Por: Rodolfo Ruiz / e-consulta

Entre los diputados del Congreso del Estado es cada vez más evidente que al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XLI Legislatura, Eduardo Castillo López, le quedó muy grande el cargo, y que esta situación ha creado vacíos y una crisis de liderazgo.

De entrada, los legisladores de Morena están inconformes porque en los hechos el Congreso no es controlado por ellos, sino por el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Jorge Estefan Chidiac, o porque en la práctica o en los hechos el verdadero presidente de la Junta de Gobierno sigue siendo el hoy gobernador substituto Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El asunto, ya de por sí complicado, se agrava por las quejas de presidentes municipales de la Mixteca que aseguran que el diputado del distrito local 23 con cabecera en Acatlán les ha condicionado la gestión de recursos y proyectos de infraestructura a cambio de obra pública.

Dicha queja ya es del conocimiento de algunas instancias de gobierno.

Hay que aclarar que lo anterior no le costará al diputado Eduardo Castillo su relevo del órgano de gobierno del Poder Legislativo, pero sí una recomendación para que tenga mayor interacción con todos los diputados, especialmente con los de su partido y los coordinadores de los demás grupos parlamentarios.

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Hostigamiento laboral a defensores públicos

A los defensores públicos que pasaron de la Secretaría de Gobernación al Poder Judicial del Estado el cambio no les vino nada bien, pues han comenzado a ser hostigados laboralmente, enviándolos de un distrito judicial a otro, despedidos y presionados para que firmen nuevos contratos o sus renuncias voluntarias e irrevocables.

El acoso vino después de la muerte del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, por el interés de la directora general del Instituto de Defensoría Pública, Patricia Olarte Córdova, de meter a recomendados suyos.

Se sabe que entre los despedidos figuran Óscar Vega Carcaño, de la oficina de Huauchinango, con 13 años de antigüedad, y Yazmín Urbina, del área Familiar y Civil de Ciudad Judicial, con 6 o 7 años de antigüedad.

Según versiones de los defensores hostigados, Patricia Olarte tiene la anuencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana.

Los defensores son citados en las oficinas centrales del Instituto, en la 14 Norte 205 del Barrio de La Luz, por la directora de Enlace de Foráneos, Norma Vera Flores, o por una contadora de la Dirección Administrativa, haciéndoles saber que existen quejas o denuncias en su contra, por lo que deben renunciar si no quieren que se les inicien procesos administrativos.

Según los quejosos en los últimos dos meses han salido 20 defensores públicos.

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Premia Carlos Palafox a la juez del caso Mario Marín-Lydia Cacho

Por cierto.

¿Se acuerda de la juez Rosa Celia Pérez González? Sí aquella que ordenó la aprehensión de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, por presiones del empresario Kamel Nacif Borge, asunto que hoy tiene tras las rejas al exgobernador Mario Marín Torres.

Pues le cuento que hoy trabaja como asesora jurídica del presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Carlos Palafox Galeana.

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