El fenómeno de las desapariciones en Puebla ha entrado en una etapa crítica, en mucho, por la permisividad de los gobiernos a lo largo de los anteriores 20 años. Tan solo en los últimos meses aumentó en 20 por ciento el número de personas cuya ausencia se ha reportado a las autoridades ministeriales. Por tanto, si realmente se quiere modificar este panorama, lo primero que se debe hacer es investigar y sancionar a los responsables –recientes– de la política de “brazos caídos” que usaron para aparentar que había una búsqueda de las miles de víctimas.
En ese sentido, es fundamental investigar y sancionar a la extitular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, María del Carmen Carabarin Trujillo, a quien se le destituyó hace unos días en medio de múltiples acusaciones de que había convertido a esta instancia oficial en un centro de ornato, que solo servía para aparentar un trabajo institucional en la materia, pero no ofrecía ningún avance para revertir la creciente ola de desapariciones en el estado.
No se puede ir impune esta ex funcionaria pública, cuya actuación podría ser considerada una posible conducta de obstrucción de la justicia.
Carabarin Trujillo llegó al cargo en enero de 2020 y se creó una expectativa muy positiva con su nombramiento, no solamente porque su designación fue avalada por el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, sino porque esta mujer mostraba una sólida formación académica, con por lo menos tres posgrados, y con una amplia experiencia en grafoscopía, documentoscopía y criminalística, entre otras ramas fundamentales en la investigación de delitos.
Sin embargo, exactamente un año más tarde, trascendió que la principal preocupación que había en el personal de la Comisión de Búsqueda, no era encontrar a personas con reporte de desaparecidas, sino era lograr que varios alcaldes aceptaran firmar actas que avalaran la impartición de una serie de 30 horas de cursos –ofrecidos por la empresa Gubasa Consultores–, que al parecer nunca se realizaron y era necesario probar el dinero que se había destinado para ese rubro.
Desde entonces, ya había señalamientos fuertes y constantes de que nada funcionaba bien en el organismo dedicado a la búsqueda de personas ausentes. No se hizo nada y se dejó que el organismo siguiera operando con normalidad sin ofrecer resultados positivos.
En los meses siguientes, aparecieron escándalos de subejercicio presupuestal, de gastos en cursos cuya efectividad nunca se conoció y compras fuera de lugar, entre ellas de una lancha, cuando en Puebla no se tiene una red de ríos y lagos que amerite tener equipo náutico para buscar cuerpos o evidencias periciales.
La situación más grave, sin duda, fue el ninguneo que la Comisión de Búsqueda le daba a los familiares de los desaparecidos.
Cuando había rastreos en campo, nunca se les informaba a las llamadas familias buscadoras y entonces no podían coadyuvar en el trabajo de localización de personas ausentes, contraviniendo los protocolos en los que se establece involucrar a los grupos organizados de la sociedad civil que han sufrido desapariciones.
Si se permite que María del Carmen Carabarin Trujillo no sea investigada por las omisiones y anomalías que solapó, nada garantiza que el nuevo titular de la Comisión de Búsqueda también haga lo mismo.
En tanto, están pendientes de ser buscadas más de 2 mil personas con reporte de desaparición, más los casos que se acumulen en las próximas semanas y meses.
