Un grave, gravísimo problema que enfrenta Morena en estas elecciones de diputados federales y de presidentes municipales y diputados al Congreso, es que varios de sus candidatos, dirigentes y actores políticos han comenzado a jugar la sucesión gubernamental de Miguel Barbosa Huerta.
Es decir, participan en el proceso electoral del 2021 con la mira puesta en el 2024, para ganar terreno o amarrar posiciones que les pavimenten el camino hacia Casa Aguayo.
Eso explica, por un lado, la enconada disputa entre el diputado Gabriel Biestro Medinilla y la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que quién sabe en qué va a terminar, y el agandalle del coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de la Unión, Moisés Ignacio Mier Velazco, y de su primo el senador Alejandro Armenta Mier, en alianza con el enlace nacional del CEN, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, por hacerse del mayor número de candidaturas.
También los ajustes y cambios de última hora en el registro de candidatos, los vetos del gobernador Miguel Barbosa que evitaron que algunos personajes fueran nominados, como José Juan Espinosa y David Méndez Márquez; las protestas de militantes ante el IEE y la toma de la sede estatal de Morena para impedir el registro de la planilla de Claudia Rivera y cuestionar algunas nominaciones como las de Carlos Evangelista y Édgar Garmendia.
En este contexto se inscriben también las impugnaciones de Julio Lorenzini en Cholula, Carlos Peredo Grau en Teziutlán, Ignacio Mier Bañuelos en Tecamachalco y Pedro Tepole en Tehuacán, entre muchas otras.
En suma: en Morena hay una fuerte lucha intestina de todos contra todos, en la que el gobernador Barbosa trata de hacerse de la mayoría del Congreso local, y otros personajes que aspiran a sucederlo, como Ignacio Mier, Alejandro Armenta y Claudia Rivera, de ganar fichas y posiciones clave en ayuntamientos, el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados.
La disputa por el 2024 es el mayor riesgo de Morena en los comicios locales del 2021, ya que las zancadillas y golpes bajos que unos y otros se dan podrían terminar favoreciendo a los candidatos de la coalición Va por México, no por sus propios méritos sino por la guerra intestina que anticipadamente se libra entre las huestes de la 4T y sus rémoras de cara a la sucesión de Miguel Barbosa.
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Cuando el lunes le anticipaba que algunos de los personajes que diseñaron y operaron las campañas negras y la guerra sucia en contra del hoy gobernador Luis Miguel Barbosa, en los comicios de 2018, me refería, entre otros, al actual director de Contaminación Visual, de la Secretaría de Medio Ambiente, Rafael Reynoso Mora.
Las evidencias de su participación en la campaña “AMLO sí, Barbosa no” son contundentes. No solo han sido confirmadas por la ex diputada federal Violeta Lagunes Viveros, sino constan en correos de gmail de ida y vuelta entre ambos, en cotizaciones, copys de Facebook y mensajes de Twitter del director de la agencia 3D Innovation y algunos colaboradores suyos, que hoy también cobran en el gobierno de la 4T con la complacencia de Verónica Vélez Macuil.
Muchos de esos mensajes ya fueron eliminados de las redes sociales, pero otros aún mantienen su rastro en los buscadores de Google.
De ahí que sería interesante que el gobernador Barbosa de verdad hiciera públicas las investigaciones que dice tener acerca de la guerra sucia contra él, sobre quienes la financiaron con recursos públicos y operaron en medios de comunicación y redes sociales, ya que se daría cuenta que varios todavía siguen en el gobierno, son diputados en funciones e incluso candidatos en 2021, y otros más, sus aliados políticos y voceros mediáticos.
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La crisis que envuelve al diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona y a su partido Morena, que lo registró para reelegirse en el distrito 11 con cabecera en la ciudad de Puebla, podría convertirse en un escándalo antes de lo esperado.
Y es que trasciende que existen otras denuncias de jóvenes y adolescentes, algunas de las cuales ya son investigadas por miembros de la oposición que esta semana podrían reunirse con familiares de las presuntas víctimas.
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