El problema de fondo de la crisis de gobernabilidad que se vive en San Pedro Cholula es que la edil de ese municipio, la panista Paola Elizabeth Angón Silva, no entiende la magnitud del problema que enfrenta. Ella considera que es un conflicto pasajero. No dimensiona que, por un lado, algunos funcionarios de su gobierno, literalmente, están huyendo del mismo por temor a involucrarse en problemas legales. Y por otro, ella sigue nombrando a directores con los mismos vicios que le han cuestionado, que es designar amigos o parientes en puestos relevantes.
Y en medio de esos dos extremos persiste el enfrentamiento –que ya cumple nueve meses– que la alcaldesa tiene con nueve de los 11 regidores del ayuntamiento, que le han obligado a remover a cuatro funcionarios que eran de su mayor confianza.
Un caso emblemático de esa crisis es el siguiente:
La próxima semana Adalberto Sánchez Sánchez ahora sí dejará el cargo de tesorero del ayuntamiento cholulteca, luego de que en junio pasado ya había presentado su renuncia. No se fue porque surgió una auditoría contra la Comuna y consideró pertinente no abandonar al puesto hasta finiquitar ese proceso de fiscalización.
Se sabe que uno de los motivos por lo que decidió “abandonar el barco”, es que había exceso de pagos en efectivo –es decir, fondos de los que no se puede probar su destino– que presuntamente se ordenaban desde la oficina de la presidencia municipal y ya era un monto que rebasaba las cantidades que se pueden “maquillar” y evitar que sean detectadas por la Auditoría Superior del Estado.
Que un tesorero se quiera ir, no que lo despidan, cuando apenas van nueve meses de una gestión municipal es signo de que no se están manejando bien los fondos públicos de ese gobierno. Ese tenía que haber sido un signo de “alarma”, desde junio pasado, para que la alcalde hubiera buscado modificar el rumbo de su gestión. Eso no ocurrió, al revés todo se complicó.
Ahora ya se ha hecho público el documento por el cual el próximo 15 de septiembre será el último día al frente de la Tesorería Municipal de Adalberto Sánchez, quien había pedido, en varias ocasiones, que se corrigieran los problemas de sobrecostos o la celebración de contratos que se han elaborado al margen de las reglas de control.
Si le hubieran hecho caso se habría evitado el penoso episodio de hace unos días, en que el Cabildo obligó a renunciar a Lucia Miramón, como secretaria general del ayuntamiento, luego de haberse descubierto como la funcionaria –sin tener las atribuciones— habría signado un contrato por “invitación” con un monto de 2 millones 146 mil pesos destinado a una atracción artística programada para la noche del Grito de Independencia.
Cuando surgió el primer intento de renuncia del tesorero, la edil Paola Angón parecía que entendía el fondo del problema y buscaba solucionarlo.
Desde que arrancó su gestión fue un escándalo que el director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula, José Luis Carpinteyro Lazcano, era de facto el verdadero alcalde de la ciudad. Se dice que él decidía –o sigue decidiendo—la contratación de personal, la firma de contratos de obras y proveedores, así como autorizar pagos. Era una clara violación a la Ley Orgánica Municipal, el que un funcionario sin atribuciones tuviera ese poder de decisión.
Angón removió –en junio pasado– a Carpinteyro del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado, pero lejos de irse, este hombre sigue presente en todas las decisiones importantes del gobierno local, pero sin que ostente un cargo oficial. Es decir, no se corrigió nada, únicamente se cambiaron las formas.
Una situación particular que se le cuestionó mucho a Carpinteyro fue la incorporación de familiares y amigos en cargos o en la obtención de contratos de la comuna cholulteca.
La edil, en lugar de evitar esos cuestionamientos, los sigue cometiendo. Un ejemplo es el siguiente:
Sandra Badillo llegó a la dirección del DIF Municipal y únicamente duró 5 meses en el cargo. No se seba las razones de su salida, pero se cree que no soportó el clima de inestabilidad del ayuntamiento.
Ahora ha trascendido que, posiblemente, la nueva directora del DIF podría ser Beatriz Ana María Brito, quien es pareja sentimental del primer esposo de la edil, Aldo de la Barreda, quien fue director de Comunicación Social de la Secretaría de Finanzas durante el morenovallismo. Es decir sigue prevaleciendo los “amigos” o familiares en la estructura municipal.
Eso es una muestra de que la edil no entiende que a la población le lastiman los escándalos de abusos con los cargos del ayuntamiento y con el gasto público.
Paola Angón todo lo reduce a acusar a los regidores de actuar de “mala fe” en su contra y de escandalizar. Ella sostiene que esa es la única fuente de conflicto y que se va a resolver cuando se aplaquen los miembros del Cabildo.
No entiende que no son los regidores el problema, sino los actos de su gobierno.
