Hace unos días en este espacio se hizo una cruda radiografía de los tribunales agrarios, los cuales con la 4T en nada han cambiado frente a los despojos de tierras que se solaparon con el PRIAN. Esa columna provocó una furibunda respuesta de Maribel Concepción Méndez de Lara, la presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA), que consideró una difamación que se señalara que ella llegó a ese cargo por el padrinazgo del senador Ricardo Monreal Ávila y que ahora, ambos personajes están empujando la posibilidad de que se designe en ese órgano jurisdiccional como magistrado a Alberto Pérez Gasca, quien es señalado por ser un hombre fuertemente vinculado al PAN e intereses de terratenientes.
Esa versión que difundió el tecleador de esta columna, es más o menos la misma visión que tiene la dirigencia nacional de la Central Campesina Cardenista, que intenta alertar al presidente Andrés Manuel López Obrador que está a punto de llegar al TSA como magistrado un personaje represor de movimientos sociales y defensor de intereses inmobiliarios, terratenientes e importantes figuras del PAN.
Llamado a AMLO y Monreal
El lunes anterior se describió –en esta columna– que la actual magistrada presidente del TSA, Maribel Concepción Méndez Lara, llegó al cargo por el impulso recibido por su paisano zacatecano Ricardo Monreal Ávila, el líder de la fracción de Morena en el Senado, pese a que ella formó parte del equipo de Abelardo Escobar Prieto, quien fue el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria en el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa.
En el presente, los tribunales agrarios se siguen manejando igual como ocurría en la época de Felipe Calderón, a favor de grupos de poder político y de traficantes de tierras, lo que por enésima vez está impidiendo que la justicia agraria se haga realidad a favor de núcleos campesinos. Pese al discurso oficial de la 4T a favor de los desposeídos.
Como parte de esa cadena de vicios, se tiene la propuesta de que Alberto Pérez Gasca –actual servidor público en Chiapas– ocupe una de las vacantes en el pleno del TSA. Sin importar que, al igual que Maribel Concepción Méndez Lara, formó parte del grupo de Abelardo Escobar, en el sexenio caldenorista.
Ayer la Central Campesina Cardenista hizo eco de esta preocupación –de muchas organizaciones agrarias– en torno a Pérez Gasca. Dicha agrupación expresó lo siguiente:
“…la Central Campesina Cardenista hizo un llamado de alerta al presidente de la República –y al senador Ricardo Monreal– para que retire la propuesta que puede colocar a Alberto Pérez Gasca, un reconocido anti agrarista neoliberal, en el Tribunal Superior Agrario”.
Se agregó en el posicionamiento de dicha organización: “… debemos evitar que los tribunales agrarios se infiltren anti agraristas vinculados al tráfico de influencias de neo latifundistas y despachos de políticos influyentes que promueven el despojo y criminalización de campesinos e indígenas”.
Y denunció: “…sería un despropósito para la 4T premiar con puestos en el Tribunal Superior Agrario, a neoliberales que están al servicio de traficantes de influencias… cuando Alberto Pérez Gasca se desempeñó como director general de Asuntos Jurídicos de 2004 a 2007, y como Jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos 2007 a 2012, durante los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, criminalizó los movimientos sociales”.
“Ante la nula respuesta legal de la Secretaría de la Reforma Agraria para resolver la problemática de los núcleos agrarios, Pérez Gasca criminalizó la lucha social de las organizaciones campesinas, y no solo eso, también demandó por la vía penal a muchos de los dirigentes sociales que sólo pedían solución para sus representados”.
Se relata que: “…con el apoyo de ministerios públicos y de la Procuraduría General de la República, acusó a dirigentes sociales de privación ilegal de la libertad, motín, y secuestro… de esta forma canceló el derecho de campesinos e indígenas para asociarse, manifestarse y hacer uso de su derecho de petición y audiencia”.
La organización contrastó que mientras los campesinos eran perseguidos –por Pérez Gasca–, el panista Diego Fernández de Cevallos tuvo un trato privilegiado:
“En este mismo periodo el despacho del panista Diego Fernández de Cevallos ganó a la Secretaría de la Reforma Agraria un juicio para definir la propiedad de un predio en la delegación Tlalpan, que tuvo un costo al erario público de 30 millones de pesos anuales, que se pagaban del programa de obligaciones jurídicas ineludibles, por ello los núcleos agrarios que demandaban pagos sustitutos tenían que esperar”.
