El histórico desafuero a dos diputados poblanos tiene muchas aristas, sin embargo, me sigo cuestionando si los legisladores habrían llamado a cuentas a Mauricio Toledo por el presunto enriquecimiento ilícito, si el caso de Saúl Huerta no se hubiera ventilado en medios nacionales.
Las acusaciones en contra del morenista por los dos jóvenes, los audios de la llamada telefónica donde pide que “no lo destruyan”, las pruebas reveladas por la Fiscalía de la Ciudad de México y hasta los testimonios hemerográficos, que recuerdan que antes también hubo otros abusos; no dejan duda a que existen elementos suficientes para la investigación y detención.
A la par, Huerta Corona enlodó a Morena, justo cuando AMLO se entercaba en que un violador fuera gobernador de Guerrero; por ello y por la gravedad del presunto delito, el caso acaparó los reflectores nacionales, lo que obligó a que los diputados —incluido su defensor Nachito Mier—, tarde y con fallos, aprobaran el desafuero.
Al margen de reconocer que por fin se hayan fajado los pantalones y hayan decidido que la justicia sí puede actuar contra uno de los suyos, debo cuestionar que se hayan tardado casi 4 meses para llegar a ello.
Enfatizo que en muchos casos se han señalado a diputados o autoridades que se han enriquecido ilícitamente y pocas veces son puestos a disposición de la justicia, a menos claro, que se trate de una venganza política.
Es decir, existe la enorme posibilidad de que las acusaciones contra Mauricio Toledo se hubieran quedado en el archivo muerto, con la salvedad de que las revivieron en medio del escándalo que propició su colega.
Qué conveniente que en medio de la tormenta mediática contra el presunto violador de menores, se haya sumado el caso de Mauricio Toledo, quien no hizo nada más grave que otros miembros de la 4T de quienes también se han documentado sus enriquecimientos inexplicables. Sin embargo, ninguno de ellos tiene cuentas pendientes con alguien tan poderoso como Claudia Sheinbaum cómo sí las tenía Toledo.
Y justamente ahí es a donde los defensores del diputado petista quieren llevar la discusión. Ayer se centraron en señalar que la sanción que se le aplicaba a Toledo respondía a temas políticos y de venganzas personales.
De los millones que presuntamente se embolsó como delegado de Coyoacán, poco o nada se dijo. Una vez más se desvió el tema central.
¿Y si fue al revés?
Ahora veamos el caso desde el ángulo opuesto; sería posible que aunque Huerta Corona contaba con el respaldo y la protección de Ignacio Mier, tuvieran que sacrificarlo porque a Toledo sí pensaban desaforarlo, como parte de la guerra interna de la 4T rumbo al 2024.
En ese supuesto, sería inexplicable que el petista sí fuera sancionado y el morenista no. ¿Cómo justificarían los diputados que ejecutaron el desafuero de un defraudador y no lo hicieran con un presunto violador?
Por eso la pregunta regresa, ¿quién arrastró a quién?
El largo camino a las rejas
Aunque el desafuero era un paso histórico y que por momentos se vio inalcanzable, la acción no repara por sí misma los daños causados, tampoco garantiza jurídicamente la culpabilidad de los señalados y menos responde a una completa impartición de la justicia.
Falta mucho camino en ambos casos para que realmente se aplique la ley, además de que después de que les dieron más de 100 días de ventaja, uno difícilmente cree que puedan terminar tras las rejas.
De entrada, Toledo ya anda en Chile y de Huerta se sabe puro chile.
¿Acabarán en la cárcel o gozarán de una libertad pactada?
Veremos y diremos.
