Personalmente, el lunes 31 de julio, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina le pidió a la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas el Estado de Puebla (CBP), María del Carmen Carabarín Trujillo, su renuncia tras la denuncia que los integrantes del colectivo “Voz de los desaparecidos” presentaron en su contra acusándola de corrupción, omisiones en el desempeño de su puesto y malversación de recursos públicos.
Ese mismo día, el mandatario pidió se agilizará el nombramiento del sustituto de Carabarín, por lo que la Secretaría de Gobernación –a cargo de Javier Aquino Limón– emitió la convocatoria correspondiente para la recepción de propuestas.
La denuncia del colectivo Voz de los Desaparecidos se integró en la carpeta de investigación (CDI) 302/2023 de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, en la que se asientan las irregularidades que e-consulta y este blog documentaron sobre simulación en la impartición de cursos y talleres sobre la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en los 217 municipios de la entidad.
Tras la renuncia de María del Carmen Carabarín, en la Comisión de Búsqueda de Personas quedó como encargado de despacho el director de Vinculación e Información, Armando Martínez López, aunque trascendió que el nuevo titular podría ser Arturo Saúl Vargas Rivas.
Este funge como director de Acciones de Búsqueda de la Comisión, es gente cercana al exsecretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez, y estuvo en la terna de la cual salió nombrada Carabarín Trujillo como titular de la misma en enero de 2020.
Una cuestión que el gobernador Sergio Salomón Céspedes y la Fiscalía Especializada de Combate Corrupción deberían saber es que los abogados defensores de la renunciada titular cobran en la propia Comisión, uno como subdirector, Rafael Machorro Ruiz, y otro como jefe de Departamento, Gustavo Ortiz Barrera.
Foto: Especial
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No le extrañe si en los próximos días el convenio firmado el lunes pasado por los dirigentes estatales del PAN, PRI y PRD, y los dirigentes de seis organizaciones civiles para la conformación de una alianza política social con miras a las elecciones del 2024, el nombramiento de un representante común estatal, la elaboración de un plan de gobierno y el compromiso de ceder el 65% de sus candidaturas a miembros distinguidos de la sociedad civil, sea declarado nulo.
De buena fuente, le puedo comentar que algunos panistas inconformes con la manera en que Augusta Díaz de Rivera Hernández conduce el Comité Directivo Estatal del PAN ya analizan cómo dejar sin sustento ese convenio.
Según estos abogados, Díaz de Rivero carece de facultades y viola los artículos 2, 3, 38, 65 y 69 de los Estatutos del PAN, para suscribir un convenio como el que firmó el 31 de julio, con sus homólogos del PRI y el PRD, y representantes de seis ONG sin contar con la autorización de la Comisión Permanente, el Consejo Estatal, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Permanente Nacional.
De acuerdo con este análisis, la Comisión Permanente –con base en el artículo 64 de los Estatutos– es el órgano que debe acordar la colaboración del PAN con otras organizaciones políticas nacionales y aceptar la colaboración o adhesión de otras agrupaciones, así como autorizar los acuerdos de coaliciones, alianzas o candidaturas comunes que se propongan en los ámbitos estatales y municipales para los procesos electorales locales.
El artículo 65 de esta misma normatividad establece que convenios como el firmado el lunes necesitan la aprobación de la Comisión Permanente Estatal, la que también debe autorizar la plataforma electoral y los mecanismos que orienten la acción del PAN en el ejercicio del gobierno y su relación con la sociedad (Artículo 69).
Los inconformes aseguran que el protagonismo de Tití es lo que la llevó a firmar un convenio político, social y electoral, sin antes someterlo a los órganos colegiados del PAN, como son el Consejo Estatal y la Comisión Permanente.
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