El segundo jueves de agosto le conté que la que fuera secretaria de Planeación y Finanzas del finado gobernador Miguel Barbosa Huerta, María Teresa Castro Corro, tenía cuentas pendientes con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la contratación de la empresa jalisciense Intecproof SA de CV, a la cual se le encargó durante tres años la operación de las fotomultas en las vialidades y carreteras estatales.
Hoy le tengo más detalles.
Resulta que en la auditoria de cumplimiento que practicó la ASF al gobierno del estado sobre las participaciones federales que le transfirió a través del Ramo 28 durante el periodo 2022-2023, a Teresa Castro se le observó el contrato número DABS/GESAL-053/SPF/079/2019.
De la decena de irregularidades detectadas por la Auditoría, el Gobierno del estado pudo solventar seis, pero dejó pendientes cuatro por aclarar por un monto de 256 millones 785 mil pesos.
Entre éstas destacan las siguientes: reportes de mantenimiento de los equipos utilizados para la operación de las fotomultas, evidencia de las impresiones y boletas de infracción enviadas al domicilio de los ciudadanos infractores, la documentación fidedigna y legible para acreditar el cumplimiento del servicio contratado y reportes fotográficos con imágenes de buena calidad.
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Aparte de esa auditoría de cumplimiento efectuada por la ASF, esta semana la Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer el informe individual que realizó al Poder Ejecutivo local concerniente a la revisión del año fiscal 2022.
Como consecuencia de esa revisión, la ASE pidió a la Secretaría de la Función Pública del estado fincar responsabilidades y sanciones a los servidores públicos involucrados en poner a sudar 1,017 millones de pesos del estado en “inversiones financieras por recuperar”.
Según dicho reporte la Secretaría de Planeación y Finanzas invirtió ese dinero con diferentes brokers colocándolos en el rubro “Derecho a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo”.
Entre los brokers favorecidos con esas inversiones instruidas por la secretaria de Planeación y Finanzas estaría la empresa Fóndika SA de CV.
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Teresa Castro fue también la responsable de la pérdida de 600 millones de pesos del gobierno de Puebla en Accendo Banco, institución financiera que quebró meses después de que el gobernador Miguel Barbosa instruyó esa inversión en junio de 2021.
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Dudas que matan:
¿Si ya la ASF observó que hay anomalías en el contrato de Intecproof, empresa que se encargó de operar las fotomultas en Puebla, y que la exsecretaria de Finanzas Teresa Castro aún no justifica ni aclara 256.78 millones de pesos, qué espera el gobierno de Puebla para sancionarla e iniciarle procedimientos administrativos de responsabilidades?
¿Si ya la ASE instruyó a la Secretaría de la Función Pública a fincar responsabilidades a los funcionarios que en el 2022 pusieron a sudar 1,017 millones de pesos para recibir rendimientos en efectivo o equivalentes a largo plazo, por qué el gobierno de Puebla se rehúsa a proceder contra la exsecretaria de Planeación y Finanzas?
¿No será porque tiene el cobijo de Juan Pablo De Botton Falcón, actual subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y próximo secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México con Clara Brugada Molina?
De Botton, quien fue becario de Teresa Castro cuando ésta trabajó en la SHCP, es uno de los políticos y financieros más cercanos a los hijos de Andrés Manuel López Obrador.
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