidades no fueran firmes.
Higuera Bernal no dejará la FGE, por ahora; la convocatoria para ser ministro no exige que renuncie al cargo que hoy ocupa.
Ha trascendido ya a varios gobernadores y sobrevivido a todas las sucesivas crisis políticas que Puebla ha padecido -como flagelo- desde 2018.
Tarea nada fácil la suya, pero se puede decir que ha cumplido y que ha sido, sobre todo, hombre de Estado.
Sea o no ministro de la Corte, su tiempo se agota; en el escritorio de Alejandro Armenta ya hay una tarjeta con los nombres de sus posibles sucesores.
Enero es el mes clave.
Lo mismo sucede en el caso de la Auditoría Superior del Estado.
El máximo órgano fiscalizador del gasto público de Puebla no encuentra estabilidad y rumbo desde hace un buen rato.
Sus sucesivos titulares han empezado bien y terminado mal o muy mal: Francisco Romero Serrano -fue encarcelado en el régimen de Miguel Barbosa Huerta- y Amanda Gómez Nava -déspota e ignorante, destruyó la vida institucional del organismo y fue cómplice del millonario desfalco a través de Accendo Banco-.
Actualmente la ASF está al mando de un encargado de despacho, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, que no, de ninguna manera permanecerá con el armentismo.
Ya hay un par de perfiles muy encaminados hacia la oficina principal del viejo edificio de la 5 Sur 1105 en el Centro Histórico.
En el poder Judicial del Estado también se viven horas extras.
Tanto en la presidencia del TSJ (María Belinda Aguilar Díaz) como en la presidencia del Consejo de la Judicatura (José Eduardo Hernández Sánchez).
Los vientos de la política no sólo no los favorecen: podrían envolverlos pronto en un torbellino, dadas sus fobias, sus maniobras y sus nexos.
No hay lógica política que les garantice su permanencia en los cargos que hoy ocupan, con más fortuna que talento.
La rueda del poder nunca deja de girar.
Son tiempos de cambio -y de cambios-.
Y nadie habrá de espantarse.
En el fondo se trata de variables que sostienen al sistema político que vivimos -y a veces sufrimos-.
Y uno solo, solo uno, tiene la última palabra.
Fiscal, auditor, presidentes del poder Judicial…
