Sin complacencias a ningún grupo y sin doblarse ante las presiones, en el estado de Puebla se abrirá un diálogo sobre la despenalización del aborto, un tema controvertido que ha sido postergado, al menos en lo institucional, en el Congreso del Estado desde hace muchas legislaturas y que la actual LXI tomará finalmente.
Iniciativas sobran, pero están en la congeladora.
También ha habido foros, pero que luego no tuvieron el seguimiento efectivo.
La declaración al respecto del gobernador Miguel Barbosa Huerta, precisamente el Día Internacional por el Derecho al Aborto, tuvo un matiz de llamado de atención del Poder Legislativo.
Pero también un tono de exhorto a la participación de todos los sectores y de todas las voces respecto de la interrupción del embarazo, hasta 12 semanas de gestación.
La tan exigida, por grupos feministas, algunos genuinos y otro con intencionalidades políticas, despenalización del aborto, demanda principalmente acciones legislativas.
Hasta hoy, nueve entidades han modificado sus Códigos Penales sobre el particular.
Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur.
La capital del país fue la primera en hacerlo, a través de su entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), desde hace 15 años, en 2007.
Oaxaca lo hizo en 2019, hasta 12 años después del otrora Distrito Federal.
Colima, Veracruz e Hidalgo el año pasado.
Y el resto de esas nueve entidades recién en este 2022.
Las protestas de los grupos que defienden el aborto legal suelen ser muy estridentes y sus proclamas urgentes.
Sin embargo, la realidad es que el número de entidades que lo han hecho es de apenas 9 de 32.
Así como las fechas en que sus Congresos aprobaron la reforma, entre los años 2021 y 2022 la mayoría, nos están mostrando que se trata de un tema que se ha encarado formalmente de manera muy reciente.
Eso sí, la discusión el mucho más añeja.
Al menos desde 1979, en el país había colectivos que pugnaban por la despenalización.
Lo hacían por un tema de justicia, que no fueran criminalizadas y terminaran en las cárceles, como ocurría, por muchos años, mujeres que habían abortado clandestinamente.
Y de sobrevivencia, porque muchos abortos clandestinos terminaban con el fallecimiento de la madre.
Hoy es más una demanda, cuando se aborda con seriedad, de salud pública y derechos reproductivos.
Desde todos esos ángulos es un asunto atendible.
Ineludible en los debates legislativo y social.
El diálogo serio, con madurez, es planteamiento también lógico y justo.
En materia de salud, el titular de la Secretaría en Puebla, José Antonio Martínez García, informó que con el programa “Aborto Seguro”, se han realizado 18 interrupciones voluntarias de embarazo, cuyas gestaciones son producto de violación.
El programa es integral y se brinda también acompañamiento psicológico y de psiquiatría.
Se practica esta atención integral en los hospitales generales de la Mujer Puebla y el de la Mujer y Neonatología en Tehuacán.
Hoy en Puebla, también ha informado el gobernador, no hay ninguna mujer presa por abortar.
En agosto de 2019, al llegar a la gubernatura, Miguel Barbosa firmó un decreto para indultar a las mujeres encarceladas por abortar.
Hay proclamas, en este contexto, que parecieran no tener sentido.
Claro que eso no basta.
El Congreso local debe actuar.
Puebla tiene la madurez para este diálogo.
Pero el estado y su sociedad tienen también sus propias características.
Todo ello se debe respetar.
Es un tema impostergable.
Pero ignorar el diálogo nunca ha sido buena idea.
