Aunque el titular de la Fiscalía General del Estado, Humberto Higuera Bernal, pretende endilgar la responsabilidad de la liberación de una docena de políticos y funcionarios detenidos en la gestión del fallecido gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta a cambios en el artículo 19 de la Constitución y a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para eliminar la prisión preventiva oficiosa, lo cierto es que muchos de esos encarcelamientos fueron por consigna, forzados, e instrumentados de manera dolosa.
No quiero decir que todos los detenidos por el gobierno barbosista sean inocentes o presos políticos. Para nada. Creo que en no pocos casos los encarcelamientos eran necesarios, no así las formas y métodos utilizados, con carpetas mal integradas, con testimonios falsos y con pruebas prefabricadas o hechizas.
A juzgar por la docena de políticos detenidos y que después de la muerte del gobernador Barbosa, el 13 de diciembre del año pasado, han salido de prisión o regresado a penales locales por el cambio de medidas cautelares, es evidente que los ministerios públicos y jueces penales o de primera instancia que libraron las órdenes de aprehensión actuaron por consigna o por instrucciones superiores.
De otra manera no se entiende cómo fueron enviados a prisión —por delitos graves como peculado, lavado de dinero, desvío de recursos públicos, delincuencia organizada y extorsión— políticos, empresarios y funcionarios que hoy siguen sus procesos penales en libertad.
Entre estos los siguientes, los exfuncionarios Guillermo Arechiga Santamaría, de la Secretaría de Movilidad y Transporte; Rodolfo Chávez Escudero, de Carreteras de Cuota Puebla; los ex presidentes municipales Miguel Ángel Maceda Carrera, de Piaxtla; Inés Saturnino López Ponce, de Tecamachalco; Juan Navarro Rodríguez, de Ciudad Serdán; y Alejandro Martínez Fuentes de Quecholac.
A la lista habría que agregar los nombres del ex senador y ex director del Colegio de Bachilleres, Víctor Hugo Islas Hernández; de los exregidores Luis Cobos Fernández, de Tehuacán y Sergio Quiroz Corona, de San Andrés Cholula; del exjurídico de la Secretaría de Infraestructura y exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Alfonso Siriako Guillén Almaguer; y del director y dueño del periódico Cambio, Arturo Rueda Sánchez de la Vega, entre otros.
Otros políticos y exfuncionarios que también fueron detenidos en la gestión barbosista pero que aún siguen presos gestionando el cambio de medidas cautelares para llevar sus procesos en libertad son el exdiputado federal Eukid Castañón Herrera; el extitular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano; el exdirector del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Milthon Javier Fregoso Escalera; y el ex presidente municipal de Tehuacán, Felipe de Jesús Patjane Martínez.
¿En cuántos de estos casos, las detenciones fueron un acto de justicia y en cuántos una forma de venganza o represalia política?
Bajo esta hipótesis creo que tendrían que ser evaluados los agentes del Ministerio Público, los fiscales especiales de investigación de Combate a la Corrupción y de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, fiscales y relacionados, en lo que recayeron las carpetas de investigación instruidas por el gobernador Miguel Barbosa, así como los jueces penales y civiles que por consigna giraron órdenes de aprehensión, vincularon a proceso a los detenidos dictándoles la prisión preventiva oficiosa.
Acaso estos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial del estado no tendrían que rendir cuentas y explicar cómo es que la mayoría de los políticos, funcionarios y exfuncionarios aprehendidos entre 2020 y 2022 están saliendo en libertad y ganando los juicios que se les promovieron, no por combatir la corrupción y la impunidad, sino por vendettas y venganzas políticas y personales.
Si no fuera así entonces la Fiscalía de Justicia, el Poder Judicial y otras instancias del Ejecutivo y el Poder Judicial dedicadas a la fiscalización de recursos y a vigilar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los dineros públicos nos deben una explicación.
Tienen que aclarar por qué se han hecho de la vista gorda para iniciar procesos administrativos o penales y para sancionar los abusos y excesos cometidos por algunos exfuncionarios y políticos barbosistas como el exsecretario de Seguridad, Raciel López Salazar; la exsecretaria de Administración y actual magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Rosa de la Paz Urtuzuástegui; la exsecretaria de Finanzas, Teresa Castro Corro; el exsecretario de Cultura, Sergio Vergara Berdejo; el exsubsecretario de Transporte, Zeth Yassir Vázquez Hernández; y el exdiputado y operador político electoral Eric Cotoñeto Carmona, entre muchos otros.
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