En los últimos días mucho se ha comentado sobre los más de 2 mil 400 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación le observó a Puebla.
La primera pregunta que uno se hace al ver la cifra es ¿cómo “se extravió” o se dejó de comprobar esa millonada?
Quizá entre las respuestas esté la participación del ex auditor hoy encarcelado y también la incapacidad comprobada de la actual Auditoría Superior del Estado.
Vayamos por partes.
Comencemos por los señalamientos y la detención de Francisco Romero Serrano, quien fuera auditor hasta inicios de 2022 y tenía a su cargo la revisión de las cuentas públicas de 385 Sujetos Obligados, entre ayuntamientos, universidades, secretarías e institutos.
A eso habrá que sumarle que en esos años -2020, 2021 y 2022- la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, primero en manos de José Juan Espinosa y luego de Olga Lucía Garcí-Crespo, poco o nada podía hacer ya que la ley limitó bastante el tema de la fiscalización desde el Legislativo.
Adicionalmente tenemos que recordar que muchos de quienes gobernaron o estuvieron al frente de alguna secretaría provenían de la ola lopezobradorista. Sí esos que llegaron por una tómbola, por convertirse al morenismo o simplemente porque se creía que eran 90% honestos y 10% capaces.
En otras palabras, se trató de hombres y mujeres que tenían poco o nulo conocimiento en el difícil arte de la comprobación del gasto público.
Y si a eso sumamos que la actual titular de la ASF es una mujer que no conoce ni lo que es una cuenta pública, pues no puede extrañar a nadie que Puebla esté sumido en un hoyo financiero de 2 mil quinientos millones de varos.
Con lo anterior no busco justificar lo gastado y que no se sepa ni en qué.
Pero lo que es evidente, es que nuestros órganos auditores son una verdadera caricatura.
SEP, el cochinito
Justamente la falta de una correcta comprobación del gasto público dio pie a que existan señalamientos tan delicados como los que la ASF realizó a las finanzas de la SEP, en donde lo mismo se presume el pago a maestros muertos, que a docentes que trabajan en estados como Oaxaca o a los llamados aviadores.
Estas fallas, que difícilmente podemos entender que se hayan realizado sin el conocimiento pleno del fraude, se dieron durante la gestión de Melitón Lozano y generaron “un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 24 millones 358 mil pesos”.
Si bien, los responsables de la nómina en la SEP -y el propio Melitón– aún tienen algunos días para justificar o en caso extremo reintegrar los recursos, lo cierto es que este caso particular pinta para ser la punta de la madeja que desnude un importante caso de corrupción en una de las dependencias que históricamente ha sido un bastión político.
Con el paso de los días y de los meses habremos de saber si se logran solventar las observaciones o si el inicio de procedimientos administrativos alcanza a uno de los que se creyó el cuento de que era una corcholata.
