La semana anterior la nueva directora del Instituto de la Defensoría Pública, Inés Laura Martínez López, realizó 45 cambios de adscripción con el inequívoco propósito de conseguir la renuncia de buena parte de los abogados de este órgano dependiente del Poder Judicial del estado.
Algunos de esos cambios son absurdos, pues implicarían para los defensores no sólo cambiar de residencia, pues tendrían que buscar un lugar donde alojarse y alimentarse, sino incluso una casa para reubicarse con su familia y escuelas donde pudieran matricular a sus hijos en edad escolar.
Entre los cambios de adscripción más drásticos o ilógicos figuran los de los defensores María del Carmen Hipólita Mota Carrillo del distrito judicial de Tehuacán al distrito judicial de Acatlán; Maribel Ramírez Saavedra, de Acatlán a Tehuacán; María Eugenia Juárez Vázquez, de Tecamachalco a Tepexi de Rodríguez; Angela López Jiménez, de Tepexi a Tecamachalco; Norma Ortiz Fuentes, de Chignahuapan a Puebla; y Óscar Vega Carcaño, que pasa del sistema tradicional penal del distrito judicial de Tepeaca al nuevo sistema en el Centro de Justicia de Puebla sin mediar ninguna capacitación.
En el caso de este último el cambio parecería motivado por una represalia, derivada de la demanda de despido injustificado que promovió en contra de la anterior directora Patricia Córdoba, tras el cambio de los defensores públicos de la Secretaría de Gobernación al Poder Judicial del estado.
De acuerdo con los defensores afectados por los cambios de adscripción, la nueva directora Inés Laura Martínez, quien llegó al puesto como recomendada de la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, María Elena Farfán González, tiene el objetivo de llevar a cabo una limpia para abrir espacios a su gente.
Según esta versión, la idea es que los nuevos defensores públicos, que sustituirían a los que renuncien, se beneficien del aumento salarial y la homologación que tendrán como parte del Poder Judicial del estado.
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Preferencias partidistas en la capital
Las encuestadoras que midieron a los aspirantes de Morena a la presidencia municipal de Puebla también indagaron cómo andan las preferencias partidistas en la capital del estado y el desempeño del presidente de la República, el gobernador del estado y el ex alcalde de Puebla y su sustituto.
Según Enkoll, si hoy fueran las elecciones para presidente municipal de Puebla, Morena tiene una preferencia bruta de 50 puntos, el PAN de 22, y el PRI de 6.
Esta firma preguntó a los 800 entrevistados de la capital por qué partido nunca votaría. El mayor rechazo lo concentró el PRI con 47 puntos, seguido del PAN y Morena con 15 y 11 puntos respectivamente.
La encuesta en Enkoll arrojó que el presidente AMLO tiene una aprobación de 77% y una desaprobación de 21%, que al gobernador Sergio Salomón Céspedes lo aprueban el 48% de los capitalinos y lo desaprueban el 39%,
La aprobación de Eduardo Rivera es de 58% y su desaprobación de 34%, mientras que la aprobación de su sustituto Adán Domínguez es del 28% y su desaprobación del 46%.
En el estudio demoscópico de buendía&márquez, la intención bruta de voto en la capital es de 56 puntos para Morena y 18 para el PAN.
El rechazo lo encabeza el PRI con 47 puntos, seguido del PAN con 19 puntos y Morena con 13.
La encuesta de buendía&márquez le da al presidente de la República una calificación promedio de 7.9, al gobernador Céspedes de 6.9 y al ex presidente municipal Eduardo Rivera de 6.6.
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