A la Secretaría de Educación Pública del estado siguen llegando como funcionarios exdirigentes y miembros de los comités seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El último en ser incorporado es Gonzalo Amador Juárez Uribe, exsecretario general de la Sección 23, quien fue nombrado director de Formación Docente.
Este funcionario, con la complicidad del director Jurídico y de Transparencia de la SEP, Gabriel Guerrero Monter, el director de la Unidad 211 de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Javier Mauleón Montero, y el delegado sindical de esta institución, Pedro Valdés Martínez, pretenden repartirse las 36 plazas docentes de tiempo completo, pendientes de asignación desde hace por lo menos tres años.
Gabriel Guerrero, el jurídico, no quiere que las plazas se concursen mediante exámenes de oposición, como lo establece la normatividad vigente de la UPN, sino que estas se entreguen ya —para que no sean parte del proceso de entrega-recepción entre los equipos del gobernador saliente y entrante.
Su intención, que por supuesto comparten Gonzalo Amador Juárez, el exdirector de la UPN y actual delegado sindical, Pedro Valdés, el nuevo director de la Unidad 211, Javier Mauleón, y quizás hasta su cuñado, el subsecretario de Educación Superior del estado, Miguel Ángel Fernández Pérez, es que las codiciadas 36 plazas de formadores de maestros se repartan por acuerdos políticos SEP-SNTE o siguiendo la lógica del cadeneo o el escalafón para taparle el ojo al macho.
El problema es que este método no garantiza que esas 36 plazas docentes —la mayoría de titular C de tiempo completo— las ocupen los mejores formadores de maestros, los doctores y maestros en educación y ciencias afines, los investigadores y los profesores con méritos y reconocimientos por sus años de experiencia y servicio en instituciones de educación superior.
Lo que el cadeneo y los acuerdos SEP-SNTE propician es que las mejores plazas docentes terminen favoreciendo a la burocracia dorada de la dependencia y el sindicato, a los secretarios generales de las secciones, a los miembros de sus comités ejecutivos, así como a sus familiares y queridas.
Así ha ocurrido en los últimos gobiernos estatales del PRI y el PAN, y por lo visto lo mismo podría suceder en la administración que está por concluir. Ojalá el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina lo evite, haciendo las cosas de manera diferente.
¿Cómo?
Sometiendo a examen de oposición —tal como lo establece el decreto de creación de la Universidad Pedagógica Nacional y la normatividad vigente de esta institución— las 36 plazas pendientes de ser otorgadas, desempolvando la convocatoria que para el efecto elaboró el defenestrado subsecretario de Educación Superior, Juan Antonio Badillo Torre, dando a todos los maestros que cumplan los requisitos la posibilidad de ser evaluados y acceder a esta codiciada categoría por sus conocimientos y habilidades, y no por palancas o recomendaciones políticas.
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