Se dice en los corrillos del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros que la edil morenista Irene Olea Torres habría comunicado a sus más allegados que, en breve, podría pedir licencia al cargo de alcaldesa. La versión oficial que estaría manejando es que intenta convertirse en diputada federal u ocupar un cargo en el gobierno del estado. La realidad –cuentan fuentes bien informadas— es que la presidente municipal posiblemente estaría buscando evitar ser detenida como consecuencia de que ha escalado la investigación por la presuntas detenciones ilegales y torturas sexuales que sufrieron las periodistas locales Natalie y Michelle Hoyos López, ocurridas en los separos de la policía local.
La alcaldesa podría irse del ayuntamiento en las próximas semanas si no encuentra alguna estrategia jurídica o una negociación que frene la investigación de la Fiscalía General de República (FGR) en contra una docena de servidores públicos de Izúcar de Matamoros, que de manera directa o indirecta, tuvieron responsabilidad de los hechos ocurridos entre la noche del 10 de marzo pasado y la madrugada del día 11 del mismo mes, en la que las periodistas antes mencionadas fueron detenidas, incomunicadas, interrogadas, golpeadas y torturadas sexualmente por el simple menester de cubrir una nota informativa sobre las actividades artísticas del movimiento feminista de ese municipio.
En el radio pasillo de la comuna se dice que lo dos problemas que han complicado la situación para Irene Olea son los siguientes:
Primero: un número importante de agentes policiacos, personal del juzgado cívico del municipio y de la Dirección de Seguridad Pública ya han comparecido ante el Ministerio Público federal, que los ha sometido a un arduo interrogatorio y habría llevado a algunos de los implicados a declarar que los hechos de los días 10 y 11 de marzo habrían sido ordenados directamente desde la oficina de la Presidencia Municipal.
Lo cual –en caso de ser ciertas esas declaraciones— significaría que las detenciones arbitrarias de Natalie y Michelle Hoyos López habría sido en revancha en contra del padre de las jóvenes, Miguel Hoyos Bravo, quien es el coordinador del periódico Enlace de la Mixteca, que es un medio crítico de la gestión de la edil Irene Olea. Pues las propias comunicadoras oyeron a una agente policiaca jactarse de que con su detención “estaría feliz” la alcaldesa.
Segundo: que hubo una extrema confianza de la alcaldesa en los días posteriores a que Natalie y Michelle Hoyos denunciaron las agresiones en su contra, de tal manera que supuso que en la Fiscalía General del Estado de Puebla la iban a proteger y daría “carpetazo” al recurso legal de las periodistas. No contó que la FGR iba a tomar el asunto. Por ello nunca se diseñó una estrategia jurídica y mediática para enfrentar dicho escándalo.
Y el problema más grande, dicen los enterados, es que nadie del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros ha encontrado –hasta la fecha– la manera de frenar la investigación en la FGR.
No contaban con que agentes federales llegaran hasta Izúcar de Matamoros a reconstruir los hechos acontecidos en los primeros días de marzo, que incluyó recabar grabaciones de cámaras de seguridad privadas en los lugares en donde transitaron las jóvenes periodistas, minutos antes y durante su detención.
Sobre todo, en el ayuntamiento nunca se esperaron que, se hiciera un cateo a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública y se recabaran muchas evidencias, entre ellas la boleta del juez de paz –con el folio 0393— que señala a las comunicadoras de supuestamente haber violado el artículo 27, fracción I, del Bando de Policía y Buen Gobierno, que establece sanciones para “quien ensucie la ciudad”.
Y obviamente esa falta no ameritaba todo lo que pasaron las reporteras del periódico Enlace de la Mixteca.
Es tortura sexual
La situación de la edil de Izúcar de Matamoros se complica porque hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido una jurisprudencia en la cual redefine el concepto de tortura sexual, en la cual se advierte que ésta puede ocurrir sin que haya penetración o contacto físico.
La jurisprudencia aprobada, registrada como 1a./J. 85/2023, señala: “La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende por tortura sexual la violencia sexual infligida sobre una persona, que degrada y/o daña físicamente el cuerpo y la sexualidad de la víctima, que atenta contra su libertad, dignidad e integridad física y sicológica, causa sufrimiento físico y/o sicológico con el fin de obtener una confesión, información, castigar o intimidar a la víctima o a un tercero o con cualquier otro fin”, según se consigna en una nota del reportero Eduardo Murillo, publicada en La Jornada el pasado 19 de junio.
Esa jurisprudencia se derivó de un recurso de amparo solicitado por una mujer detenida por la policía, en una casa de citas, en donde la incomunicaron en una habitación de ese inmueble y la desnudaron, para que supuestamente interrogarla. Luego de ello la presentaron ante el Ministerio Público como responsable del delito de trata de personas. En dos instancias judiciales se desechó la demanda en cuestión, hasta que llegó a la SCJN en donde el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con base a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le concedió la protección de la justicia federal a la agraviada, además de establecer una nueva definición de tortura sexual.
En los casos de Natalie y Michelle Hoyos López, según su declaración ministerial, la noche del 10 de marzo las detiene un grupo número de agentes policiacos, que con insultos y amenazas de que “las van a desaparecer” se las llevaron a los separos del área de Seguridad Pública. Y en la madrugada, las desnudaron, las golpearon debajo de sus pechos y posteriormente, les habrían revisado sus genitales. Es decir, la tortura sexual estuvo presente en ese torbellino.
Si eso realmente ocurrió y lo tiene consignado la FGR, el gobierno de Izúcar de Matamoros podría convertirse en el primer ayuntamiento del país, luego de la emisión de la jurisprudencia antes mencionada, en enfrentar un caso de tortura sexual, que es un delito grave.
Por eso no es descabellado –volver a afirmar en este espacio— que la edil de Izúcar de Matamoros se debe ver en el espejo del ex gobernador Mario Marín Torres, que ya lleva dos años y cuatro meses en la cárcel por la tortura de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Busca protección con las FTP
Dicen algunos enterados que, en los últimos días, se ha visto a la alcaldesa Irene Orea muy cerca de los dirigentes del llamado grupo de autodefensa Fuerza Territorial Poblana, que se han instalado en Izúcar de Matamoros, luego de que, en julio de 2022, su líder Eloy Merino murió en un enfrentamiento en Jolalpan.
Se cree que ese acercamiento sería para que alerten a las autoridades locales por si acaso detectan un movimiento extraño de posibles agentes de la FGR en territorio de Izúcar de Matamoros.
