La implementación de la reforma constitucional al Poder Judicial de Puebla está siendo un fiasco, con sobre costos, sobresueldos, una enorme estructura burocrática y salas que son auténticos elefantes blancos.
De entrada se está creando una estructura que no tiene soporte presupuestal, al menos autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas, por lo que la misma está siendo subsidiada con los rendimientos de la llamada cuenta de terceros del Poder Judicial, lo cual hasta cierto sentido es ilegal.
Lo más absurdo de esta reforma, que ya es motivo de ácidas críticas de magistrados y jueces, así como de algunos funcionarios de áreas administrativas del Poder Judicial, es que el presidente de Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, está dando más importancia al órgano encargado de la administración, la vigilancia y el nombramiento de jueces, que a garantizar el acceso de la justicia a la población mediante la resolución de los juicios y medios de impugnación ordinarios en los juzgados familiares, penales y civiles.
En lugar de ampliar el número de juzgados y distritos judiciales, de 22 a 32 como inicialmente se planteó en la Reforma, Palafox Galeana ha venido creando una estructura elefantiásica en el Consejo de la Judicatura con cinco ponencias, cuatro enormes secretarías, un órgano interno de control, tres organismos auxiliares, una secretaría técnica y cinco unidades de apoyo.
Dicho aparato burocrático es tan grande que la Secretaría de Planeación y Finanzas ya le mandó decir que no hay dinero para cubrir los nombramientos y plazas aprobadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura en lo que se denomina la Nueva Estructura Orgánica del Poder Judicial.
Entre los magistrados y jueces no se entiende por qué el Congreso del Estado autorizó una Sala Constitucional con 5 magistrados y cinco ponencias, cada una con su propia estructura conformada con un secretario particular, un secretario de acuerdos y 1 auxiliar, 3 secretarios proyectistas y 3 auxiliares y 1 notificador, cuando no existen en la entidad controversias constitucionales entre poderes o entre los distintos órdenes de gobierno.
Otra estructura orgánica, también de grandes proporciones en función de los juicios y casos que atiende, es la del Tribunal de Justicia Administrativa con 12 magistrados más dos magistrados presidentes, uno del Tribunal propiamente dicho y el otro de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas.
Otro motivo de inconformidad de jueces y magistrados es la contratación de recomendados y fuereños, principalmente de Veracruz, que carecen de carrera en el Poder Judicial del estado e incluso de cédula de estudios profesionales, en las nuevas estructuras del Consejo de la Judicatura.
Entre éstos destacan los casos de María Fernanda Vadillo Torres como Secretaria General de Acuerdos; Sergio Alberto Pucheta López como director de Actas y Acuerdos; Alejandro Dávila Arellano como director de Registro y Control de Títulos y Nombramientos; María Fernanda Morales Huesca como titular de la Secretaría Técnica; María del Rocío Cano Méndez como directora de Análisis y Técnica Jurídica; Laura Itzel Báez Félix como directora de Enlace y Relaciones Institucionales; José Eduardo Flores Valdez como jefe de Departamento de Opinión Jurídica y Revisión Documental de la Dirección de Análisis y Técnica Jurídica; y Scarlett Ivonn Palacios Hevia como directora de Vinculación y Atención Ciudadana.
Mañana en la segunda parte, le platicaré cómo el presidente del Consejo de la Judicatura está contratando a personal con sueldos equivalentes a los de un juez y a secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas y secretarios particulares, así como a directores de área y jefes de departamento con salarios superiores a sus homólogos adscritos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), lo que por supuesto tiene molestos a la presidenta Margarita Gayoso Ponce, a los magistrados y a los jueces de primera instancia.
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Un morenista será parte del gabinete de Sergio Salomón Céspedes
Cuentan que en la reunión que tuvo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina con la mayoría de los legisladores locales surgidos de la coalición Juntos Haremos Historia, éste les ofreció que uno de ellos será integrado a su gabinete, después de las quejas de algunos por el protagonismo del coordinador de la bancada del PRI, Jorge Estefan Chidiac, y la designación de la diputada priista Isabel Merlo Talavera como secretaria de Educación.
Entre los legisladores se da por hecho que el elegido será un diputado o diputada de Morena, con excepción de los integrantes del llamado G-5, Daniela Mier Bañuelos, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, Eliana Angélica Cervantes González y José Iván Herrera Villagómez.
Lo que todavía no se sabe, ni tiene claro el equipo gobernante es qué secretario o secretaria del gabinete será removido para que cedan esa posición a un diputado o diputada de Morena.
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Letayf regresará como proveedor consentido de la Secretaría de Salud
El suegro del constructor Edgar Nava, uno de los beneficiarios de la obra pública en la 4T de Puebla, y primazo del coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local, Jorge Estefan, el empresario Alfonso Eduardo Letayf Acar, se perfila como uno de los proveedores favoritos de la Secretaría de Salud en la gestión del gobernador Céspedes Peregrina.
Letayf fue uno de los proveedores consentidos de insumos y equipo médico y hospitalario en la administración del extinto gobernador Rafael Moreno Valle.
Otra cosa que llama la atención en el sector salud es que las grandes licitaciones se han venido posponiendo, por lo que los contratos con los proveedores actuales se prolongaron 60 y 90 días, según el moche.
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El Gobierno del estado y los dirigentes locales de Morena contribuyeron a la concentración del sábado en la Ciudad de México, con motivo de la expropiación petrolera, con 330 unidades entre autobuses y microbuses que transportaron y acarrearon a cerca de 15 mil personas de la zona metropolitana y otros municipios de la entidad.
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En la renovación del Comité Ejecutivo de la Sección 51 del SNTE, es cada vez más claro que el candidato a vencer es Felipe Neri Morán Álvarez y no el abanderado identificado con el secretario general saliente, Raúl Alfredo Gómez Palacios.
De los 56 integrantes de la planilla blanca Hagamos que suceda, encabezada por Felipe Neri, 7, incluido el propio candidato a secretario general, han participado en anteriores comités seccionales; los otros 49 son primerizos.
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