Un tuit de la FGR prendió las luces rojas en el norte del país. La Fiscalía General de la República anunció que se abrieron las Carpetas de Investigación en contra de los candidatos punteros a la gubernatura del estado más industrializado del país.
El mediático anuncio no impide ni a Samuel García (MC) ni a Adrián de la Garza (PRI) continuar con sus respectivas campañas en la búsqueda de la gubernatura que dejará El Bronco, pero sí asestó dos golpes que podrían ser los que detonen la irritación social en tierras regias.
Por un lado, el escándalo de la investigación contra el joven conocido por sus insensatas y virales declaraciones congelará los recursos de él, de su esposa Mariana y hasta de su suegro Jorge, mientras se corrobora o desecha, el señalamiento sobre el posible uso indebido de recursos.
Por otra parte, ante la opinión pública se refuerza el peligroso discurso de que la gente con mayor poder adquisitivo es: corrupta, neoliberal y no merece el voto del “pueblo bueno”.
En el caso del priista, la acusación realizada dos veces desde La Mañanera, nos obliga a preguntarnos si el caso de las tarjetas de Adrián de la Garza es un tema único en estas campañas o si es una investigación sesgada y con clara dedicatoria.
Es sumamente coincidente que las investigaciones inicien cuando está comprobado que la candidata de Morena, Clara Luz, difícilmente alcanzará a los dos punteros.
Desde la oficina de Alejandro Gertz Manero se dijo que las Carpetas de Investigación en contra de los dos candidatos en la elección a gobernador, fueron resultado de “diversas denuncias”, sin embargo, hasta la semana pasada cuando el presidente reveló en La Mañanera la entrega de las tarjetas rosas, ninguna queja se había oficializado, a decir del propio AMLO.
La velocidad en las investigaciones de estos dos casos, que bien podrían caer en los delitos que se les están imputando, sorprende en un país donde las madres de los desaparecidos esperan por años a que se comience la búsqueda de sus seres queridos, por citar un simple ejemplo.
El caso de Nuevo León podría replicarse a nivel nacional ante la estrepitosa caída que ha sufrido Morena y sus candidatos por los dos escándalos que ayer mismo comentábamos en esta columna: las 30 muertes en la tragedia de la línea 12 del Metro y el repudio contra Saúl Huerta por el presunto abuso sexual contra menores.
Y aunque se entiende la desesperación por tratar de recuperar algunos puntos de simpatía ante el electorado, debemos alzar la voz ante el uso indiscriminado del Poder Judicial para erradicar a los contrincantes de Morena.
Andrés Manuel se ha llenado la boca al decir que él fue víctima de fraudes electorales, que le robaron elecciones y que no permitirá otros casos similares al suyo; pero lo que no dice es que peor que en los años más rancios del priismo, utiliza a las instituciones, incluso a las que se dicen independientes, para combatir a sus enemigos o a quienes él considera que son sus adversarios.
¿Dónde quedó ese discurso de que lo mejor es dejar que el pueblo bueno y sabio decida?
¿Cuántas nuevas órdenes de aprehensión o carpetas de investigación se iniciarán para ablandar a los adversarios políticos?
¿Quién está hoy utilizando toda la fuerza del Estado para influir en las elecciones?
¿Perseguir, a través de la UIF y la Fiscalía General de la República no es una forma moderna de consumar un fraude electoral?
¿A quién deberemos señalar como el autoritario?
Está claro que AMLO no cree en la democracia y que no sabe perder, así que el riesgo de que el caso Nuevo León se repita en las otras 14 entidades que renovarán gubernaturas, es latente.
Y la reacción social podría desencadenar una Revolución Regia.
Ni más, ni menos.
