La lista final de candidatos a diputados locales de la 4T es variopinta al tener muchos matices: combina la elección de figuras que garantizan votos, estructuras electorales y altos niveles de popularidad; busca dar equilibrio entre las corrientes internas de Morena y sus aliados; pero al mismo tiempo incorpora a personajes que son totalmente ajenos al movimiento obradorista y no son garantía de lealtad, de congruencia, a lo largo de los siguientes tres años, en caso de que cada uno de ellos gane una curul en el Congreso del estado.
Al final lo que se privilegió, en la mayoría de los casos, fue postular a personajes con la capacidad de contribuir al llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, que consiste no solamente en ganar las próximas elecciones, sino aportar un número adicional de sufragios para que la 4T tenga mayoría calificada en el entrante Congreso de la Unión.
La apuesta es muy arriesgada, ya que se corre el peligro de repetir los fiascos de las dos últimas legislaturas locales, que fueron las primeras en surgir de la izquierda y obtener mayoría, pero que abandonaron la agenda de promesas de la 4T.
Por esa razón en los últimos seis años se volvió intocable la posibilidad de revertir la privatización el agua en la capital, pese a que en 2018 se ofreció al electorado –por los entonces candidatos de Morena, el PT y el desaparecido PES– regresar este servicio público al ámbito municipal.
De igual manera la agenda de derechos de género fue relegada en mucho, por el perfil conservador de los actores de la 4T que llegaron a legislar y gobernar en el sexenio que está por concluir. Sin importar que muchas organizaciones sociales y populares, así como múltiples movimientos campesinos, urbanos y de universitarios, jugaron un papel fundamental para lograr que hace seis años avanzara –por primera vez— la opción de la izquierda poblana, bajo la premisa de que se iba a fortalecer los derechos humanos, lo que no ocurrió.
La lógica de ganar a toda costa, sin importar lo que después ocurra, es lo que permitió la entrada de la 4T de por lo menos seis controvertidos personajes, que son ajenos al movimiento obradorista y en general, en nada comulgan con la izquierda.
Tales aspirantes a diputados entraron a la opción del frente de Morena, el PT y el PVEM, porque sus fuerzas políticas de origen perdieron la capacidad de ganar votos. Eso es lo único que los mueve a ser ahora parte de la 4T.
En esa lista se encuentra Guadalupe Vargas Vargas, quien competiría por el distrito de Xicotepec de Juárez y es hija del cacique de la Sierra Norte, Ardelio Vargas Fosado, quien apenas hace unos meses fue repudiado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al sentenciar que el ex funcionario federal no tiene cabida en la 4T. Esa advertencia ya quedo olvidada.
Otro caso es Miguel Márquez Ríos, en el distrito de Huauchinango, que antes era una de las figuras principales de Movimiento Ciudadano.
En el distrito 6 de la Sierra Norte se nominó a Floricel González Méndez, únicamente por ser parte del grupo político de Carlos Peredo Grau, el edil de Teziutlán, quien se ha convertido en un auténtico cacique municipal por ya repetir cuatro veces en el cargo y haber recorrido todas las fuerzas políticas locales en cada campaña electoral que ha competido.
Graciela Palomares Ramírez era uno de los rostros de la renovación priista, al haber sido líder juvenil en el PRI. Luego desertó del tricolor y probó suerte en Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Sin nunca haber mostrado identidad o simpatía con el obradorismo, ahora es la candidata en el distrito 16 de la ciudad de Puebla.
Algo similar pasa María de la Barreda Angon, que hace unas semanas era militante del PAN y se destacaba por ser hija de Paola Angon, la edil albiazul de San Pedro Cholula. Sin tener ningún rasgo de proximidad a la 4T, ya es la aspirante morenista por el distrito 17 de la ciudad de Puebla. Su nominación obedece a la estrategia de dividir al Partido Acción Nacional.
En el distrito 25 de Tehuacán se vuelve a premiar un cacicazgo, el de la familia Celestino, que provocó el sangriento conflicto de Coyomeapan, que hasta la fecha no tiene solución y surgió en el proceso electoral de 2021. Ahí en esa demarcación se postuló a Araceli Celestino Rosas.
Y en Ajalpan pasó lo mismo: se privilegió un cacicazgo en la figura de Rosalio Zanatta Vidaurri, que luego de 30 años de militancia priista, se pasó al frente del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano que en 2018 compitió en bloque. Ahora ha sido reclutado por la izquierda poblana.
