El tan desgastado “caiga quien caiga”, que solían declarar los políticos de pasado cuando se hablaba de combate a la corrupción, siempre encontraba un límite, con un manto de impunidad, que proporcionaba el amiguismo, los compadrazgos, la parentela o porque los presuntos delitos eran perpetrados por funcionarios en activo. Se supuso que evidenciar actos y patrimonios mal habidos de servidores que estaban en funciones era intransitable, porque perjudicaba a la administración en curso. Eso hoy se acabó en Puebla.
El gobernador Miguel Barbosa Huerta no titubea, aunque se trate de funcionarios que él nombró.
Hay un reconocimiento de que, si alguien traicionó la confianza, deberá pagar por sus actos.
No basta con el exilio.
Ni siquiera con aquella máxima juarista de: “A los amigos, la gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
La persecución de delitos es en serio.
Ahí están dos casos inéditos y además paradigmáticos de la intransigencia de esta administración estatal con la corrupción:
El ex titular de la Secretaría de Movilidad, Guillermo Aréchiga Santamaría, quien está encarcelado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la venta de concesiones y equipo, en el proceso de la modernización del transporte público, que tenía a su cargo.
El ex priísta no entendió que eran otros los tiempos.
Se sintió de nuevo en el marinismo, en donde a pesar de que se encontraban irregularidades, no se denunciaban para no “manchar” al gobierno, de sí tan desprestigiado, que encabezó Mario Marín Torres.
Y el otro caso es del ex auditor superior, Francisco Romero Serrano, señalado por un alud de presuntos delitos, todos relacionados con la delicada función que tenía de fiscalizar el dinero público estatal.
Aunque la Auditoría Superior del Estado no es propiamente una instancia del gobierno, por supuesto que es la institución más importante en el esquema de rendición de cuentas.
Los mensajes están ahí, para quien sepa leerlos y, más todavía, para quien pueda entenderlos.
Pero por si faltaba claridad, esta semana el gobernador se refirió a dos casos más.
Los casos de Rodolfo Chávez Escudero y Armando Toxqui Quintero, quienes están siendo investigados y pueden terminar en la cárcel, por los presuntos actos de corrupción que cometieron en el Organismo Público Autónomo (ODP) “Carreteras de Cuota Puebla”.
El mandatario poblano fue muy claro: los calificó como “pillos”.
“Dos pillos que robaban acá y que se van a ir a la cárcel. Se los digo, no es posible esto”, dijo en clara referencia a los dos ex funcionarios estatales.
Chávez Carretero es especialmente objeto de fiscalización. Subido a un pequeño ladrillo, enloqueció, se mareó… y hay múltiples evidencias de sus abusos y excesos.
(A propósito: fue él uno de los principales promotores de Romero Serrano para la Auditoría. Hoy se sabe que cojeaban del mismo pie).
El mensaje es claro: el gobierno estatal no transige con la corrupción ni la delincuencia.
En otro flanco, por presuntos vínculos con la delincuencia o con hechos criminales, hay alcaldes en funciones que también están en la cárcel.
El caso más reciente es del presidente municipal de Acatlán de Osorio, Arturo N.
Panista, por cierto, y muy defendido por la dirigente estatal de este partido, Augusta Díaz de Rivera, quien al parecer no tiene empacho en meter por él las manos al fuego.
¿Pues qué se deben?
En resumidas cuentas:
En esta Puebla, efectivamente, se practica el “caiga el que caiga”.
Más vale que lo entiendan todos.
Adentro y afuera del gobierno.
