Desde su entrevista para convertirse en la titular de la Auditoría Superior del Estado, Amanda Gómez Nava sembró muchas dudas sobre si se trataba del mejor perfil para la ASE.
La manera en la cual se enredó para tratar de explicarnos cómo se integra la cuenta pública debió ser la red flag que impidiera el brinco que dio de la Secretaría de la Función Pública a la Auditoría.
Ante las recientes revelaciones sobre un nuevo daño financiero a las finanzas del estado de Puebla, los cuestionamientos sobre su desempeño son lo de menos.
Los diputados, actualmente en uno de sus periodos de receso legislativo, eufemismo de vacaciones, tendrán que solicitar la comparecencia de Amanda Gómez Nava y exigirle que rinda cuentas.
Gómez Nava deberá explicar cómo es que siendo titular de la Función Pública no observó ninguna red flag sobre el uso incorrecto del gasto público.
Entre sus responsabilidades en el cargo estaban: planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización. Entonces, ¿los problemas de las finanzas públicas de Puebla, de los que nos hemos enterado a cuenta gotas, no fueron reportados por complicidad o por incapacidad?
Cualquiera de los dos supuestos, es grave y delicado.
Al igual que la exsecretaria de Finanzas Teresa Castro, Amanda Gómez olvidó que estaba para cuidar el dinero de los poblanos antes que cumplir los caprichos de su jefe político, Miguel Barbosa.
Sin duda que una alerta sobre el impago de impuestos o la revisión minuciosa del gasto público, habrían evitado que los poblanos tengamos en el hoyo negro millones de pesos, que podrían ascender a miles de millones de pesos.
Nadie está considerando que Gómez y Castro fueran las únicas responsables de este quebranto al erario. Sin duda, que otros nombres también aparecerán conforme avancen las investigaciones y es justamente eso, las investigaciones, las que deben continuar.
Por el momento el boquete financiero que dejó el periodo barbosista en las finanzas públicas supera los mil 300 millones de pesos, solo si consideramos los 600 mdp de Accendo Banco y el adeudo con el SAT recientemente revelado por 722 mdp, sin embargo, adeudos anteriores más las cifras que se acumulen en los próximos meses nos darán la dimensión real del boquete.
Vemos que alguien llenó muchos bolsillos a costa del desarrollo de nuestro estado y eso debe ser sancionado, de lo contrario los morenistas no tendrán armas para insistir en que son diferentes y menos para insistir en que combaten la corrupción.
Los números que aquí tenemos nos muestran que quienes estuvieron al frente de las finanzas públicas en el barbosismo se sirvieron con la cuchara grande y aunque el gobernador ya no está para dar explicaciones, sus funcionarios sí.
¿El balón está en la cancha de los diputados, podrán salir de su letargo y convocar a un periodo extraordinario para atender esta urgencia o mantendrán su receso legislativo?
Veremos y diremos.
