Las denuncias de Puebla –principalmente publicadas en La Jornada de Oriente— y las surgidas en todos los rincones del país sobre la galopante, descarada y exorbitante corrupción en el Registro Agrario Nacional (RAN) han provocado una especie de rebelión de funcionarios federales y de diversas organizaciones sociales que le estarían exigiendo a Román Guillermo Meyer Falcón, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), una pronta y decidida intervención para frenar el envilecimiento que priva en el RAN.
En torno al RAN ha surgido una mafia de exfuncionarios de este organismo desconcentrado del gobierno federal que se coluden con los actuales directivos del Registro Agrario Nacional para traficar con tierras ejidales y comunales. Se ha llegado al extremo de que están vendiendo terrenos nacionales, que se supone no pueden ser objeto de ningún tipo de comercialización.
A lo largo de los últimos dos años en La Jornada de Oriente se ha dado cuenta de como en la delegación del RAN, ubicada en la 49 Poniente, entre la 5 y la 7 Sur, la encargada de este organismo, Nora Estela Esquitín de la Madrid, ha sido omisa en combatir una mafia de panistas y priistas –que obtuvieron plazas definitivas en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto—, que descaradamente lucran con la venta de los turnos a los grupos de campesinos para hacer cualquier trámite.
A quienes no entregan las coimas exigidas les retrasan la atención a sus expedientes hasta un año, como escarmiento.
En 2020 empezaron discretamente cobrando mil 500 pesos por turno afuera de las oficinas del RAN, utilizando un grupo de “coyotes”.
Un año después aumentaron la cuota de la corrupción a los 3 mil pesos y en la actualidad ya va en el orden de los 11 mil pesos.
Es un negocio ilícito que les dejaría, como mínimo, unas “ganancias” de unos 50 millones de pesos al año, tan solo por los sobornos que se exigen a los grupos de labriegos para ser atendidos.
El caso más evidente de esta podredumbre se ha vivido en el proceso de libramiento de los terrenos ejidales para permitir el paso del Tren Maya, la obra emblemática del gobierno obradorista.
Una red de abogados, exintegrantes del RAN y de la Procuraduría Agraria se han asociado con algunos directivos del Registro Agrario Nacional para hacer negocios con los predios en cuestión y en detrimento de los campesinos de la región.
Es un asunto que ya preocupa mucho en diferentes oficinas del Poder Ejecutivo, pues no es posible que un gobierno que proclama “primero los pobres”, se tenga un organismo como el RAN que reproduce y aumenta la ola de corrupción, abusos y despojos que se cometían contra grupos campesinos durante los regímenes del PRIAN.
Hombres buenos, pero incompetentes
Al parecer son dos los problemas de fondo de la crisis del RAN:
Por un lado, Román Guillermo Meyer Falcón, el titular de la Sedatu –que es la secretaría a la que está sectorizado el RAN–, es un gran experto en desarrollo económico sustentable y urbanismo, además de ser hijo del historiador Lorenzo Meyer Cossío; pero como funcionario público nunca tiene la mirada en los problemas graves que se deben resolver, como es la corrupción en el Registro Agrario Nacional.
Por otro lado, el director del RAN es Plutarco Emiliano García Jiménez, un hombre de 84 años de edad, quien es una figura emblemática de la izquierda mexicana y de los movimientos agrarios, ya que en la década de los años 70 fundó la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, mejor conocida como la CNPA.
Es un hombre que lo mismo estuvo en la lucha magisterial de Othón Salazar, que en el Movimiento Estudiantil del 68 y fue parte de la Liga Comunista Espartaco, además de haber sido un notable rector de la Universidad Campesina del Sur.
Quienes lo conocen lo califican como un hombre bueno, con un profundo compromiso social y un regular escritor, pero que tiene el grave problema de que desconoce la ley que regula a la propiedad social, no tiene visión organizativa y capacidad para ejercer una buena dirección operativa.
Por eso muchos directores y representantes del RAN han podido ser omisos en unos casos, y en otros, ser socios de la red de corrupción que inunda el organismo debido a que la cabeza del Registro Agrario Nacional no está enterada de los vicios y abusos que ahí ocurren.
Una muestra es lo que pasa con Nora Estela Esquitín de la Madrid, la delegada del RAN en Puebla, quien constantemente esta ausente de sus oficinas y siempre la justifican diciendo que está “realizando trámites en la Ciudad de México”.
Y para evitar ser molestada, el personal del RAN, incluidos los guardias, siempre que llegaban grupos de labriegos o miembros de la prensa local, afirmaban que el nombre de la delegada era Adela Cerezo Bautista, quien efectivamente había ocupado ese cargo a lo largo del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Hasta que Adela Cerezo Bautista “puso el grito en el cielo” se dejó de usar su nombre de manera indebida e ilegal en las oficinas del RAN.
Esos comportamientos de la delegada Nora Estela Esquitín de la Madrid se han hecho llegar a las oficinas de Plutarco García Jiménez y nunca pasa nada.
