Ahora que por unanimidad de votos los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenaron la inmediata libertad de Juan Luis López García, Gonzalo García Hernández y Héctor Muñoz, quienes hace más de siete años fueron detenidos y acusados de secuestro en Ciudad Pemex, en el municipio de Macuspana, Tabasco, ¿qué pasará con el ex vicefiscal de Asuntos de Alto Impacto de aquella entidad, Francisco Vera Ayala, que les fabricó delitos y los mandó a prisión, y que actualmente se desempeña en Puebla como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE)?
La duda mata: ¿Qué seguridad tenemos los poblanos de que las atrocidades cometidas por este funcionario policiaco con estos tres inocentes, a los que torturaron y sentenciaron a 50 años de prisión en 2018 por tentativa de secuestro, no se repitan en Puebla?
Juan Luis, Gonzalo y Héctor tuvieron la fortuna de que un productor y documentalista famoso como Roberto Hernández, autor del largometraje Presunto Culpable, llevara su caso al cine y éste se expusiera en la plataforma de streaming más importante del mundo: Netflix.
De no haber sido por Netflix y la cobertura mediática que tuvo el documental “Duda Razonable, historia de dos secuestros”, la verdad es que la Suprema Corte y los ministros que la integran jamás habrían revisado este caso que tiene en el fiscal de secuestros y delitos de alto impacto de Puebla a uno de sus principales protagonistas, por haber sido quien inculpó a los tres tabasqueños del secuestro de un hombre y su hermana en Macuspana, Tabasco, el 20 de junio de 2015.
Héctor Muñoz tuvo la desgracia de sufrir un accidente de tránsito cuando conducía una camioneta frente a una gasolinera de Ciudad Pemex. Tras una riña con un conductor y después de recibir un disparo en la mano, Héctor y sus acompañantes —Gonzalo García y Juan Luis López—, quienes se encontraban en la misma unidad y en la misma estación, fueron detenidos y acusados de pertenecer a una banda de secuestradores.
Ya presos fueron llevados a un edificio secreto de la Fiscalía donde fueron torturados con golpes y ahogamientos con bolsas de plástico. Dos días más tarde el Ministerio Público determinó que no había pruebas suficientes y ordenó su liberación, sin embargo, continuaron detenidos pues la Fiscalía de Asuntos de Alto Impacto de Tabasco los acusó del secuestro de la hermana del tipo con que Héctor Muñoz tuvo el altercado, hecho que supuestamente ocurrió el 26 de mayo de 2015.
En la sesión de hoy donde los ministros de la SCJN concedieron el amparo liso y llano a los protagonistas del documental de Netflix, y ordenaron su inmediata liberación, no solo quedaron al descubierto las deficiencias e irregularidades de los agentes, fiscales y jueces involucrados en el caso, sino los abusos y atrocidades cometidas por las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia en México, y funcionarios como Francisco Vera Ayala y su jefa, la entonces Fiscal de Asuntos de Alto Impacto de Tabasco, María del Rosario Delfín Rosales.
De ahí la razonable duda: ¿Con estos antecedentes Francisco Vera Ayala seguirá como titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, de la Fiscalía General del Estado?
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No deja de llamar la atención la manera en que la Fiscalía y los jueces de la capital del país han comenzado a actuar en contra los críticos y adversarios políticos de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como el ex alcalde de la demarcación Benito Juárez y actual coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian von Roehrich de la Isla, al que hoy le libraron una orden de aprehensión por su probable participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y asociación delictuosa como servidor público.
Christian, quien está emparentado con los Espina von Roehrich de Puebla, es acusado de cometer actos de corrupción inmobiliaria.
Esta estrategia no es nada diferente a la que se sigue en Puebla con varios exfuncionarios de los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali, a los que la Fiscalía local pretende imputarles delitos como falsedad en declaraciones, uso ilegal de atribuciones y abusos en el ejercicio de la administración pública.
¿Fatal coincidencia o estrategia común?
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