Cuatro, son las quejas que empleados del Poder Judicial Federal de Puebla han presentado ante el Consejo de la Judicatura en contra de dos de los tres magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, José Luis Moya Flores y Arturo Mejía Ponce de León, por malos tratos, agresiones verbales y acoso laboral.
Dichas quejas están avaladas por el director jurídico del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal y están respaldadas por testimonios, audios y otros documentos que acreditan los abusos en que habrían incurrido sus jefes en lo que va de este año, sobre todo en los últimos dos meses.
Los empleados del Tribunal Colegiado sostienen que el acoso inició con el arribo de Diana Razo Castillón, primero como secretaria particular del magistrado José Luis Moya, con quien ha laborado los últimos 20 años, y luego como secretaria de acuerdos de este órgano auxiliar del Poder Judicial Federal.
También que los abusos cometidos por este magistrado han sido solapados por el magistrado presidente del Tribunal Colegiado, Arturo Mejía Ponce de León, por las complicidades que existen entre ambos para despedir y contratar personal, casos de nepotismo cruzado y repartición interesada de juicios.
Para acomodar a Diana Razo como su secretaria particular, el magistrado José Luis Moya hostigó a quien ocupaba esa plaza en enero de este año, Araceli Viveros, y más tarde a Liliana Santos Gómez para que esta dejara la Secretaría de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y se fuera como su secretaria proyectista.
Por este cambio, el salario de Diana Razo pasó de 30 mil a 60 mil pesos mensuales.
Entre los empleados del Segundo Tribunal Colegiado ese nombramiento tampoco fue bien recibido, pues esta cobra como secretaria de Acuerdos, pero su chamba la hace en realidad Raymundo Velázquez Iglesias.
Otra cuestión que reportaron los quejosos al Consejo de la Judicatura es la inequidad en las cargas de trabajo, pues a unos oficiales judiciales se les asignan tareas de más, como a Sandra Luz Mancera, Luis Antonio Torres Caballero, Víctor Alejandro Galindo Andrade y María del Carmen Ortega Aguilar, y a otros se les quitan responsabilidades y tareas.
Entre los empleados consentidos figuran José Antonio López Rubí, secretario particular del magistrado Moya Flores y quien en el Gobierno del estado fue jefe de la hija del magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado Arturo Mejía; Mayte Quiroz Walkup, hija del magistrado Rafael Quiroz Soriano; Elsa Trujillo Murillo, quien hace las veces de secretaria particular de Diana Razo; María del Rocío Moctezuma Camarillo; Arnoldo Guillermo Sánchez de la Cerda, y las hermanas Liliana Alejandrina y Ericka Martínez.
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Trivia:
Qué político anda negociando la representación editorial y comercial en Puebla de un medio de comunicación de la capital del país.
Varios tips:
Se trata de un político y exfuncionario estatal que en el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta fue enviado a la cárcel.
Ya fue dueño de una franquicia de un periódico impreso de la Ciudad de México, 24 Horas.
Este miércoles se reunió con directivos de El Heraldo de México.
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Un político que sigue transitando de partido en partido sin ningún pudor y que ahora buscará ser candidato a senador de Movimiento Ciudadano es Ramón Fernández Solana.
El ex secretario particular del exgobernador Mario Marín Torres estuvo en el PRI, después en el partido Redes Sociales Progresistas y ahora reaparece en el partido naranja de Dante Delgado Rannauro.
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