Víctor Ortiz Flores, el candidato “oficial” a ser secretario general del SNTE 23, ha iniciado con el pie izquierdo su labor proselitista al haber incorporado a su planilla a Ana Patricia Lechuga Gasca, quien actualmente estaría siendo investigada por anomalías en la asignación y cobro de plazas de maestro.
Además, Ana Patricia Lechuga Gasca uno de los rostros visibles de la represión y los abusos que se viven a diario en el sindicato magisterial, por avalar abusos laborales contra una larga lista de trabajadores de apoyo y por estar identificada como uno de los operadores políticos que estarían amenazando a los empleados del sector educativo con retirarles apoyos gremiales, si no votan por la fórmula a la que pertenece.
La expresión sindical de la que son parte Víctor Ortiz Flores y Ana Patricia Lechuga Gasca representa la continuidad del grupo político de Alejandro Ariza Alonzo, el dirigente saliente de la sección del 23 del SNTE, que llevó a la organización gremial a su peor época por haber perdido la capacidad de defensa de los maestros federalizados.
Ariza llegó al cargo el 15 de diciembre de 2016 todavía bajo la influencia y el control autoritario del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, por lo cual el arranque de su gestión estuvo sometido a los intereses particulares del mandatario, que no toleraba la más mínima gestión o protesta de los sindicatos magisteriales, a los que utilizaba como centros de operación electoral. Es decir, se veía a los maestros solo como fabricas de votos para el PAN.
Lo único que le quedó a Ariza y los miembros de su grupo fue replegarse en el sindicato, ser obedientes con el morenovallismo, alejarse de las bases que representaban y procurar sus intereses, que se tradujo en abusos con plazas y pagos extraordinarios. Nunca se preocuparon por los maestros.
Luego, con la llegada de Morena al poder, los dirigentes del SNTE 23 optaron por seguir actuando con la misma sumisión ante el gobierno del estado. Quedando en el olvido la promesa de mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sistema educativo.
Cuando Ariza ganó el IX Congreso Extraordinario pronunció la trillada frase “no les fallaré, ni un paso atrás”, para luego hacer compromisos específicos como el siguiente: “Atenderemos con mucha precisión, mucha puntualidad, las demandas de cada uno de los niveles educativos, por supuesto que atenderemos a los compañeros de personal de apoyo”
Y precisamente es con el personal de apoyo con quienes se cometieron más abusos en los últimos seis años. La titular de la delegación D-III-1 que, abarca secretarias, choferes, veladores, intendentes y administrativos, fue Ana Patricia Lechuga Gasca, quien dejó una estela de agravios.
Siendo el sector más castigado en salarios y prestaciones, para nadie era un secreto que entre el personal de apoyo se venden los interinatos, es decir las licencias para que un trabajador tenga un suplente ante un problema de salud.
Para otorgar una plaza de intendente se exige unos 50 mil pesos a los interesados en conseguir el puesto de trabajo.
Y para que alguien se le otorgue un crédito de vivienda, por medio del Fovisste, le piden un “moche” de hasta 40 mil pesos.
No hace mucho, en esta columna se narró que entre finales de diciembre de 2022 y los primeros días de enero pasado, más de 40 trabajadores administrativos de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) los pusieron a disposición de la Dirección de Recursos Humanos, sin que hubiera la más mínima justificación.
El verdadero motivo de esos movimientos era para que el entonces titular de la SEP, José Luis Sorcia Ramírez –quien fue echado del cargo el viernes pasado–, pudiera acomodar a supuestos recomendados.
Lo que llamó la atención es que los agraviados acudieron a su sindicato, al SNTE 23, y quien los debía defender, que es Ana Patricia Lechuga Gasca, les respondió, palabras más, palabras menos, “firmen lo que les de la SEP para evitar graves consecuencias”. Es decir, se puso de la parte patronal.
Ahora cuentan algunos trabajadores, que esta mujer estaría advirtiendo al personal de apoyo que quien no vote por el candidato “oficial”, es decir por Víctor Ortiz, se queda sin vales y la atención del sindicato los próximos 4 años.
Muchos actores del SNTE 23 no entienden si es un acto de ingenuidad de Víctor Ortiz el haber incluido a Ana Patricia Lechuga en su planilla como candidata a ser secretaria de Trabajo y Conflictos del Personal de Apoyo y Asistencia de la Educación, o si fue una imposición de Alejandro Ariza. Cualquiera que sea la respuesta, es un grave yerro porque muchos trabajadores están agraviados por esta mujer.
Ana Patricia Lechuga Gasca tiene grado de licenciatura por la Universidad Pedagógica Nacional y se cuenta en el “radio pasillo” de los maestros, que gozaría de los siguientes privilegios que no tienen la mayoría de los maestros y personal de apoyo en todo el estado:
Esta maestra tendría las plazas A03803 00.0 100012 como secretaria de apoyo adjunta a la Dirección de Recursos Humanos de la SEP y la plaza E0286 00.0 000026 que corresponde al cargo de maestra de grupo en la primaria nocturna Gustavo P. Mahr. Todo ello, le permitiría cobrar unos 12 mil 500 pesos mensuales, más un bono sindical de 22 mil 510 pesos, añadido a 7 vales individuales al año, más 2 mil pesos mensuales para gasolina, junto con un presupuesto para comidas por “horario extraordinario”.
Dicen que a la plaza de la SEP nunca va. Mientras que en la de maestra de grupo, acude escasas ocasiones.
Precisamente ha trascendido que habría una investigación en la Dirección de Recursos Humanos de la SEP por estas supuestas anomalías de plazas que no se ejercen, pero se cobra los salarios.
Si es verdad esa versión, no solamente habría esa investigación contra la representante del SNTE 23, sino también contra María Libia Coyotécatl Tecpanécatl, quien era la jefa de Pagos y Nóminas de la SEP, y al parecer tenía una supuesta relación de complicidad con Lechuga Gasca.
Dicen lo que conocen del tema que la investigación estaría indagando las plazas: CF12825 00.0 000148, que corresponde al cargo de analista en sistemas macro computacionales adscrito a la Dirección de Primarias de la SEP, así como la que tiene el número de registro E0286 00.0 000196, que es de maestro de grupo en la primaria nocturna Benito Juárez.
Al parecer, ambas posiciones serían de un pariente muy cercano de Lechuga Gasca. Por esos dos puestos el beneficiario tendría un salario de 15 mil pesos mensuales, más 20 mil pesos de bono sindical y 5 vales al año. El problema es que casi no va a ninguno de esos dos centros laborales.
Narra una fuente bien informada que, en contraparte, María Libia Coyotécatl Tecpanécatl no solamente tenía salario como la encargada de Pagos y Nóminas de la SEP, sino que al parecer tenía la siguiente plaza adicional P7539 00.0 001603, que corresponde a 12 horas de clases en la Universidad Pedagógica Nacional, por la cual –al parecer— cobraba, pero no iba a cumplir con estar frente a un grupo.
El fondo de este asunto es que María Libia Coyotécatl Tecpanécatl se hacía de la vista gorda –como funcionaria de la SEP— de los beneficios de Ana Patricia Lechuga.
Y Lechuga Gasca también era omisa –como representante del SNTE 23— SEPde los privilegios de Coyotécatl Tecpanécatl.
