- El Consejo de la Judicatura pasará ahora a tener el control del Poder Judicial.
- Carlos Palafox Galeana se perfila como presidente del Consejo de la Judicatura.
La reforma propuesta por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta al Poder Judicial sí tiene dedicatoria, aunque en la propia iniciativa se diga lo contrario, ya que el gran damnificado con su aprobación será el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez, quien ya no podrá reelegirse por 4 años más, ni presidir ex oficio el Consejo de la Judicatura, que ahora será el que ejerza el gobierno judicial y represente a este poder en caso de controversias y acciones de inconstitucionalidad.
En la iniciativa enviada por el gobernador Barbosa el 19 de septiembre al Congreso del Estado, sin antes consultarla, ni consensuarla con los magistrados y jueces del TSJ; el Consejo de la Judicatura se perfila como el ganón de esta reforma constitucional, pues no solo ejercerá el gobierno judicial, administrará sus recursos, evaluará el desempeño de jueces y magistrados, y los castigará en casos de indisciplina e irregularidades, sino que además asumirá la rectoría de la carrera judicial y de los exámenes de oposición, elaborará el presupuesto del Poder Judicial y la dirección de la Escuela Estatal de Formación Judicial, así como la Defensoría Pública.
En otras palabras, el gobernador Barbosa no tendrá que quitar a Héctor Sánchez de la presidencia del TSJ para hacerse del control del Poder Judicial, sino procurar que los cinco miembros del Consejo de la Judicatura sean afines a él para conseguirlo.
Sobre este punto la iniciativa parece violatoria del principio dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece “en la suma total de componentes de un Consejo, debe haber más sujetos directamente extraídos del Poder Judicial al que administrará”, ya que en el proyecto enviado al Congreso el Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será nombrado por el gobernador, dos por el Congreso del Estado mediante mayoría calificada y dos por el pleno del Tribunal Superior de Justicia.
La reforma plantea la creación de una Sala Constitucional de carácter permanente con cinco magistrados. Dicha propuesta resulta contradictoria a la luz de los coscorrones que el Ejecutivo y el Congreso del Estado han recibido de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la aprobación de leyes y decretos violatorios de la Constitución. Como escribí en mi anterior entrega: nada bueno se puede esperar de una Sala controlada por un gobernador incapaz de consensuar esta reforma con los integrantes del Poder Judicial, o si es aprobada por un Congreso local con récord de acciones de inconstitucionalidad en los últimos tres años.
Dicha Sala solo retrasaría la justicia constitucional, si al final es la SCJN quien tiene la última palabra en materia de controversias de competencia y acciones de inconstitucionalidad entre poderes y órdenes de gobierno. No hay más que revisar el artículo 105 de la Carta Magna.
La reforma tiene también aspectos positivos a resaltar, entre ellos la eliminación del nombramiento vitalicio o de inamovilidad de los magistrados; ahora los integrantes del TSJ y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) tendrán una permanencia máxima de 15 años. Los consejeros de la Judicatura durarán en su cargo seis años improrrogables, sin posibilidad de reelección, y los presidentes del TSJ cuatro años, sin posibilidad de reelección.
Otra cuestión positiva es la homologación de los magistrados del TSJ con los del TJA y la Sala Constitucional, de nueva creación; la prohibición que tendrán magistrados, consejeros de la Judicatura, jueces y funcionarios judiciales, de reunirse con cualquiera de las partes o sus apoderados fuera de los recintos judiciales oficiales; y el impulso de mecanismos de responsabilidad, diferentes al juicio político, para separar de su cargo a los magistrados que cometan irregularidades, se enriquezcan o se corrompan o afecten personas o empresas, como la figura de responsabilidad patrimonial del Estado por errores judiciales, por los cuales se pagará en una indemnización a los afectados.
En la iniciativa de reforma al Poder Judicial hay también evidentes omisiones, pues no se incluye como requisito que los magistrados del TSJ y el TJA, y los consejeros de la Judicatura tengan carrera dentro del Poder Judicial, como jueces o secretarios, o cuando menos una experiencia mínima acreditable, y tampoco que éstos, antes de ser propuestos al pleno del Congreso local, pasen por un examen de oposición
Otra cosa que tampoco aclara la iniciativa barbosista es cómo se evitará que en los juicios y controversias donde el gobierno del estado es parte, los jueces y magistrados actúen con parcialidad. En la exposición de motivos el problema se enuncia, pero no los mecanismos para resolverlo: “… la presente iniciativa aspira a romper el círculo vicioso que se ha instalado en las judicaturas nacionales, el cual consiste en utilizar los instrumentos del gobierno judicial para comprometer la imparcialidad y la libertad de criterio de los juzgadores. No queremos más que los jueces y magistrados sean rehenes de quien da y de quien quita”.
En suma: creo que la iniciativa no tendría que aprobarse fast track en la próxima sesión ordinaria del Congreso, sino discutirse incluso fuera del Poder Legislativo o a través de un parlamento abierto en el que participen académicos, investigadores, constitucionalistas y los profesionales del derecho a través de sus colegios y barras de abogados.
La prisa mostrada para que se apruebe y las presiones para que el presidente y los magistrados del TSJ y los consejeros de la Judicatura la hayan avalado, aun sin estudiarla a fondo, no auguran nada bueno de esta reforma al Poder Judicial.
EN CORTO
Después de leer y releer la iniciativa de reformas constitucionales sobre el Poder Judicial, creo que la intención de nombrar al titular de la Consejería Jurídica del gobierno del estado, Carlos Palafox Galeana, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, estoy convencido de que éste no será el que sustituya a Héctor Sánchez, sino el que presida el Consejo de la Judicatura, que en los hechos será el órgano de gobierno y el que administre los recursos de este poder.
Baso mi hipótesis en la trayectoria del propio consejero jurídico, que no se ha distinguido a su paso el gobierno del estado como un extraordinario abogado, sino como un administrador público cuando fue delegado de la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia, en la gestión de Mario Marín Torres, y como director jurídico de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, la Universidad Tecnológica de Puebla y la Secretaría de Economía, este último cargo en la gestión de Miguel Barbosa.
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Los diputados del Congreso del Estado, en especial los integrantes de la Comisión Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior del Estado, deberían investigar el motivo de las renuncias de varios funcionarios que llegaron con Amanda Gómez Nava, y que en el mes de septiembre fueron obligados a renunciar.
Entre ellos la directora general de Administración, Flor del Carmen Rebolledo Montes; el director del Órgano Interno de Control y Seguimiento a la Gestión, José Antonio Aguas Cruz, quien fue promovido como jefe de la Unidad de Integración de Informes; y el director de la Unidad de Difusión Institucional, Víctor Hugo Juárez Huerta.
Llama la atención la renuncia de Flor Rebolledo, el 20 de septiembre, pues se trata de una mujer que venía con la hoy titular de la Auditoría Superior del Estado, Amanda Gómez, desde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública del estado, y porque su salida se da en medio de versiones que indican que ésta se rehusó a firmar facturas por montos que estaban inflados.
Y el nombre del nuevo director general de Administración, Óscar Armando Santillán Zamora, quien es hermano del actual auditor especial de la Mejora de la Gestión y Tecnologías de la Información, Joel Jaime Santillán Zamora, lo que podría constituir un caso de nepotismo.
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Un personaje que viene operando para no quedarse fuera del Instituto Electoral del Estado (IEE), con la ayuda del representante de Morena, Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, es el consejero presidente Miguel García Onofre, quien a principios de noviembre será sustituido en ese cargo por Blanca Yassahara Cruz García.
La intención de García Onofre y el representante de Morena es que García Onofre se quede como secretario ejecutivo del IEE, en lugar de César Huerta Méndez, a quien le adelantarían su salida tres años, por las diferencias que éste ha tenido con algunos consejeros, entre ellos Jesús Arturo Baltazar Trujano.
Blanca Yassahara Cruz será la tercera mujer en presidir el IEE, la primera fue Alicia Olga Lazcano Ponce, quien cubrió el interinato de Armando Guerrero Ramírez en 2015, y la segunda Sofía Marisol Martínez Gorbea, quien también cubrió un interinato a la salida de Jacinto Herrera Serrallonga en agosto de 2019; y la quinta en venir de la estructura local del Instituto Nacional Electoral (INE) que encabeza Marcos Rodríguez del Castillo.
El primero fue el consejero presidente saliente, Miguel García Onofre; el segundo, el consejero Arturo Baltazar Trujano; la tercera, Sofía Marisol Martínez. Todos ellos fueron vocales ejecutivos distritales. La cuarta es Susana Rivas Vera, quien fue coordinadora de Comunicación en la Junta Local del INE con Marcos Rodríguez.
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