Se cobran venganza contra el magistrado que denunció la corrupción en el TEPJF para favorecer a RMV

La destitución de José Luis Vargas Valdez –más allá de presuntos escándalos de enriquecimiento inexplicable que pesa en su contra— es una clara venganza contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por haber sido quien propuso en diciembre de 2018 la anulación de la elección de gobernador de Puebla, por las anomalías cometidas a favor de la entonces candidata Martha Erika Alonso Hidalgo. Pero sobre porque en la sesión en que se resolvió ese histórico litigio denunció que se resolvió en beneficio de la aspirante panista por la presión y el cabildeo que desde el PAN –dígase el morenovallismo—se ejerció contra los integrantes de la sala superior del TEPJF.

De manera sorpresiva este miércoles en el pleno del TEPJF una mayoría de magistrados, encabezados por Janine Otálora Malassis, removieron a José Luis Vargas, a quien acusaron de actos de corrupción, luego de que trascendió que estaría siendo objeto de una investigación por haber ejercido gastos por 36.7 millones de pesos en los últimos 7 años, cuando en el mismo periodo reportó ingresos por 16.7 millones de pesos, lo que significa un ejercicio de 20 millones de pesos de manera injustificada.

No obstante, ese movimiento se percibe más como un ajuste político que un combate a la corrupción. Se le observa como una venganza del PAN.

Vargas Valdez fue el magistrado que hace tres años propuso un proyecto de sentencia en el cual exponía que se había roto la cadena de custodia –pues el resguardo de los votos que es la parte más sagrada de un proceso electoral—de la elección de gobernador y, por ende, se debía anular el resultado a favor de la panista Martha Erika Alonso Hidalgo y convocar a comicios extraordinarios.

Al mismo tiempo denunció que hubo presiones, desde el PAN, para que la mayoría de los magistrados, aunque no conocieran del proyecto, se les obligara a votar con los ojos cerrados en contra de la propuesta de anular la constancia de mayoría que se le había otorgado a Martha Erika Alonso Hidalgo.

Ahora con su destitución, ayer en el pleno del TEPJF, se percibe la mano del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y su escudero, el ex senador Roberto Gil Zuarth, para vengarse de Vargas Valdez por el agravio de 2018 y como un intento de tomar el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de cara a la sucesión presidencial de 2024.

<cab> Siguen los mismos actores

El asunto es muy claro: quien en 2018 ejerció una especial presión –por encargo del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas—en contra de los magistrados del TEPJF para que fallaran a favor de Martha Erika Alonso Hidalgo fue Roberto Gil Zuarth, el poderosísimo ex secretario privado de Felipe Calderón Hinojosa cuando este último fue presidente de México.

Y ahora, quien fue nombrado presidente del TEPJF luego de la destitución de Vargas Valdez ha sido el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien es un personaje del grupo político del ex secretario privado de Calderón, pues antes de entrar al Poder Judicial fue jefe de asesores de Roberto Gil Zuarth.

Se dice que el propio ex presidente Felipe Calderón en el sexenio peñista, como parte de los acuerdos que había entre el PRI y el PAN en torno al llamado Pacto por México, fue quien empujó que Reyes Rodríguez Mondragón llegara a ser parte de la sala superior del TEPJF.

Dos destacados calderonistas, Ernesto Cordero y Roberto Gil, fueron quienes encabezaron a un grupo de senadores panistas que negociaron los votos legislativos del PAN a favor de la reforma energética y educativa de Enrique Peña Nieto, a cambio de obtener posiciones en puestos claves, como es el Tribunal Electoral.

Otro dato: días después de resolverse el juicio que Morena y el entonces candidato Luis Miguel Barbosa Huerta presentaron argumentando que se cometió un fraude en los comicios de gobernador, el magistrado Vargas Valdez acusó lo siguiente:

Aseveró que Janine Otálora Malassis, quien en diciembre de 2018 era la presidente del TEPJF, al haber permitido una presión política para fallar a favor de Martha Erika Alonso había fracturado la cohesión interna del Tribunal Electoral, pues el dictamen que beneficiaba al PAN se salía de la lógica jurídica de defensa del voto.

De alguna manera, deba entender que la dilación, presión y cabildeo que hubo en el tema de la elección de Puebla había sido posible por la complicidad de Janine Otálora Malassis con el panismo. Por eso en su momento exigió la renuncia de la magistrada.

En diciembre de 2018 había dos magistrados que estaban en el extranjero y Otálora Malassis los hizo regresar a México, llegando en la madrugada del día que se resolvió el litigio de Puebla. Sin haber tenido tiempo de analizar el proyecto de sentencia –de 500 fojas—votaron contra la propuesta, narró en su momento Vargas Valdez.

Ahora, Otálora Malassis es quien estuvo en la primera línea para buscar la defenestración del presidente del TEPJF.

No cabe duda que en algo que no se equivocó José Luis Vargas Valdez en que en algún momento calificó: la elección de Puebla antes, durante y después estuvo sucia.

Y sigue generando efectos negativos.