Corrían los primeros meses de la LX legislatura local –la que está a punto de concluir sus funciones – y lo que parecía una revisión convencional, de meros aspectos técnicos, dejó atónitos a varios miembros de la bancada de Morena, cuando descubrieron que los espiaban desde los teclados de las computadoras. Y que el centro de recolección de audios, videos y documentos estaba en un inmueble frente a la sede del Congreso local.
Resulta que dentro de los teclados de las computadoras había una especia de cubierta de silicón, muy delgada y adaptable al tamaño del conjunto de las teclas. Ese sistema permitía operar micrófonos y una cámara, para grabar conversaciones y copiar todos los documentos que pasaran por los ordenadores.
Toda esa información era recabada y se mandaba a un servidor, que según evaluaron los técnicos que intervinieron, estaba instalado a unos metros del Congreso. En algunos de los inmuebles que están frente a la sede legislativo, sobre la avenida 5 Oriente del Centro Histórico.
Al final, no pudieron detectar el lugar exacto a donde llegaba toda la información recopilada. Tampoco se pudo determinar desde cuando operaba esa sofisticada y onerosa red de vigilancia.
Por alguna razón no se quiso que trascendiera a la opinión pública ese descubrimiento. No se supo cuál era la fuente de ese espionaje y se optó por generar un sistema permanente de detección de aparatos utilizados para la observación ilegal.
De acuerdo a la versión que este columnista recogió hace ya casi tres años y corroborada con una importante fuente del Poder Legislativo, las cámaras y videos se encontraron en las oficinas de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, así como en las áreas administrativas. O por lo menos, es lo que se narró en ese entonces.
A nadie debe sorprender esta historia, pues los ocho años del morenovallismo se caracterizaron por la permanente actividad de espionaje –que principalmente controló Eukid Castañón Herrera— y que fue una pieza clave para la persecución de críticos de Rafael Moreno Valle Rosas, de activistas sociales, de periodistas e incluso de destacados líderes del PAN, que sufrieron el amedrentamiento del grupo en el poder.
La relevancia de este hallazgo es que ocurrió –en los primeros meses de 2019– cuando ya habían muerto en un accidente aéreo el ex mandatario Rafael Moreno Valle Rosas y su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo, quien al momento de la tragedia tenía 10 días de haber sido ungida como gobernadora de Puebla. Y Jesús Rodríguez Almeida, era el titular interino del Poder Ejecutivo.
Eso quiere decir que aún ya desaparecidos los dos únicos líderes y cabezas del morenovallismo, seguía operando el equipo de espionaje Pegasus que se adquirió con fondos públicos, por una orden directa de Rafael Moreno Valle y con la anuencia de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, toda vez que la empresa NSO, de capital israelí, sólo vendía esos sofisticados instrumentos a gobiernos nacionales. No tenía trato con gobernantes locales.
Y plantea una pregunta fundamental: ¿Dónde quedó ese equipo Pegasus y quiénes lo han operado en el último trienio?
Lo poco que se sabe, es que ni en la gestión del gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido ni la actual administración de Luis Miguel Barbosa Huerta se encontraron rastros del equipo de espionaje Pegasus, que desde 2017 el periódico The New York Times reportó que en Puebla no se utilizaba para combatir el crimen organizado sino para desplegar espionaje político.
Los Moreno Valle no podían con los diputados de Morena
En 2018 el morenovallismo entró en una crisis mortal, al sufrir una derrota electoral brutal por la ola lopezobradorista que le quitó el control del Congreso local, las diputaciones federales y las senadurías, así como los ayuntamientos más importantes de la entidad.
Lo único que salvó el morenovallismo –por los perversos oficios de Eukid Castañón Herrera– fue la gubernatura a favor de Martha Erika Alonso, mediante un gigantesco fraude electoral y con un cuestionado fallo de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados fueron ciegos ante la violación de la cadena de custodia de los paquetes electorales de los comicios de hace tres años.
Algo que en ese entonces le quitaba el sueño al matrimonio Alonso-Moreno Valle, es que el grupo parlamentario de Morena y sus aliados era una facción sólida que no había podido ser corrompida o infiltrada por el morenovallismo. Lo cual planteaba un escenario crítico en el que la nueva gobernadora iba a tener un Congreso insumiso y en constante confrontación.
Para romper ese esquema se echó a andar un esquema de incluir en el proyecto de presupuesto para 2019 una partida de supuesta gestión social a favor de los diputados, que no era otra cosa que entregar de manera discrecional a cada legislador varios millones de pesos para que los utilizara en proyectos de obras públicas y los representantes populares pudieran beneficiar sus bolsillos.
La otra apuesta, era espiarlos y descubrir aspectos vulnerables de los principales legisladores rivales del morenovallismo.
Ambas estrategias acabaron siendo desarticuladas por una intervención directa de la Secretaría de Gobernación federal, que entre otras acciones ordenó cambiar el proyecto de presupuesto y eliminar las partidas discrecionales que había para los diputados locales que en su conjunto, era una cantidad superior a los 500 millones de pesos.
