Si la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Puebla (TSJ), María Belinda Aguilar Díaz, no quiere correr la misma suerte de sus antecesores, dos cosas debería hacer en el corto plazo: revisar las actuaciones de dos de sus más allegados colaboradores y abstenerse de proponerlos como candidatos a magistrados del Poder Judicial del estado.
En concreto, preguntar entre jueces y miembros del Consejo de la Judicatura por el desempeño y las quejas que pudieran existir en contra de Isaí Rivas López, administrador general de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las regiones judiciales del estado, y Gustavo Torres Porras, secretario del Tribunal Superior de Justicia y secretario particular de la magistrada presidenta Belinda Aguilar.
Isaí Rivas se encarga de bajar las instrucciones a los jueces de control y de juicios orales, y algunos de éstos se han quejado y comprobado que las supuestas indicaciones de la presidenta del TSJ para emitir una resolución en un sentido o en otro sobre asuntos relevantes, en realidad no son suyas sino de otros actores incluso ajenos al Poder Judicial como el secretario de Seguridad Pública del estado, Daniel Iván Cruz Luna.
De lo anterior tienen conocimiento y evidencias —como capturas de WhatsApp con las instrucciones de Isaí Rivas— algunos miembros del Consejo de la Judicatura como el presidente José Eduardo Hernández Sánchez, César Iván Bermúdez Minutti y Guadalupe Muñoz Pérez.
También algunos funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del estado, entre ellos Julio Huerta Gómez, Carlos Palafox Galeana y Javier Aquino Limón, ante quienes se han presentado quejas por abusos y tráfico de influencias en que incurre este administrador general de los Juzgados de Oralidad Penal de todas las regiones judiciales del estado.
***
Más que la coalición opositora, Morena y sus aliados se zancadillean solos
En varios distritos locales, Morena y sus aliados partidistas se han complicado sus posibilidades de triunfo o de victorias holgadas por tratar de conciliar a los aspirantes, pagar cuotas o favorecer los intereses de grupos que hasta hace poco eran ajenos a la Cuarta Transformación.
Un caso es el del distrito local 3 con cabecera en Chignahuapan, que es una de las pocas regiones con un priismo arraigado.
En esa demarcación la coalición Sigamos Haciendo Historia decidió nominar como candidata a diputada local a Katia Sánchez Rodríguez, esposa de Eric Cotoñeto Carmona, quien originalmente buscaba ser candidata federal por Zacatlán.
El distrito local 3 es parte del distrito federal número 2, donde la coalición obradorista decidió apoyar la reelección de una diputada del PVEM, Fátima Almendra Cruz Peláez, quien no sólo es una auténtica desconocida, sino un lastre electoral por su ausencia de liderazgo y gestoría en la región. La suya es una auténtica imposición, una cuota del PVEM, que es mal percibida por los grupos de Morena en la región.
En Chignahuapan Katia Sánchez se enfrentará a los Rivera, que son los caciques de esa zona de la Sierra Norte de Puebla desde el siglo pasado. Lorenzo Rivera Nava, el presidente municipal de Chignahuapan, va como candidato a diputado local de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, y su papá, Lorenzo Rivera Sosa, va como candidato del PRI a la alcaldía.
Katia Sánchez, quien además es hija del destituido director del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) de Puebla en la administración de Barbosa, Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, es oriunda de Ahuacatlán, municipio que antes pertenecería al distrito de Zacatlán y que ahora es parte del distrito local de Chignahuapan.
Otra región que Morena y sus aliados del PT y el PVEM han puesto en riesgo, por los acuerdos y cuotas que negociaron es Tehuacán.
Ahí la coalición obradorista acordó entregarle la candidatura a la diputación federal a la viuda del gobernador Miguel Barbosa, Rosario Orozco Caballero, y las candidaturas a diputados locales de los distritos 24 y 25 con cabecera en Tehuacán a Leonela Jazmín Martínez Ayala y Araceli Celestino Rosas, que son recomendados del exsecretario de Gobernación y primo del extinto gobernador, Julio Huerta Gómez.
Leonela es hija del presidente municipal de Tepanco de López, Eusebio Martínez Benítez, del partido estatal Nueva Alianza, y Araceli Celestino fue presidenta municipal de Coyomeapan y esposa del recién removido presidente municipal Rodolfo García López, a quien los pobladores de este municipio no dejaron gobernar durante dos años cuatro meses.
En la cabecera distrital federal la viuda de Barbosa no goza de buena aceptación, sobre todo entre los grupos locales de Morena y el PT que califican su postulación como una imposición, y lo mismo sucede con Julio Huerta en Tehuacán. Este en realidad tiene influencia con los presidentes municipales de la región, pero no en la cabecera del distritos federal 15, y de los distritos locales 24 y 25.
***
De auditores presentes y futuros
Este lunes tuvo lugar un foro sobre transparencia y rendición de cuentas que reunió a 250 interesados entre auditores externos, contralores, presidentes del Colegio de Contadores y de Administración, funcionarios y ex funcionarios de la Auditoría Superior del Estado como José Doger Corte, David Villanueva Lomelí, Víctor Manuel Hernández Quintana y Víctor Manuel Sánchez Ruiz.
El auditor, ex subsecretario de Gobernación y ex dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel de la Rosa Esparza, fue el organizador del evento que tuvo lugar en las instalaciones del hotel Best Western.
Otros asistentes al foro fueron Salvador Sánchez Ruanova, David Nieto Martínez, Armando Valerdi Rojas y Óscar Gilbón Rosete, entre otros.
***
Tal como se lo anticipé, este lunes se publicó en el Periódico Oficial del estado que los auditores externos autorizados para dictaminar estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios de entidades fiscalizadas durante el ejercicio fiscal 2023, podrán formar parte del Padrón de Auditores Externos Autorizados para el ejercicio fiscal 2024.
***
Correos electrónicos: [email protected] y [email protected]
