La maldita justicia que nunca llega

Al estilo de la mafia siciliana existe un pacto de silencio o una omertá en torno a las redes de trata de personas y de pornografía infantil –controladas por la llamada mafia libanesa– que abarca hasta las altas esferas del Poder Judicial federal. Eso explica el fallo del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo que absuelve a Kamel Nacif Borge, mejor conocido como “el rey de la mezclilla”, del delito tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro, bajo los criterios de que nunca se violaron los derechos humanos de la agraviada, no hubo abuso de poder y nunca hablaron de ella el empresario en cuestión y el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, en las grabaciones que el 14 de febrero de 2006 detonaron el llamado Lydiagate.

Es algo muy parecido a que la que ha ocurrido con el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, existe un pacto de silencio que lleva a que jefes de la mafias del narcotráfico, policías y jueces corruptos, así como políticos del gobierno peñistas, todos se coludan para que no se sepa el destino que tuvieron de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

De nada ha servido la voluntad política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de querer llegar a la verdad del caso Ayotzinapa y de intentar acabar con la impunidad que ha envuelto al caso de Lydia Cacho Ribeiro, pues al final el Poder Judicial es una barrera de protección, de contención, que frena todos los buenos propósito de la 4T y los reclamos de justicia que hay en el país.

Mientras no se reforme y se elimine a las mafias que controlan al Poder Judicial federal y de todos los estados del país, nunca llegara la maldita justicia que es un sueño utópico en México.

Los jueces son el verdadero rostro de la descomposición institucional que se vive en México. Son los defensores de poderosas estructuras de corrupción, del crimen organizado y de los abusos de poder.

En el caso de Lydia Cacho Ribeiro es muy claro, aunque se cumplió el compromiso de la 4T de reabrir los procesos legales contra las tres principales figuras implicadas en el Lydiagate, Mario Marín Torres, Kamel Nacif Borge y Adolfo Karam Beltrán, desde la Fiscalía General de la República (FGR) y desde el Poder Judicial federal se ha buscado que los procesos legales se trastoquen y se acabe liberando de toda culpa a estos personajes centrales.

Y toda la culpa se acabe radicando en un grupo de agentes policiacos –que en 2005 detuvieron a la escritora– que sólo obedecían órdenes superiores y nada tenían que ver con la venganza que Kamel Nacif y Mario Marín Torres urdieron contra Cacho Ribeiro por denunciar en el libro “Los demonio del edén” la protección de políticos daban –y seguramente siguen dando– a las redes de pornografía infantil que se generan desde Quintana Roo.

Primero la FGR ocultó que ya se había encontrado el paradero de Kamel Nacif Borge en el Líbano, luego de que este huyó de México, lo cual fue un impedimento para que diera tiempo generar un proceso de extradición, triangulando esa posibilidad con España, toda vez que la nación del Medio Oriente no tiene acuerdos con la República Mexicana en materia de justicia.

Y en segundo lugar, que la magistrada María Elena Suárez Préstamo que llevaba con pulcritud el juicio contra Marín, Nacif y Karam fue removida de juzgado, una vez que pasaron los comicios del 6 de junio pasado, para poner en su lugar a dos magistradas que son cercanas al poder político priista de Quintana Roo que siempre tuvo conexión con el grupo de Mario Marín Torres y tendría una relación estrecha de “el rey de la mezclilla”, pues este último ha financiado las campañas electorales del PRI en esa entidad del sur del país.

Lo más grave, es que las magistradas determinaron que no hubo tortura contra Lydia Cacho, que su detención ilegal en diciembre de 2005 no fue motivada por las denuncias de abuso contra menores que hizo en el libro de “Los demonios del edén” y la parte más absurda, que establezcan que cuando Mario Marín habla en las grabaciones –que se hicieron públicas el 14 de febrero de 2006 por La Jornada— y dijo: “ya le dí un pinche coscorrón a esta vieja cabrona” no se refería a la periodista.

Según las magistradas decir “vieja” es solo hablar de una persona de la tercera edad y Lydia Cacho era joven cuando la detuvieron.

Es claro que es un argumento sin sustento, pues en el hablar popular “vieja” tiene muchas connotaciones que no siempre hacen referencia al factor de la edad, sino es fundamentalmente para referirse a una mujer de manera despectiva.

Lo que en realidad se trata es de buscar cualquier salida para proteger el trío de Marín, Nacif y Beltrán.

La ley del silencio u omertá es una figura que creó en el siglo XIX la Cosa Nostra, es decir la mafia siciliana de Italia.

En 1962, un mafioso llamado Joe Valachi, de la familia Genovese de Nueva York, narró por primera vez ante el Senado de Estados Unidos la existencia de la llamada omertá, en la que mafiosos, informantes, policías y hasta jueces se unen para guardar silencio sobre una causa penal contra algún líder del crimen organizado para protegerlo. Quien no lo hace lo matan.

Tal parece que ese tipo de pactos le podría salvar el pellejo a Mario Marín, en detrimento de la justicia en México.