El conflicto del sindicato de burócratas ha entrado en un limbo jurídico, pues hoy nadie sabe cuál es la solución a un conflicto que ha dejado a la organización gremial sin pies ni cabeza. Prácticamente no hay dirigentes gremiales y no hay una representación laboral de los trabajadores de los poderes públicos del estado de Puebla.
El nuevo titular de la Secretaría del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, tendrá que lidiar de inmediato con un conflicto que toca las puertas del Poder Ejecutivo.
Tal vez muchos trabajadores del sector oficial estatal no lo perciben, pero ya transcurrió la primera quincena del año sin que tengan una representación sindical legalmente reconocida.
La parte más patética de esta situación es que las oficinas sindicales están retenidas, de manera ilegal, por Virginia Socorro Meza Cruz, quien el pasado 31 de diciembre oficialmente dejó de ser la secretaría general del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados.
En los últimos 15 días, Meza Cruz ha llegado puntual –a las 4:30 de la tarde– a las instalaciones en cuestión y se retira a las 9 de la noche. Nadie sabe que hace ahí. Esta mujer ya no tiene ninguna representación legal ante el gobierno del estado y dejó de recibir las cuotas sindicales de los más de 3 mil miembros afiliados.
Los vehículos del sindicato son sacados del estacionamiento y utilizados para propósitos personales, sin que nadie autorice su uso.
Otro personaje que llega todas las tardes a la sede de la agrupación es Jhovany Oliver Gallo, quien supuestamente ganó las votaciones de la segunda semana de diciembre pasado, mismas que no fuero no reconocidas por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, que es la instancia legal que otorga la toma de nota, que es el reconocimiento legal de los dirigentes de un sindicato.
Oliver Gallo no se puede presentar más temprano a las oficinas sindicales porque no tiene permiso para ausentarse de sus labores como trabajador del Poder Ejecutivo.
No puede recorrer los centros de trabajo de los tres poderes públicos del estado por falta de tiempo y no tener el reconocimiento legal como dirigente.
Mucho menos puede convocar a asambleas parciales o generales a las bases sindicales, porque más de la mitad de los agremiados lo repudian.
Y por si fuera poco, todos los días se presenta para recibir órdenes de Virginia Socorro Meza Cruz, cuando se supone que Jhovany Oliver Gallo tendría que ocupar el cargo de dirigente y no de subordinado.
La disidencia sindical, que es encabezada por Martha Rodríguez Salinas, está a la espera de que el próximo lunes surja un fallo federal en donde se le ordene al Tribunal de Arbitraje intervenir en la solución de dicho conflicto.
Nadie sabe en que va a acabar dicho galimatías sindical.
