La Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa resolvió inhabilitar por 15 años a Jesús Zaldívar Benavides para ocupar cargos públicos, multarlo con 30.5 millones de pesos y pagar daños y perjuicios a hacienda estatal por más de 30.13 millones de pesos.
Lo anterior derivado del juicio administrativo que por desvío de recursos públicos y abuso de autoridad le inició el gobierno del extinto gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en 2019, a su paso por la Dirección del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla (Conalep).
Sin embargo, el actual presidente del Comité Directivo Municipal del PAN ya promovió una apelación ante el mismo Tribunal, alegando que la autoridad no ha logrado acreditar el delito de desviación de recursos, pues no ha demostrado que los 30 millones recibidos por el Conalep se hayan utilizado para un propósito distinto al enunciado en los contratos, que ese dinero haya ido a parar a su cuenta personal, o que éste se hubiese visto favorecido con tal desvío de recursos.
Son dos los juicios que tienen a Jesús Zaldívar contra las cuerdas. Uno es éste, el administrativo, que tiene su antecedente en dos procedimientos que le inició la Secretaría de la Función Pública, el 02/2021 y el 230/2021, que forman parte del expediente número 4/2022-PRA-SERA-2, por el cual el Tribunal de Justicia Administrativa lo inhabilitó por 15 años y lo sentenció a pagar una multa y una indemnización por un monto global de 60.63 millones pesos.
El otro juicio es de orden penal, que ahora está en instancias federales, luego de que el juez de control, Francisco Javier Martínez Castillo, lo vinculó a proceso el pasado 20 de febrero por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos.
En ambos juicios lo que se pretende demostrar es que Jesús Zaldívar no hizo las obras, ni los mantenimientos, ni las compras de insumos y materiales que se establecieron en 19 contratos por una cantidad superior a los 30 millones de pesos en el año de 2018, en beneficio de 11 planteles del Conalep a través de diferentes empresas como Diversidad en Insumos Gráficos SA. de CV, Kabi Globalmark SA de CV, y Comercializadora El Chuac SA de CV.
La sentencia de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas se dictó el 26 de junio, pero a la defensa de Zaldívar se le notificó hasta el 9 de julio.
Según el dirigente panista, el que dicha resolución trascendiera hasta ahora obedece a una cuestión política derivada de la denuncia que promovió junto con el diputado federal Mario Riestra Piña, ante la Fiscalía General del Estado, acusando a los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), así como a la presidenta y al secretario del Consejo Municipal Electoral de Puebla, de alteración de documentos electorales.
Zaldívar asegura que, si la denuncia que se presentó el miércoles 31 de julio contra diversos consejeros y funcionarios del IEE que alteraron los cómputos finales, al transferir 27 mil 750 votos de Morena a Fuerza por México en la capital del estado para que el partido rosa salvara su registro estatal, no hubiera sido firmada por él, la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa en contra suya no se habría filtrado a medios de comunicación.
Posibles colaboradores de Pepe Chedraui
Aunque en los equipos del gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, y el presidente municipal electo de Puebla, José Chedraui Budib, los nombres de quiénes integrarán sus respectivos gabinetes se barajan con mucho sigilo, ya se pueden adelantar algunas cuestiones.
Entre ellas que Rodrigo Abdala Dartigues no será secretario de Bienestar de Alejandro Armenta, sino de Pepe Chedraui, pues dicha cartera en el Estado será ocupada por el diputado federal electo del Distrito 11, José Antonio López Ruiz.
Eso significa que el suplente de éste, Clemente Castells Sanabria, será quien termine ocupando la curul del empresario y político del PT.
Otros personajes que también estarán en la administración de Pepe Chedraui son Clemente Gómez Medina, Antonio López Malo Capellini, Manuel Martínez Benítez, Carlos Blanco Villasuso, Mauro Nava Rossano, Ricardo Gutiérrez Loyola, David Aysa de Salazar y Jesús Aquino Limón, entre otros.
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Un personaje que se anda proponiendo para ser el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep) es Luis Alberto Arriaga Lila.
El expresidente municipal de San Pedro Cholula fue director de Noticias en Televisa Puebla, diputado local por el PRI y coordinador de Gobernación y Desarrollo Social de José Juan Espinosa Torres en el ayuntamiento cholulteca.
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Un político de Puebla que mantuvo con José Agustín Ortiz Pinchetti una cercana relación desde el 2005 hasta su muerte ocurrida el sábado fue el diputado federal Ignacio Mier Velazco, quien todavía el mes pasado comió en la Angelópolis unos chiles en nogada con el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales y la esposa de éste, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Ahlf.
El vínculo entre Ortiz Pinchetti y Nacho Mier surgió en 2005, cuando el entonces secretario general del ayuntamiento de Puebla autorizó la instalación de una enorme pantalla en el Zócalo de la ciudad donde se transmitió en vivo el juicio de desafuero de Andrés Manuel López Obrador.
La acción fue importante en su momento, ya que tanto el gobierno de Vicente Fox Quesada como el de Mario Marín Torres habían obstaculizado por todos los medios la colocación de pantallas en plazas públicas y la transmisión del evento.
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