San Matías Cocoyotla, junta auxiliar del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, es una comunidad de profunda devoción católica. Allí, la vida cotidiana corre en paralelo al fervor a sus santos y al recuerdo cariñoso de sus muertos. De ahí que sea especialmente dolorosa y grave, la presunta profanación administrativa -valga la expresión– que la presidenta auxiliar María Celerina Manuela Daniel Cocone ha hecho del sitio de descanso mortuorio de una menor que no pasó los ocho meses de vida y que falleció en 1951, y su madre, quien encontró ya anciana el final de su vida en 2014.
Esta funcionaria auxiliar, de acuerdo con la denuncia de ejercicio indebido de funciones públicas, que obra en la Fiscalía General del Estado (FGE), despojó a la familia Percino Zacarías de la potestad sobre la fosa mortuoria ubicada en el panteón particular de San Matías Cocoyotla.
Eso, a pesar de que han demostrado con documentos que tenían el pago de derechos y mantenimiento al corriente.
Pero la mayor gravedad radica en que, primero, la familia no sabe si siguen ahí los restos de la pequeña María Vicenta Percino, quien murió cuando apenas tenía ocho meses en este mundo, en 1951, cuando se adquirió ese predio en el panteón.
Tampoco saben si seguirán ahí los restos de la madre de esta familia, Catalina Zacarías Daniel, quien fue sepultada en la misma fosa, cuando falleció en 2014.
Pero ahí no acaba la tragedia de esta familia, natural de esta comunidad, de la que también han salido muchos migrantes que conservan, en lo posible, sus costumbres en Estados Unidos.
En 2019, la familia Percino Zacarías se percató de que, en la fosa familiar, había otra persona sepultada.
La identidad de esos restos se desconoce.
Lo que sí quedó claro es que la presidenta auxiliar de San Matías Cocoyotla, María Celerina Manuela Daniel Cocone, dio el permiso para esa inhumación, sin siquiera avisar a la familia que por más de 70 años ha tenido esa fosa.
A través de José Job Percino Zacarias, hermano de la menor que murió en 1951 e hijo de la madre que falleció en 2014, la familia interpuso los recursos correspondientes.
Una queja ante la Contraloría Municipal San Pedro Cholula, que tiene el número AI-03/2020.
También hay una carpeta de investigación, tras la denuncia ante la FGE, con el número FGEP/CDI/FECC/CORRUPCION.MUN-1/000295/2021.
La familia enfrenta un total desconocimiento de si los restos de sus seres queridos aún siguen ahí.
En la fe de la comunidad y en la intimidad familiar es una afrenta muy grave.
De por sí como delito y tiene sanciones de cárcel.
Hasta por siete años.
El caso de la familia Percino Zacarías es uno solamente.
Se presume que hay más.
Que la presidenta auxiliar ha tomado esto como una práctica común.
Hay denuncias de que está revendiendo lotes en ese panteón.
La investigación tendrá que ampliarse.
Será muy importante conocer si los restos que ya estaban en esos sitios fueron exhumados.
De ser así y no haber contado con los permisos y haber realizado los trámites y avisos, vendrían más presuntos delitos.
Las conclusiones de las indagatorias de la FGE será importante que, cuando sea el momento, se den a conocer a la comunidad.
Que los vivos estén tranquilos.
Y que los muertos descansen efectivamente en paz.
