Finalmente, este martes 18 de junio, se reunirán los integrantes de la Comisión Permanente Estatal del PAN para analizar, reflexionar y discutir los resultados de los comicios del pasado 2 de junio, donde los candidatos del partido fueron materialmente barridos en la contienda por la gubernatura, el Congreso del estado y las presidencias municipales.
La reunión será presencial y, de acuerdo con la convocatoria emitida este domingo por la presidenta y el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN (CDE), Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández y Marcos Castro Martínez, la sesión tendrá lugar en el auditorio de la sede de la entidad a partir de las 18:00 horas.
Dicha sesión es importante ya que ahí se sabrá si la presidenta y el secretario general del PAN ponen por delante sus renuncias, ante los descalabros electorales que sufrieron los candidatos de este partido, o si buscarán concluir su gestión en noviembre y conducir el proceso interno bajo una modalidad que no sea la consulta directa a los 18 mil panistas empadronados en la entidad.
Otra cuestión que seguramente ahí se sabrá o trascenderá serán los nombres de los aspirantes a la dirigencia del CDE.
Augusta Díaz de Rivera y Marcos Castro han dejado entrever su simpatía de que los reemplace el candidato perdedor a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, propuesta que han rechazo otros actores políticos como el presidente municipal saliente de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, y los diputados locales Mónica Rodríguez Della Vecchia, María Guadalupe Leal Rodríguez y Rafael Micalco Méndez.
Apenas el miércoles el candidato perdedor a la presidencia municipal de Puebla, Mario Gerardo Riestra Piña, había solicitado la celebración de una sesión del Consejo Estatal del PAN para analizar los resultados de los comicios del 2 de junio.
La presidenta del CDE del PAN no convocó a los 115 consejeros estatales, pero sí a los treinta y tantos comisionados de la Permanente.
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PAN y PRI no actúan como partidos opositores en Puebla
Los problemas que enfrenta la oposición en Puebla —y otras entidades del país— son que no sabe ser oposición y que la hecatombe electoral del 2 de junio la tiene en estado de shock, paralizada y envuelta en purgas internas para ver quién se queda con los despojos de sus dirigencias partidistas.
Por increíble que parezca, ni el PAN ni el PRI han alzado la voz para cuestionar la asignación de diputados de representación proporcional, pese a la evidente sobrerrepresentación de Morena y sus aliados de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Como aquí se lo informé, Morena y sus aliados obtuvieron 30 de 41 curules, lo que equivale a más del 73 % de la representación parlamentaria en la LXII Legislatura, pese a que en conjunto computaron el 57.37 % de la votación.
El PAN seguramente está conforme porque sus siete diputaciones plurinominales equivalen a su porcentaje de votación, el 17.55 %, pero ésa no debería ser razón para callarse ante el agandalle de Morena, que a pesar de haber ganado con sus aliados la totalidad de los 26 distritos locales, logró que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) le diera otras cuatro diputaciones plurinominales.
Frente a tal sobrerrepresentación la dirigencia estatal del PAN ha sido omisa, al igual que los grupos que buscan removerla dentro del propio partido y que parecen más interesados en sacar raja de la debacle electoral que en reclamar al IEE y al Tribunal Electoral del Estado de Puebla una distribución justa de las curules en la LXII Legislatura del Congreso del Estado.
No hacerlo por una cuestión de conveniencia política particular podría sentar un mal precedente del que, más tarde que temprano, se arrepentirán.
Otro asunto importante, donde la oposición ha mantenido un cómplice silencio en perjuicio de la transparencia y la rendición de cuentas, es la designación de los comisionados ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción, nombrados el lunes 10 de junio.
De los cuatro comisionados designados, tres son funcionarios o personas estrechamente ligadas al aparato gubernamental: la analista especializada de la Consejería Jurídica, Laura Elisa Morales Villagrán; la coordinadora administrativa de la oficina del gobernador, Maritza Méndez Cabrera; y el hermano del asesor jurídico del Ejecutivo estatal, Sergio Díaz Sáenz.
La única comisionada con perfil ciudadano que llegó al Comité Estatal de Participación Ciudadana fue Guadalupe Cecilia Huchin Mora, fundadora de diversas organizaciones civiles en pro de la transparencia, la prevención de la corrupción y los gobiernos abiertos como Justa Causa, Colectivo Más Integridad y Red Consejo Ciudadano a la Contraloría.
En la designación de los comisionados se han cometido incluso violaciones a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, entre ellas al artículo 16 donde se establece que éstos se elegirán de manera escalonada por cinco años y sin posibilidad de reelección.
Internamente los miembros de la Comisión de Selección habían acordado que los nuevos comisionados tendrían periodos de 4 años 5 meses, 3 años 5 meses, 2 años 5 meses y 1 año 5 meses. Sin embargo el presidente de la Comisión, Rubén Alejandro Paredes Castañeda —quien también es funcionario— resolvió de última hora que los cuatro designados tuvieran un periodo de cinco años.
Rubén Paredes es el director general del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas del Congreso Estado, y el operador de anular la representación ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Los cuatro nuevos comisionados del Comité de Participación Ciudadano rendirán protesta de su cargo el martes de esta semana, no en la sede del SEA, sino en el Salón Paraninfo del edificio Carolino, a iniciativa de dos de los miembros de la Comisión de Selección que son parte de la burocracia dorada de la BUAP: Omar Gerardo Aguirre Ibarra, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y Karina Ramírez Cazarez, titular de la Unidad de Planeación, que es la instancia encargada de la construcción y seguimiento de Indicadores en la Benemérita.
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Además de las plazas magisteriales de la UPN, hay otras 45 pendientes de asignación
En la Secretaría de Educación Pública, Jorge Estefan Chidiac pidió información sobre las 36 plazas pendientes de asignación en las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional de Puebla (UPN); ahí se enteró que la burocracia dorada de la dependencia y el SNTE quieren hacer de las suyas con otras 36 plazas que no se han otorgado para las Escuelas Normales, además de otras 15 para Universidades públicas estatales, como el Instituto de Artes Visuales.
Los directivos y líderes sindicales quieren convencerlo de que no habría nada de irregular si las plazas se adjudican por escalafón o cadeneo, cosa falsa ya que la rectora de la UPN, Rosa María Torres Hernández, y el subsecretario de Educación Media Superior y excoordinador de Relaciones Interinstitucionales de la Oficina de la SEP federal, Carlos Ramírez Sámano, han solicitado —mediante oficios— que dichas plazas se concursen por examen de oposición.
Uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la Sección 23 del SNTE que busca beneficiarse con esas plazas de educación superior pendientes de asignación es Lauro Monroy Bermúdez, secretario de Trabajo y Conflictos de Instituciones Formadores de Docentes.
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