Todo indica que hay un poder supremo en Morena que no permite revisar el crítico pasado de Porfirio Loeza Aguilar, quien busca la cuarta reelección como edil de Tlatlauquitepec, pese a que 11 de los 12 aspirantes a la candidatura morenista en ese municipio expusieron ante los órganos del partido: que el actual edil tiene amenazados a sus opositores, incluidos los propios líderes de esta fuerza política; que en tres cuentas públicas habría acumulado daños patrimoniales por más de 76 millones de pesos y que sigue perteneciendo al PSI, una organización rival de la 4T.
Se dice mucho que la candidatura de Porfirio Loeza se habría negociado ante un consejero nacional y un ex dirigente local de Morena, aparte de tener el apoyo de un importante legislador federal, que le ha dado un blindaje que no permite en la dirección del partido y en la Comisión Nacional de Honorabilidad y Justicia (CNHJ) de este instituto político tocar ni con el pétalo de una rosa el tema del edil de Tlatlauquitepec.
Mediante un escrito dirigido a la CNHJ, suscrito por Gabriel Becerra Armenta, se hace hincapié en los siguientes agravios:
Porfirio Loeza actualmente cursa su tercer periodo como edil de Tlatlauquitepec y en 2018 obtuvo la candidatura del Partido Pacto Social de Integración, que es una fuerza satélite del morenovallismo y del PAN. A tres años de distancia, el edil sigue inscrito como militante del PSI y al mismo tiempo, tiene un registro reciente como miembro de Morena, lo que viola los estatutos de esta última expresión que no permite postular a personajes que pertenecen a otra agrupación política.
En el mismo texto se da a conocer que el pasado 10 de marzo, de los 12 aspirantes de Morena a la candidatura a edil, 11 de ellos firmaron un acuerdo pidiendo al partido no postular a Loeza por ser miembros del PSI, por el daño patrimonial que ha provocado a la hacienda pública del municipio y por ser un político agresor, que amenaza a sus opositores.
Los aspirantes que firmaron ese acuerdo son; Citlali Aurora Guzmán, Yazmín Arizbeth Solís Valverde, Juan Carlos Cabrera Caballero, Andrés Salazar Huerta, Octavio Benavides Manzano, José Martín Ramos Torres, Iván Bautista Rivas, José Roberto Matamoros Moreno, Miguel López Dolores y Jonathan Lozada Guerrero.
Lo que más se cuestiona, es que en el primer periodo en que Loeza fue edil de Tlatlauquitepec, de cuatro cuentas públicas que presentó al Congreso, tres no le fueron aprobadas en tiempo y forma, porque se advertía un daño patrimonial por más de 76 millones de pesos.
Curiosamente, se plantea en el escrito de denuncia, que todas esas cuentas públicas se aprobaron varios años después y todas fueron votadas en el Congreso del estado el mismo día, lo cual es muestra de que se le salvó de su responsabilidad administrativa por “un cuerdo político”. No por solventar el gasto público, ni restituir el daño patrimonial causado.
Se hace una relatoría:
La única cuenta que se le aprobó en tiempo y forma fue la del periodo del 10 de enero al 31 de diciembre de 2005.
La segunda cuenta, del 10 de enero al 31 de diciembre de 2006, ya hubo las primeras sanciones administrativas.
En la tercera, del 10 de enero al 7 de agoto de 2007, se le inició un proceso administrativo por 14 millones 124 mil 904 pesos.
En la segunda parte de la anterior cuenta, correspondiente al periodo del 6 de septiembre al 31 de diciembre de 2007, se le observaron 30 millones 392 mil 211 pesos.
Y en la cuenta del 1 de enero al 14 de febrero de 2018, se le inició un proceso por la cantidad de 15 millones 523 mil 497 pesos, además de que se le exigía una restitución de 13.3 millones de pesos.
Al final, todas esas cuentas públicas se le aprobaron el 31 de julio de 2018, luego de que incluso se le había inhabilitado del servicio público y se le había destituido como edil, pero por trampas legales evitó las sanciones del proceso de fiscalización.
Todo eso es lo que alguien en Morena no quiere observar.
