Un área del Gobierno del estado que no funciona ni va a funcionar mientras siga dirigida por una persona sin preparación y que en los hechos se ha mostrado más preocupada por incluir a su familia en la nómina gubernamental que por la selección del personal a su cargo y el bienestar de las personas con alguna discapacidad, es la directora del Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla, Micaela Eugenio Marquez.
Desde su arribo a este organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Micaela Eugenio se ha visto envuelta en casos de grave nepotismo, pues ha favorecido con cargos dentro de la estructura del Instituto a su hermana Patricia, a su tío Leonardo, a su cuñada Amanda y a su sobrina Celia.
Por lo anterior, a la funcionaria se le han iniciado procedimientos administrativos en la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado que no han concluido en su remoción debido a que la directora es comadre de Rosario Orozco Caballero, viuda del extinto gobernador Miguel Barbosa Huerta.
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Fue Doña Rosario “Charito” quien la promovió para asumir la Dirección General del Instituto de la Discapacidad tras su paso por la jefatura del Departamento de Inclusión Social del Sistema Estatal DIF (SEDIF), de 2019 al 2022.
Otra cosa que sostiene a Micaela, además de su comadre, la madrina de bautizo de su hija Celia, es su activismo a favor del exsecretario de Gobernación del estado, Julio Huerta Gómez.
La directora del Instituto de la Discapacidad presiona a sus subordinados a que asistan y participen en los actos del aspirante de la 4T a la gubernatura de Puebla, y a que repliquen o reposteen los contenidos de este en sus redes sociales.
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El Instituto, cuyas oficinas se localizan en lo que fue Casa Puebla, opera con medio centenar de empleados, pero sin muchos resultados por tratarse de personal improvisado, sin estudios profesionales y sin certificaciones para atender a las personas con algún tipo de discapacidad auditiva, física, visual, intelectual o múltiple.
De las tres direcciones operativas del organismo dos siguen acéfalas desde mayo o junio, porque la junta de gobierno se ha rehusado a aprobar los nombramientos propuestos por Micaela, porque simplemente estos no reúnen el perfil profesional requerido.
Mariana Delgadillo renunció en mayo a la Dirección de Vinculación, Capacitación y Supervisión para los Programas de Inclusión, y Mario Farfán en junio a la Dirección de Desarrollo Social Interdisciplinario para la Inclusión.
La tercera directora de Gestión de la Movilidad, Infraestructura y Tecnologías para la Inclusión, Damaris Montes Cruz, es también improvisada; laboraba como analista en el Sistema Estatal DIF y no ha concluido siquiera la carrera de Derecho.
Para sustituirlos, la directora general propuso a Hugo Reyes, pero su nombramiento no prosperó por carecer de la experiencia y los conocimientos básicos para asumir la Dirección de Vinculación, Capacitación y Supervisión para los Programas de Inclusión, pero además porque al parecer el nombre de este personaje figura en una carpeta de investigación relacionada con el robo o desaparición de equipo de cómputo en una dependencia.
Otra funcionaria con malos antecedentes en el Instituto es Silvia Cerón, quien llegó procedente del Instituto Poblano de la Juventud, donde laboró en el área administrativa con el destituido director José Antonio García Ortega.
Esta es la triste situación del Instituto de la Discapacidad y de su directora, una exatleta paraolímpica de alto rendimiento, de origen totonaco, cuya permanencia en el cargo solo se explica por su comadre y no por sus méritos y logros.
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