Es prácticamente un hecho que el modelo que definió Morena para elegir a su candidato o candidata presidencial, se replicará en Puebla para la selección del candidato o candidata a la gubernatura. Aquí también habrá renuncias y licencias adelantadas, muy probablemente a partir de septiembre u octubre. El problema es que ese esquema entraña una gran posibilidad de caer en ilegalidades, de que los contendientes cometan actos anticipados y se pongan en riesgo de inelegibilidad, para el proceso constitucional. ¿Lo saben? ¿Lo tienen calculado?
Hasta septiembre comenzará formalmente el Proceso Electoral Federal 2023-2024.
Pero arrancará, de acuerdo con las normas electorales vigentes, apenas con la posibilidad de concretar alianzas.
No más.
El calendario que establecerá el Instituto Nacional Electoral (INE) será muy específico y eso de la definición de candidatos viene hasta al final, por allá de febrero de 2024.
Debería ser así.
Eso dicen las “normas vigentes” (cantaleta que escuchamos con frecuencia en los políticos).
Pero el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya tendrá, antes incluso del arranque formal del proceso, candidata o candidato el 6 de septiembre.
El calendario apresurado, para la sucesión presidencial, generará un efecto dominó en los estados.
En Puebla, el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 se supone que deberá comenzar a finales de noviembre.
Sin embargo, las corcholatas poblanas, en la previsión de ese partido, arrancarán su proceso interno entre septiembre y noviembre.
Por adelantado.
Con visos de ilegalidad.
Con riesgos de sanciones graves.
Como en el caso de los aspirantes presidenciales.
Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con el Consejo General del INE.
Muchos suponen que es para tirar línea.
El encuentro es en Palacio Nacional.
Es para “iniciar una etapa nueva”, dijo el mandatario.
Cualquiera que eso sea desde su entendimiento.
En un comunicado oficial, los 11 consejeros y consejeras dijeron que asistirán.
Que van en ánimo institucional.
Sin embargo, el clima no es el más “institucional” en Morena.
Pareciera que el Presidente busca que el Consejo avale, tácita o expresamente, los actos anticipados que realizarán las corcholatas presidenciales entre junio y agosto.
90 días de proselitismo.
Una campaña abierta, adelantada y, cómo está establecido en jurisprudencia, ilegal.
Porque se configura esta falta, cuando hay el “inequívoco y explícito” objetico electoral, fuera de los tiempos que marcan las normas.
(Lo explicó muy bien en un hilo preciso, con citas a los artículos de la Constitución y las leyes secundarias, en su cuenta de Twitter el abogado Víctor León Rueda. Es consulta indispensable).
Es decir, exactamente lo que hará Morena y sus aspirantes a la candidatura a la Presidencia.
Por lo pronto, ya comenzaron las renuncias y las licencias.
En Puebla, Alejandro Armenta e Ignacio Mier, para empezar, adelantaron que están prestos a solicitar licencia al Senado de la República y la Cámara de Diputados, respectivamente.
Los cargos de elección son irrenunciables.
Quienes tienen puestos públicos, lo harán con renuncia.
Antes deberá definirse el género.
Un trance aún amargo y pendiente en Puebla.
Mientras tanto, quienes vayan a las campañas muy adelantadas que les impone Morena, serán blanco de impugnaciones y denuncias de la oposición.
Una judicialización prematura del proceso.
En tribunales terminará por debatirse si son elegibles o no.
Si Morena ha violado la ley o no.
A eso hay que sumar el tufo de infracción normativa por la pinta de bardas, colocación de espectaculares, mítines masivos… y un largo etcétera.
Da la impresión de Morena se ha pasado por el arco de triunfo la Constitución y todas las leyes.
“Ni el PRI se atrevió a tanto”, dicen por ahí.
