Sorpresa y extrañeza.
Así fue recibida hasta Alemania la noticia que el pasado jueves dio a conocer el gobierno del alcalde suplente, Adán Domínguez Sánchez, sobre la adquisición, por un monto de 20 millones de pesos, de nueve drones para sumarlos a tareas de seguridad y vigilancia dentro de un denominado “Proyecto Orión”, del que nada o muy poco se conocía hasta ese día.
Sorpresa y extrañeza porque de tal adquisición nunca fue informado -ni siquiera por cortesía política- el presidente municipal electo, José Chedraui Budib, quien acompaña al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y al gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, en una misión comercial por Europa, y quien entrará en funciones ya en muy poco tiempo, en concreto el próximo 15 de octubre.
Necesaria o no -ese no es el punto-, la compra de los drones es una operación que evidentemente trasciende el periodo del actual ayuntamiento.
Adán Domínguez (del PAN) y José Chedraui (de Morena) tenían el acuerdo de transparentar y hasta pactar ese tipo de compras, compras no de pánico pero sí, digamos, de última hora, que en este caso en particular implicaron varios millones de pesos.
Sin embargo, eso no ocurrió y la omisión mete ruido, mucho ruido, a una transición que hasta hoy había caminado en buenos términos y que de complicarse, podría terminar bastante mal, pues no es el único tema que ha salido a la superficie en las últimas semanas.
Según fuentes enteradas, en las seis reuniones de transición que a la fecha han sostenido el alcalde en funciones y el alcalde electo, cada uno acompañado de sus respectivos equipos de colaboradores, ha privado la armonía; sin embargo, a la par han surgido asuntos de los cuales no se ha facilitado toda la información al respecto o se ha dado a cuenta gotas por alguna razón desconocida.
Operadores de José Chedraui han puesto especial interés y preocupación sobre determinadas áreas de la administración pública municipal y solicitado los expedientes correspondientes. No obstante, se han encontrado con pretextos, evasivas y nula o escasa voluntad por parte de ciertos funcionarios, y eso ha causado desconfianza y encendido focos amarillos.
El informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que se dio a conocer la pasada semana y que reportó al menos nueve observaciones por probable daño patrimonial correspondiente al ejercicio fiscal 2022 -es decir, al periodo del ex edil Eduardo Rivera Pérez-, por un monto total de 214 millones de pesos, vino a meter más ruido en el proceso de entrega-recepción.
Asuntos del dominio público como la misteriosa renta del helicóptero “Árcangel” -para tareas de vigilancia- o el no menos fracasado proyecto del Chabot “Ángela”, no han sido explicados con la claridad debida. Tampoco obras como la remodelación de la avenida Juárez, la peatonalización de una parte del Barrio de Santiago y los acuerdos con las organizaciones de ambulantes, que han enrarecido la relación con los comerciantes establecidos del Centro Histórico.
Hasta hoy José Chedraui y su equipo han actuado de buena fe, pero es probable que el clima de concordia que venía caracterizando la relación entre el gobierno municipal que ya se va y el gobierno municipal que está a punto de iniciar, ya no sea el mismo en la próxima reunión -si es que habrá- de transición.
Chedraui tiene de su lado a uno de los mejores despachos contables del país, con acreditada experiencia en transiciones gubernamentales -tanto estatales como municipales-, y sería extraño que dejara cabos sueltos.
El alcalde Adán Domínguez ha dicho que las observaciones de la ASE serán esclarecidas en su totalidad y que su administración no dejará las arcas vacías ni heredará deudas ni pendientes con proveedores y contratistas.
Hace unos días, el columnista Rodolfo Ruiz Rodríguez, de e-consulta, reveló -y no fue desmentido- que el relevo entre Eduardo Rivera y Adán Domínguez se hizo sin que mediara, como lo marca la ley, un acta de entrega-recepción avalada por la Contraloría Municipal.
“La elaboración de esa acta de entrega-recepción no es un formalismo, es una obligación de los servidores públicos. Eduardo Rivera debió hacer la entrega de la administración municipal en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que surtió efectos su separación del cargo”.
Este asunto, más la millonaria adquisición de los drones, las observaciones de la ASE y los expedientes ocultos o no informados de temas sensibles o polémicos del actual gobierno, han causado, sí, sorpresa y extrañeza.
Y metido ruido, mucho ruido en una transición que hasta hoy caminaba sin sobresaltos.
Como diría el clásico: “¿Pero qué necesidad?”.
