La llegada y salida del ex secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar resultó muy oneroso para el erario. Ayer mismo el gobernador, Miguel Barbosa, confirmó que más de 260 millones de pesos se han pagado en laudos laborales y algo más, que hubo colusión entre servidores públicos y abogados.
De las palabras del mandatario también se deduce que algunos de los servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje carecen de la experiencia o preparación necesaria para ganar los juicios, es decir, que están ocupando y cobrando el sueldo de un trabajo que no saben realizar.
¿Nepotismo, corrupción o colusión?, no lo sé, pero bien caería una revisión al personal de la JLCA y de toda la Secretaría del Trabajo, para evitar que aquellos que llegaron a enriquecerse de manera poco ortodoxa dejen de exprimir las finanzas públicas.
Regresando al caso de Cuéllar, quiero recordar que en este mismo espacio abordé en al menos cuatro ocasiones el tema. Casi a su ingreso, en julio de 2019, denuncié la intentona de despedir a 70 trabajadores en la dependencia, para obviamente colocar a “su gente”.
En diciembre de ese mismo año acusé el doble juego que estaba realizando, cuando su esposa avivó el conflicto en el Congreso del estado, para evitar que algunas personas pagaran los adeudos o consumo del agua potable.
Año y medio después, en julio de 2021, cuestioné qué tan legal y ético era que el mismo titular de la Secretaría del Trabajo fuera quien figurara como abogado litigante en las denuncias de varios ex burócratas.
Esa dualidad, la de ser borracho y cantinero, se apreciaba en al menos 100 expedientes en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Y para octubre del año pasado analizamos el tiempo que tardaría la JLCA para resolver los expedientes que a paso de tortuga eran atendidos. En el mejor de los casos, Cuéllar y su gente lograría acabar con el rezago en cinco años, pero en el peor, requerirían de 12 años.
Recordemos que para el estado, cada año, cada mes, cada quincena, que se acumula repercute porque se incrementan los salarios caídos de quienes ganan los juicios.
El caso de Cuéllar es una clara muestra de que no todos los empleados de la 4T son eficientes y que la falta de resultados nos cuesta muy caro, ya sea a los poblanos o a los mexicanos, en general.
Sin duda las investigaciones sobre la posible colusión entre funcionarios públicos y los abogados que defienden a exburócratas permitirán conocer cuál es el grado de implicación y si existe, cuál es la red de corrupción que se ha beneficiada a costa de la espera de los extrabajadores y del dinero público.
A esos malos funcionarios también habrá que sancionarlos, así como a quienes solaparon desde los niveles más altos de la dependencia, estos sucios acuerdos.
Que conste que se los dije.
