La administración del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina atraviesa por una situación contradictoria en términos de percepción ciudadana.
Mientras el grueso de la población cree que éste sigue maniatado y sujeto a los intereses barbosistas por su negativa de cambiar a los secretarios que heredó de su antecesor, en la realidad hay un rompimiento que no tardará en hacerse público.
Esta ruptura podría afectar la imagen de su gobierno si los comentarios que en corto hacen algunas figuras emblemáticas del fallecido Luis Miguel Barbosa Huerta —como su viuda Rosario Orozco Caballero— y la 4T, comienzan a trascender a medios de comunicación y redes sociales.
Al gobernador Céspedes se le critica su tardanza para renovar el gabinete y deshacerse de secretarias y secretarios incompetentes, ineficientes o carentes de talento y capacidad, o de ciertos funcionarios y funcionarias que durante la gestión de su antecesor actuaron con insidia y cizaña.
Pero también por el arribo a su administración de figuras abiertamente identificadas con el extinto gobernador Rafael Moreno Valle como Irma Patricia Leal Islas o que fueron parte de su modelo de negocios para desviar recursos públicos.
Sin embargo, lo que realmente tiene molestos a los barbosistas son los despidos que vienen dándose en la mayoría de las direcciones administrativas del gobierno a las que están arribando personajes ligados al clan del diputado Jorge Estefan Chidiac y que el extinto gobernador Barbosa mantuvo a raya.
Los despidos no están siendo cordiales, ni en buenos términos, pues por lo general se hacen con el apoyo de la fuerza pública. Los removidos son citados en sus oficinas o en el CIS, donde el secretario de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, el consejero jurídico Jonathan Ávalos Meléndez y el jefe de Oficina del gobernador, Javier Aquino Limón, les piden su renuncia y las de su personal, al tiempo que les sellan sus oficinas y les impiden llevarse expedientes.
Para los barbosistas es obvio que estos cambios no solo tienen el inequívoco propósito de controlar los dineros, compras y contrataciones del gobierno, sino de renovar a los proveedores y contratistas que ya no serán los recomendados por doña Charito y su hermano Hugo Orozco Caballero, los hermanos Chávez y los secretarios de Finanzas, Maria Teresa Castro Corro y de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez.
Para el núcleo barbosista son claras dos cosas: una, que el gobernador Céspedes está alejándose y rompiendo algunos pactos y compromisos, como consecuencia del despido de ciertos funcionarios y la designación de algunos subsecretarios y directores que tienen bajo su responsabilidad los ingresos y pagos, la adjudicación de obra y la contratación de bienes y servicios; y dos, que el gobernador Céspedes ha decidido aliarse y conducir su administración de la mano de un par de personajes con fuertes intereses económicos y políticos dentro y fuera del gobierno: Jorge Estefan Chidiac y José Chedraui Budib.
Tal situación ha comenzado a generar tensiones entre los duros del barbosismo y los recién llegados que no tardarán en ser criticados y descalificados por los cuadros de Morena y la 4T que ven con recelo el arribo al gobierno de funcionarios sin ningún compromiso con la izquierda y con el movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y la corriente del desaparecido Miguel Barbosa.
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