Este domingo se publicó en el portal noticioso Contralínea un reportaje bajo la firma de su fundador y director, el periodista Agustín Miguel Badillo Cruz, que tiene como tema principal al Grupo Kosmos, de la familia Landsmanas que, a decir de ella misma, constituye el consorcio de empresas más grande de México en servicios de alimentación.
La investigación periodística revela dos cosas: una es que las empresas del Grupo Kosmos están siendo investigadas desde hace un par de años por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Función Pública (SFP), la Procuraduría Fiscal, el SAT y el Centro Nacional de Inteligencia, por acusaciones de tráfico de influencias, corrupción, manipulación de información privilegiada, venta de productos con sobreprecio de hasta el 120 por ciento y distribución de alimentos en mal estado.
La segunda es que las empresas de este corporativo de la familia Landsmanas, de origen lituano e integrante de la comunidad judía de México, ha obtenido multimillonarios contratos gracias a sus vínculos y relaciones políticas con los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador.
Según el reportaje de Miguel Badillo, solo en los últimos tres años las empresas del Grupo Kosmos han suscrito contratos por más de 18 mil 440 millones de pesos, tanto del gobierno federal como de administraciones estatales y hasta municipales.
La investigación de Contralínea no menciona las compras de alimentos, fármacos y otros bienes e insumos que los gobiernos de Puebla le han hecho desde hace por lo menos ocho años a través de las administraciones de Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali Fayad, Guillermo Pacheco Pulido y Luis Miguel Barbosa Huerta.
Pero puedo anticiparle que son adquisiciones de cientos de millones de pesos, y que las sociedades de Grupo Kosmos han obtenido por adjudicaciones directas, concursos por invitación restringida y licitaciones públicas.
Lo que también le puedo adelantar es que el actual gobierno de Miguel Barbosa es el que más contratos de servicios de alimentos le ha adjudicado para los centros penitenciarios de la entidad, los cuerpos de seguridad y para los programas alimentarios del Sistema Estatal DIF para personas en situación de emergencia o desastre, estancias de día, casas de asistencia, personas con discapacidad, rescate nutricional, iniciando una correcta nutrición, adultos mayores y mujeres embarazadas en periodo de lactancia y/o con hijos menores de 2 años.
Las compras que la administración barbosista ha realizado en 2020 y 2021 a las empresas de este corporativo, investigado por la UIF por tráfico de influencias, corrupción y venta de productos con sobreprecio de hasta el 120 por ciento, son multimillonarios, sobre todo a la sociedad Abastos y Distribuciones Institucionales (ABADI SA DE CV), de la que por cierto no se hace ninguna mención en el reportaje de Contralínea.
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