En el litigio por la despenalización del aborto son muchos los actores políticos que quieren ponerse la medalla, a saber:
La secretaria general del CEN de Morena, Citlalli Hernández Mora, quien personalmente se ha comunicado con varios diputados de su partido conminándolos a aprobar esta reforma legislativa.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la agonizante LXI Legislatura del Congreso del estado, Édgar Garmendia de los Santos, quien quiere presumir la no criminalización de la interrupción del embarazo como un triunfo de la izquierda progresista.
Las diputadas de Morena y el PT, Nora Yessica Merino Escamilla y Mónica Silva Ruiz, que ven la reforma a los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal, así como las modificaciones y adiciones a distintos artículos y fracciones de la Ley Estatal de Salud como un triunfo del feminismo y de los derechos de la mujer.
Hay también actores políticos que quieren evadir su responsabilidad y el compromiso que en su momento asumieron con la alta jerarquía católica de Puebla, entiéndase el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa.
El gobernador Sergio Salomón Céspedes, endosando la despenalización del aborto a los diputados locales, y el gobernador electo Alejandro Armenta Mier, maniobrando para que estas iniciativas se dictaminen y aprueben en la LXI Legislatura, es decir antes de que entre en funciones, para no cargar con el costo político de esa reforma.
¿Quién cargará con el muertito (o los bebés muertitos, para decirlo con más precisión)?
El que va de salida, con el prurito de que ya no tiene nada que perder y que las secuelas de esa reforma serían parte de los costos de la transición, o el que está por llegar y al que expresamente se le pidió que en Puebla no se aprobara la despenalización del aborto.
En cualquier caso, el arzobispado no se quedará contento si las reformas al Código Penal y la Ley Estatal de Salud se aprueban, aunque en la Constitución Política de Puebla se mantenga el reconocimiento de la vida humana desde la concepción (lo que se denomina blindaje a la vida) y se diga que dichas reformas pueden ser impugnadas por anticonstitucionales.
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La defensa legal de Jorge Arturo Martínez Lastra, fundador y uno de los principales socios de la cadena McCarthy’s, logró convencer a la juez de oralidad penal de Izúcar de Matamoros y a la fiscalía del estado de que su cliente jamás incurrió en el delito de extorsión, por lo que fue absuelto y liberado.
La audiencia se celebró este día en la Casa de Justicia de Izúcar y se prolongó hasta cerca de las 20 horas, cuando la juez determinó no vincular a proceso a Martínez Lastra, acusado de extorsión.
Lo anterior toda vez que la defensa del fundador de la cadena McCarthys logró demostrar que el denunciante, quien es un proveedor de pollo de la cadena, mintió y engañó a la Fiscalía.
El denunciante Jorge Eduardo N. afirmó que el 7 de octubre de 2023 Jorge Arturo Martínez lo amenazó a punta de pistola en la ciudad de Izúcar de Matamoros y le exigió la entrega de pollo a cambio de no hacerle daño a él y su familia; sin embargo, los defensores entregaron pruebas de que ese día Jorge Arturo estaba de viaje con su familia fuera del país.
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Este jueves también se celebró la audiencia por el pleito familiar que libran el director general del Instituto Poblano del Deporte, Luis Mauricio Suárez Calero, y la que fuera su esposa Janette Bojalil Patiño por la pensión de dos de sus tres hijos.
En la audiencia las partes no llegaron a un acuerdo, debido a que el abogado del ex beisbolista ofrecía el 30% de su sueldo y la defensa de Janette quería el doble de ese monto.
Al final la titular del Juzgado Oral Familiar de Cholula, Aurora Emelia Velázquez Casquera, fijó una pensión provisional del 50% de los ingresos del director del Inpode y declaró disuelto el vínculo matrimonial entre ambos.
Sin embargo, por alimentos todavía continuará.
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