La reforma constitucional enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta al Congreso del Estado para modificar la estructura y funcionamiento del Poder Judicial del Estado, no busca acabar con la corrupción ni darle mayor independencia y autonomía a sus magistrados, sino controlarlo y supeditarlo como ya ocurre con el Poder Legislativo.
De entrada, llama la atención que la iniciativa no se haya consultado, ni elaborado con la participación de los magistrados y jueces del Poder Judicial.
Se trata de una imposición, de una intromisión de un poder (el Ejecutivo) sobre otro (el Judicial), con la complicidad de un tercero (el Legislativo), que no tiene ninguna autoridad moral para legislar sobre la creación de una Sala Constitucional después de todos los descalabros que se ha llevado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por acciones de inconstitucionalidad de distintas leyes locales en los últimos tres años.
Nada bueno se puede esperar de una Sala Constitucional —en el Tribunal Superior de Justicia— controlada por un gobernador incapaz de consensuar esta reforma con los integrantes del Poder Judicial, o si es aprobada por un Congreso local con récord de acciones de constitucionalidad perdidas.
Dicha Sala solo retrasaría la justicia constitucional, si al final será la SCJN la que tenga la última palabra en los conflictos entre poderes y órdenes de gobierno. No hay más que revisar el artículo 105 de la Carta Magna.
Otra cuestión que resulta injerencista es la intención del Ejecutivo de instruir al Poder Judicial sobre cómo deben funcionar y operar el Tribunal Superior de Justicia, la Sala Constitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura.
Esa intromisión equivale a que los magistrados le dijeran al gobernador Barbosa que, para mejorar la gobernabilidad, la Secretaria de Seguridad Pública debería pasar a depender de la Secretaría de Gobernación, que el titular de esta dependencia debería ser abogado y tener experiencia policíaca, o que su secretaria de Economía debería ser economista o administradora pública con experiencia empresarial, o que, para optimizar gastos, la Secretaría de la Función Pública y el Sistema Estatal Anticorrupción deberían fusionarse con la Auditoría Superior del Estado.
¿A poco al Ejecutivo le gustaría que el Poder Judicial le indicara cómo organizar su gobierno y cómo tendrían que operar las dependencias y entidades de la administración pública estatal?
La idea de que haya más consejeros de la Judicatura, nombrados por un poder distinto al Judicial no es nueva. La han intentado varios gobernantes y la SCJN ya resolvió esta cuestión mediante una controversia constitucional, la 32/2007, por la cual quedó establecido que no puede existir un Consejo de la Judicatura donde no sean mayoría los integrantes del Poder Judicial.
Otra intromisión, paralela a la reforma del Poder Judicial, es la decisión del gobernador Barbosa de que su actual consejero jurídico Carlos Palafox Galeana, se convierta en magistrado.
Su inclusión en una terna no sólo no abona a la independencia y autonomía del Poder Judicial, sino que pareciera ser violatoria de la fracción VI del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que expresamente prohíbe que un secretario de Estado sea nombrado ministro o magistrado sin que pase al menos un año fuera del puesto.
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Jonathan Ávalos Meléndez es hasta el momento el candidato más encarrilado para asumir la titularidad de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, una vez que el Congreso del Estado designe a Carlos Palafox Galeana como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
En la actualidad, se desempeña como subconsejero Jurídico Contencioso y de Análisis Estratégico.
Jonathan Ávalos es maestro en Derecho Constitucional y llegó a la Consejería Jurídica del gobierno barbosista por una recomendación del abogado Carlos Meza Viveros.
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