No hay ninguna garantía, ninguna, de que la Reforma Judicial que impulsa la Cuarta Transformación vaya a mejorar la administración y procuración de justicia en Puebla y el país, con la elección de ministros, magistrados y jueces.
La elección de los miembros del Poder Judicial no sólo contempla a los pagados por la Federación. La Reforma también abarcaría a 5 mil juzgadores locales de las 32 entidades del país: 4 mil 398 jueces y 627 magistrados.
En Puebla, donde desde hace casi cinco años gobierna la 4T, se acaban de hacer 29 nuevos nombramientos de jueces de primera instancia en materia civil, penal, familiar y mercantil. El resultado no fue muy diferente de lo que sucedía en gobiernos del PRI y el PAN.
De entrada, el supuesto examen de oposición fue una vacilada, pues hubo evaluados que a decir de ellos mismos les fue muy mal, pero que a pesar de eso fueron designados porque iban bien recomendados o simplemente porque son parientes de magistrados y jueces en funciones o en retiro que aceptaron su jubilación a cambio de que sus vástagos fueran premiados con uno de estos nombramientos.
Entre los favorecidos figuran Lisheidy Zepeda González, al frente del Juzgado Octavo Especializado en materia Mercantil del distrito judicial de Puebla; María Dolores López Rubí Guerrero, quien fue nombrada juez familiar; y Jesús Palma Zenteno, titular del Juzgado Civil y Penal de Chiautla de Tapia.
Lisheidy es hija del juez Enrique Zepeda Camacho, quien acaba de ser jubilado; María Dolores es hija del magistrado en retiro, Álvaro David López Rubí; y Jesús es esposo de la Jueza Vanessa Tecua Vázquez y yerno del magistrado en retiro Leonardo Tecua Petla.
Gabriela Juárez Díaz, nombrada al frente del Juzgado Civil y Penal de Acatlán, es hija del jubilado juez Heliodoro Juárez Hernández; y Ana Karen González Arenas, quien quedó como jueza Civil y Penal de Tetela de Ocampo, es recomendada de un influyente juez de quien fue su secretaria proyectista.
Natalia Alba Bolaños es recomendada del ex magistrado Elier Martínez Ayuso; y Adán Hernández Rivera, de la jueza María Guadalupe Muñoz Pérez, integrante del Consejo de la Judicatura.
***
Nombra Consejo Nacional del PAN a poblanos en comisiones relevantes
Dos candidatos poblanos que perdieron las elecciones del 2 de junio en el estado fueron nombrados por el Consejo Nacional del PAN para presidir la Comisión que se encargará de la renovación del Comité Ejecutivo Nacional y como integrantes de la Comisión que buscará explicar por qué este partido fue arrollado en el reciente proceso electoral.
La ex candidata al Senado, Ana Teresa Aranda Orozco, fue electa presidenta de la Comisión que organizará el proceso para reemplazar a Marko Cortés Mendoza de la presidencia del CEN del PAN, y el ex candidato a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, como integrante de la Comisión que se encargará de explicarle a los panistas por qué les fue tan mal en las elecciones del domingo 2 de junio.
***
“Paloma” Guillén Vicente, ¿a la Fiscalía de Puebla?
Anote el nombre de la viuda del extinto operador electoral del PRI, José María Morfín Patraca, María del Carmen “Paloma” Guillén Vicente, como una colaboradora cercana y muy influyente del gobernador electo Alejandro Armenta Mier.
Paloma podría ser parte de la Secretaría de Gobernación del estado o nombrada titular de la Fiscalía General del Estado, en caso de que el actual fiscal, Gilberto Higuera Bernal, renuncie o sea convocado para ser parte de la Fiscalía General de la República.
***
Hace observaciones la ASF al gobierno de Puebla por 2.1 mdp
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó probables daños patrimoniales por hasta 2 millones 167 mil pesos en la cuenta pública del gobierno del estado de Puebla, correspondiente a la primera entrega del ejercicio fiscal 2023.
Dichas observaciones son las más bajas de los últimos seis años, pues en 2018 éstas llegaron a 7 mil 699 millones de pesos; en 2019 a mil 334 mdp; y en 2022 a mil 106 mdp.
Los montos observados por la ASF en el ejercicio fiscal 2023 corresponden al Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Puebla (IEEA), por 262 mil 966 pesos; y al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), por 847 mil pesos y un millón 57 mil pesos.
***
Correos electrónicos: [email protected] y [email protected]
