Cuando en el 2014 se llevó a cabo una nueva reforma electoral en México, se buscó entre, otras cosas, que los gobernadores no pudieran meter las manos dentro de los órganos electorales locales, los cuales estaban supeditados a la voluntad de los mandatarios en turno, en cada una de las 31 entidades del país.
Era pues necesaria una reforma en esta materia, ya que, a los integrantes de estos organismos, es decir, a los consejeros electorales, los designaban los Congresos locales, mediante el “palomeo” del gobernador en turno, quien recomendaba a sus amigos para ser parte de estos entes.
La reforma del 2014 buscaba precisamente quitarles el control a los gobernadores de los institutos electorales locales y fuera el INE, quien designará pues a los mejores perfiles para poder ocupar esos cargos, mediante un examen de oposición al cual sometían a los aspirantes a ocupar el cargo.
Y efectivamente, a partir de esa fecha, los nuevos integrantes de los ahora llamados OPLES, Organismo Públicos Locales, fueron seleccionados en la Ciudad de México por personal del INE, dentro de una lista de mujeres y hombres que presentan un examen de oposición, pero aun así siguen sometidos a lo voluntad del mandatario en turno, quien, además, es quien debe de proveer de recursos a estos organismos.
Es decir, la tan ansiada independencia de los órganos electorales es un mito genial, tan genial como la independencia del poder judicial en los estados y de las fiscalías y demás entes autónomos.
En ese sentido, la 4T no se equivoca, estamos ante una farsa, una falsa autonomía, a la cual busca eliminar el lopezobradorismo para ahora sí, cínicamente asumir el control de estos entes de manera descarada como era hasta antes de los noventas en este país.
Pero volviendo al caso que nos ocupa el del OPLE local, denominado Instituto Estatal Electoral (IEE), es iluso pensar que este ente se manda solo, o que a la consejera presidenta, Blanca Yahassara Cruz García, quien fue precisamente seleccionada desde la ciudad de México, actúo de mutuo propio en el tan traído caso de la transferencia de votos de Morena hacía los partidos Fuerza México y Nueva Alianza, para que pudieran mantener su registro a nivel estatal.
Es un hecho que los consejeros recibieron una línea, una petición, una solicitud de alguien, como se quiera entender, para poder hacer esta maniobra, pensando tal vez que nadie se iba a dar cuenta de esta operación aritmética, en medio de los millones de votos registrados durante la jornada electoral.
Hoy toda la responsabilidad se quiere hacer creer es de la consejera presidenta y tal vez ella sea quien termine pagando los “platos rotos” y el descrédito” por tan sucia maniobra, pero reitero, es obvio que ni ella, ni los otros seis consejeros restantes se mandan solos.
Blanca tendrá que cargar con este peso, el peso de ser tramposos y de querer quedar bien con el poder, y eso si es que el tema trasciende, porque como están las cosas en este país, en una de esas, terminan dándole carpetazo al asunto.
El caótico transporte poblano. El cierre de la presente administración se ve caótico en materia de transporte público, el cual hay que decir, ningún gobernador ha podido poner en orden, ni el mismo Bartlet o Moreno Valle.
Como ya adelante en este mismo espacio, se viene el incremento a la tarifa del transporte público como ocurre en cada fin de sexenio, para dejar limpio el camino al que llega, pero los problemas dentro de este sector son cada día más complejos con la mezcla de intereses y grupos que están dentro de todo esto.
Los vehículos piratas, la invasión de rutas ya es una constante en Puebla, así como también el pésimo estado en el que se encuentran y circulan la mayor parte de las unidades en Puebla.
La corrupción dentro de la Secretaría de Movilidad a cargo de Omar Álvarez Arronte, es cada día más evidente y constituye una verdadera “bomba de tiempo” para el nuevo gobernador, Alejandro Armenta, quien deberá de hacer frente a la problemática o “patear el bote”, como lo han hecho todos sus antecesores.
