Un caso que ha llamado mucho la atención entre el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del propio Poder Judicial es el trato desproporcionado, excesivo, que se ha ejercido contra el agente del Ministerio Público (MP), Pedro Rafael, quien teniendo 75 años de edad y más de 30 años de servicio, lo quieren encarcelar por un proceso menor que es no haber firmado la devolución de un auto que se encuentra bajo resguardo ministerial. Todo indica, que se trata de un “chivo expiatorio” para dar un escarmiento al resto de los integrantes del aparato de procuración de justicia de Puebla.
Resulta que en las últimas semanas ha trascendido que varios agentes del Ministerio Público están tramando hacer un paro en protesta a las pésimas condiciones en que los hace laborar el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, pues son sometidos a cargas excesivas de trabajo, poco personal en cada delegación y en muchos lugares siempre hay carencias de los insumos básicos, como es papelería, tinta para las impresoras y hasta el servicio de internet.
Esa situación lleva a que los agentes del Ministerio Público deban de aportar los insumos de trabajo que se supone, les debe de dotar la FGE. Tal condición provoca que muchas veces sacrifiquen una parte de sus ingresos propios o recurran a solicitar “dádivas”, es decir sobornos, para que sus oficinas puedan funcionar adecuadamente.
Se dice que cuando ese clima de malestar habría llegado a oídos de las oficinas centrales de la FGE, se decidió dar “un escarmiento” a los agentes del MP para frenar dicha protesta.
Sobre todo en un momento delicado en que la FGE se ha visto envuelta, por enésima vez, ahora por el escándalo de la fuga del reo Felipe Hernández Tlatelpa, alias “el Pirulí”, la tarde del 6 de junio, el día de la última elección local y burlando todos los filtros de seguridad del penal de San Miguel.
Cuando la dependencia informó de la evasión de este hombre lo imputó con el asesinato de tres estudiantes de Medicina y un chofer de Uber, ocurrido en febrero de 2020 y que desató la más grande movilización universitaria de Puebla, para que un par de días después la fiscalía acabara reculando y admitiendo que no había podido vincular a proceso “el Pirulí” con el asesinato de los universitarios y el conductor, pese a que llevaba seis meses de haber sido aprehendido.
Ante la imposibilidad de enfrentar otro escándalo por un paro del personal de la Fiscalía General del Estado, se decidió buscar un “chivo expiatorio” en la figura de algún agente de MP que no tenga “peso político” en la FGE o que no cuente “relaciones peligrosas”. Es decir, que no cause problemas su enjuiciamiento.
El objetivo sería mandar el mensaje de lo que le podría pasar a quien se insubordine.
Un asunto en que se ha prestado a actuar en contubernio el Tribunal Superior de Justicia que encabeza Héctor Sánchez.
Por eso se eligió a un agente de nombre Pedro Rafael, de 75 años de edad y casi cuatro décadas de servicio, quien a pesar de su avanzada edad seguía laborando como una manera de lograr su pensión.
A este hombre lo acusan de desobediencia al mandato de la autoridad judicial, pues no habría cumplido una orden de juez de devolver un particular un automotor que esta bajo resguardo ministerial.
La realidad es que el agente no cumplió con el mandato del juez porque el titular de la Unidad de Investigación de Delitos Culposos de la FGE, Fidel Sánchez Rueda, –el mismo que hizo el levantamiento de los cuerpos de Rafael Moreno Valle Rosas y Martha Erika Alonso Hidalgo, el 24 de diciembre de 2018—no dio el aval para la devolución del vehículo en cuestión.
Un asunto que parecía menor ha llamado la atención porque el juez de control Aarón Hernández Chino ya lo citó para responder por de delito de desobediencia de un mandato judicial, con el propósito de dictarle cárcel preventiva, es decir que permanezca privado de la libertad mientras dure el juicio.
El implicado no pudo llegar a esa primera audiencia porque se le reventó una ulcera gástrica y estuvo internado en el ISSSTEP.
Queda claro que siendo un hombre de la tercera edad y delicado de una ulcera gástrica poco podría sobrevivir a un encarcelamiento.
Versiones cercanas al juez de la causa, apuntan a que éste solamente estaría siguiendo “instrucciones” para actuar con severidad extrema contra Pedro Rafael.
¿Por qué llama la atención el caso? Por dos razones de peso:
Primera: porque es una falta que se podía resolver con una sanción administrativa y sin llegar al extremo de buscar encarcelarlo.
Segunda: hay mucha gente en la FGE que ha sido y sigue siendo señalada de estar vinculada al crimen organizado y simplemente, a ellos nos les hacen nada.