Durante su campaña rumbo a la gubernatura, el entonces candidato Miguel Barbosa prometió desmantelar el modelo de negocios que se había establecido en Puebla durante el periodo morenovallista.
Dentro de este modelo de negocios, en el cual se convirtió esa administración, se encuentra el manejo de la concesión del servicio de agua potable, el cual se le entregó a la empresa Concesiones Integrales, la cual, posteriormente, cambió su razón social para operar ahora bajo el nombre de Agua de Puebla para Todos.
Desde el inicio de su gestión, Barbosa, quien es abogado de profesión, analizó los términos mediante los cuales se signaron los contratos en diciembre del 2013 con la empresa Concesiones Integrales, la cual “ganó” el contrato por 30 años para hacerse de los servicios del manejo, distribución, cobro y saneamiento del agua potable de Puebla, comprometiéndose de manera inicial a realizar una inversión de 3 mil 800 millones de pesos.
La privatización del agua potable arrancó en 2014, al mismo tiempo que Concesiones Integrales cambiaba al nombre de Agua de Puebla para Todos.
Concluido el periodo morenovallista, con la muerte de la entonces gobernadora, Martha Erika Alonso y del propio Rafael y luego de su triunfo en las urnas en el 2019, el actual mandatario se dedicó desde ese entonces a analizar dicho contrato, bajo la promesa de echarlo abajo o en su caso poder modificarlo.
La administración de la entonces presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, no pudo o no quiso cumplir con su promesa de campaña de revertir esa privatización, alegando que era un tema del Congreso local, presidido en ese entonces por Gabriel Biestro Medinilla.
De regreso al 2022, el pasado 5 de mayo, el presidente de la República, López Obrador, ofreció su apoyo al gobernador Miguel Barbosa para revertir el tema de la concesión de este servicio a la empresa Agua de Puebla, esto durante su conferencia de prensa “mañanera” celebrada desde las instalaciones de la 25 Zona Militar, en donde pernoctó, previó a los festejos conmemorativos a la batalla de Puebla.
Cabe señalar que, desde el 19 de noviembre del 2019, durante una visita a la entidad, López había instado a Barbosa a echar abajo esta concesión realizada durante el morenovallismo.
Ayer, el gobernador Barbosa anunció el inicio de acciones legales para recuperar el manejo de la concesión del servicio de agua potable, en manos de Agua de Puebla o modificar el contrato celebrado hace casi 8 años, para que este no lesione a los poblanos.
El gobernador señaló que su administración y el Congreso del Estado ya estudian las acciones legales pertinentes, aunque reconoció que no se trata de un tema que vaya a ser fácil de manejar, ya que dijo, es un asunto complicado.
Incluso, Barbosa dijo que el manejo del vital líquido podría regresar a manos del ayuntamiento de Puebla, de acuerdo a las facultades constitucionales con las cuentas la comuna que encabeza Eduardo Rivera Pérez, quien no se ha pronunciado al respecto.
Lo cierto es que el mandatario estatal se prepara para una larga batalla jurídica en contra de Agua de Puebla, para tratar de recuperar lo que es de los poblanos y que Moreno Valle entregó a una empresa privada, la cual, aunque no ha hecho un mal trabajo, ha impuesto fuertes tarifas por el consumo y saneamiento del agua potable.
El tema es tratar, a través del Congreso, de modificar el contrato celebrado por Rafael con esta empresa, para tratar de que no sea tan ventajoso para Agua de Puebla y sea más justo para los poblanos.
Sin lugar a dudas, se trata de un tema por demás espinoso y con diferentes aristas y es que, dentro del mismo contrato celebrado con la pasada administración, existen cláusulas de rescisión de contrato, bastante severas, lo que complica deshacer lo acordado en el año de 2014.
Será muy importante ver el trabajo jurídico que lleve a cabo el gobierno a través del titular del área, Carlos Palafox Galeana, un verdadero profesional en toda la palabra y también el equipo de abogados del Congreso local, quienes trabajarán de manera conjunta, buscando que lo que se acuerde con Agua de Puebla, no perjudique a los poblanos.
Reitero, será una auténtica batalla jurídica para tratar de recuperar este servicio, considerando que el agua es un derecho humano irrenunciable.
Otro tema será el ver si el ayuntamiento de Puebla puede tener la capacidad para poder administrar este servicio, en caso de que el gobierno y el Congreso logren recuperarlo.
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