La detención este martes –durante el funeral de su padre– de Leoncio Paisano Arias, ex edil de San Andrés Cholula, es un duro golpe a la estructura financiera de lo que queda del morenovallismo, que está preparada para invertir en varias campañas electorales de candidatos del PAN y de Morena, como una manera de recuperar su poder como corriente política.
Lo de Paisano no es un hecho aislado, es parte de una estrategia de la 4T que inició hace un par de meses de la siguiente manera:
En febrero de este año se supo que la Auditoría Superior del Estado tenía ya listas sendas demandas contra Roberto Moya Clemente y Eduardo Homero Tovilla Lara, quienes controlaron la ruta del dinero morenovallista en los últimos 10 años. A los dos se les estaría acusando de haber realizado operaciones simuladas por unos 800 millones de pesos en la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas en su calidad de secretario de Finanzas y subsecretario de Egresos, respectivamente.
800 millones de pesos frente a los más de 400 mil millones de pesos que hubo de presupuestos públicos en el sexenio morenovallista parece algo insignificante, sin mayor relevancia en el manejo escandaloso que hubo del dinero en esa época, que habría permitido acumular una bolsa de unos 70 mil millones de pesos para financiar las empresas electorales de Moreno Valle.
Sin embargo, se sabe que el propósito de amagar con las demandas contra Tovilla y Clemente tenía más un propósito político que en sancionar la larga lista de latrocinios cometidos en el pasado, que han sido muy complejo el poderlos rastrear por una sofisticada estructura financiera internacional que habría utilizado el finado Moreno Valle para evitar que se le siguiera la pista a los abusos que cobijó.
Lo que se buscó fue evitar que Tovilla y Clemente movieran recursos económicos a favor del proyecto de revivir a la estructura morenovallista –encabezada por Genoveva Huerta, José Antonio Gali Fayad, Jorge Aguilar Chedraui y tal vez Fernando Manzanilla Prieto– como la fuerza dominante en el actual proceso electoral.
Ese proyecto pasaba por la intención de evitar que Eduardo Rivera Pérez fuera el candidato del PAN a edil de la capital y la postulación recayera en un político afín al grupo que controló la vida política de Puebla en la última década.
No se sabe si ya se presentaron o siguen en proyecto esas demandas contra Clemente y Tovilla.
Lo que si ha trascendido es que sí se habría logrado amarrarles las manos a esos operadores financieros que podían haber movido importantes financiamientos electorales.
Luego de ellos quedó la posibilidad de que surgiera una red de financiamiento, de menor alcance y en regiones específicas, de ex alcaldes y empresarios que fueron parte de los consentidos del morenovallismo.
En ese sentido, aparecían figuras como la de Leoncio Paisano para aportar fondos a la campaña del PAN en San Andrés Cholula, en donde se postuló como candidato a presidente municipal a Edmundo Tlatehui Percino, quien fue su secretario de Desarrollo Urbano.
O Gabriel Alvarado Lorenzo, es edil de Huauchinango, que logró que su esposa Liliana Luna Aguirre se colara como candidata de Morena a la alcaldía de ese municipio, sin importar que este matrimonio es ajeno al movimiento de la 4T.
Con la caída de Paisano, que tiene demandas superiores a los 142 millones de pesos por parte del ayuntamiento de San Andrés Cholula, se le corta el brazo financiero a la campaña de Tlatehui.
Y además, se pone en posición de jaque mate a Tlatehui por aparecer su nombre en la carpeta de investigación contra Paisano y con posibilidades de también ser detenido antes de los comicios del 6 de junio.
Los panistas están sobre arenas movedizas, ya que para nadie es un secreto que el área de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula se convirtió en una fuente de corrupción, de abusos inmobiliarios y de generar un apoyo económico de empresarios del ramo a favor de las campañas electorales del PAN, una condición que se observó la mayor parte de los 23 años en que el albiazul gobernó esa demarcación.
En el caso de Gabriel Alvarado, que también logró colar a su hermana Gabriela Alvarado Lorenzo como candidata de Morena en Xicotepec de Juárez, ayer por la noche había un esfuerzo de última hora de frenar su intervención dentro del Partido de Regeneración Nacional y que habría logrado por el cobijo del senador Alejandro Armenta Mier.
Había un fuerte forcejeo en la Comisión Nacional de Candidaturas para intentar quitarle la nominación a su esposa Liliana Luna Aguirre –actual diputada local del PRD con licencia– y darle la postulación a Gustavo Vargas Cabrera, quien buscaría la reelección como edil de Huauchinango.
Un argumento que se estaba utilizando, que no sabe si funcionó, es que Gabriel Alvarado tiene graves señalamientos de la Auditoria Superior del Estado y podría tener una suerte similar a la Leoncio Paisano.
