Tras el tuit de Juan Carlos Valerio, director y conductor de noticieros de Imagen Puebla, en el sentido de que Mario Marín había obtenido la suspensión definitiva contra el auto de formal prisión por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, muchos empezaron a decir que era inminente la puesta en libertad del ex gobernador de Puebla.
Quien esto escribe consultó de inmediato el tema con un extraordinario amigo y abogado.
Comparto sus palabras:
“No tiene nada extraordinario que se conceda la suspensión definitiva en contra de un auto de formal prisión.
“Únicamente tiene el efecto de que la persona en cuestión (Marín) quede a disposición del juez Federal que conoce del amparo, pero no implica que deba ser puesto en libertad, ni prejuzga acerca de la existencia de un delito, o de responsabilidad.
“Marín, pues, sigue a disposición del juez que lleva el proceso”.
Es cuanto.
Las Naranjitas de Claudia. En mi columna anterior le conté que en el tercer mes del gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco diversos funcionarios se confabularon para maquilar actos ilícitos en aras de obtener un lucro indebido a través de la limpieza de las calles de Puebla.
Además del erario resultaron afectados el sentido común y las denominadas Naranjitas: modestas trabajadoras de la limpieza.
El sentido común se vio afectado porque el millonario concurso para dar el servicio de barrido mecánico a calles y avenidas de la ciudad lo ganó una empresa experta en montar bares y discotecas.
Las Naranjitas han sido víctimas propicias de esta administración municipal desde hace meses.
Su error es formar parte de un sindicato repudiado por el ayuntamiento.
Y en tanto que la policía municipal ha sido omisa en cuidar el patrimonio histórico —vandalizado en diversos momentos—, las Naranjitas han sido ninguneadas y hasta golpeadas por la fuerza pública.
El 13 de enero de 2020, la reportera Angélica Tenahua, de Milenio Puebla, hizo la crónica de una injusticia.
Aquí unas líneas:
“Esta mañana, un grupo de 16 naranjitas fueron detenidos por elementos de Seguridad Ciudadana, entre ellos nueve mujeres y siete hombres. Las detenciones ocurrieron tras realizar una manifestación violenta para reclamar sus derechos laborales. “Los trabajadores del Sindicato del Organismo Operador del Servicio de Limpia se manifestaron afuera de las instalaciones de la OOSL, ubicada en la calle 4 Poniente y 3 Sur para reclamar que sus derechos laborales sean respetados y que no se le imponga de nuevo a Salvador Pérez Xilot como líder sindical por un segundo periodo. En entrevista, Ana María Hernández narró que por realizar una manifestación afuera de las instalaciones del sindicato y después en el Palacio Municipal, 16 de sus compañeros fueron esposados y golpeados.
“‘Todo esto se puede evitar, no le cuesta nada a la autoridad municipal, solo exigimos la renuncia del líder sindical; ellos solo nos están provocando, somos personas de la tercera edad y tenemos muchos años trabajando’, enfatizó. Reiteró que son gente humilde y reprocharon que les quiten lo poco que tienen, como son: el dinero que obtuvieron en la caja de ahorro, así como el aguinaldo completo. Asimismo, denunció que no cuentan con la herramienta necesaria para realizar su trabajo, pues los recogedores son hechos de botes de pintura reciclados y sólo les entregan tres escobas al año. Agregó que no se le brinda mantenimiento adecuado a los parques y jardines de la ciudad y que un ejemplo es el Paseo Bravo, el cual está en pésimas condiciones, además de que las guarniciones tampoco se han pintado. ‘La ciudad está sucia porque los del ayuntamiento no realizan bien su trabajo, nosotros hacemos la limpieza, la presidenta Claudia Rivera Vivanco no es una señora trabajadora, porque los parques están en malas condiciones, el Paseo Bravo es un asco, las baquetas jamás se han pintado cuando en otras administraciones ese era nuestro trabajo’, reprochó”.
Disculpe el hipócrita lector la larga pero nacería y reveladora cita.
A las Naranjitas, palo y macana.
A la agresores del patrimonio cultural, el perdón absoluto.
Cuando las Naranjitas fueron esposadas y golpeadas, la empresa dedicada a abrir bares y discotecas ya estaba dedicada a mal barrer la ciudad.
Los raseros del ayuntamiento, ufff, vaya que son distintos.
Una Empresa Ligada a Bares y Discotecas Barre las Calles de la Ciudad de Puebla
Una empresa especializada en el servicio de alimentos y operación de restaurantes obtuvo mediante una amañada adjudicación directa del ayuntamiento que preside Claudia Rivera Vivanco un contrato por 64 millones de pesos relacionado con el barrido mecánico de calles y viviendas.
Esto ocurrió a principios de 2019, cuando la presidenta municipal apenas tenía unos poco meses al frente del Ayuntamiento de Puebla, y en violación abierta a la Ley Orgánica Municipal y a las constituciones de la República y del estado de Puebla.
Por ese motivos, el pasado 9 de marzo, Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior del Estado, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del estado por los delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, peculado, fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades.
La denuncia o querella va dirigida en contra de Claudia Rivera Vivanco, integrantes del Comité Municipal de Adjudicaciones, funcionarios del Organismo Operador del Servicio de Limpia y el apoderado legal de la empresa Atelier Geometrique.
El objeto social de dicha empresa —hasta poco antes de la amañada adjudicación— era de “operación y exportación de restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, y comercialización y distribución de alimentos y bebidas en cualquier presentación”.
En noviembre de 2018, tres meses antes de interesarse en la licitación para la contratación del barrido mecánico —“de las principales calles, avenidas, juntas auxiliares, unidades habitacionales, así como lugares de interés común y turístico”—, la empresa discotequera modificó su objeto social en aras de “brindar el servicio público de limpieza”.
Y precisamente debido a esto, no contaba en el momento de la licitación con experiencia alguna comprobable.
Y aunque el apoderado legal exhibió un contrato de prestación de servicios celebrado el 2 de junio de 2017, para entonces su objeto social seguía siendo el de operación y exportación de restaurantes, cafeterías, bares y discotecas.
En pocas palabras: no tenía absolutamente nada que hacer en la multicitada licitación, cuya convocatoria fue publicada el 8 de febrero de 2019.
A esa licitación se inscribieron cuatro empresas más, dos de éstas especializadas en el manejo de desechos no peligrosos.
Seis días después ocurrió algo extraño:
A la Junta de Aclaraciones señalada por la ley —realizada el 14 de febrero— sólo se presentaron dos empresas: la discotequera y Promotora Ambiental de La Laguna.
Seis días después —el 20 de febrero—, ya sólo acude el representante legal de la empresa experta en bares y discotecas a la “presentación de documentos y apertura de proposiciones”.
En consecuencia, las otras cuatro empresas interesadas —y desinteresadas prematuramente— fueron descalificadas.
La trama corrupta tiene su final feliz el 26 de febrero, cuando el Comité Municipal de Adjudicaciones falló en favor de Atelier Geometrique, por ser el “único oferente para la única partida”.
Es claro que de acuerdo al artículo 92, fracción I, de la Ley de Adquisiciones —estatal y municipal— la licitación tuvo que haber sido declarada desierta por el Comité, pues la empresa hoy denunciada no cumplía ni reunía los requisitos expuestos en las bases de la licitación.
Entre bombos y platillos, el 28 de febrero se celebró el contrato de prestación de servicios entre Javier Pérez Gordillo —apoderado legal de la empresa beneficiada— y Salvador Martínez Rosales —coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia.
El monto asignado ascendió a 64 millones 976 mil 999 pesos.
El contrato sigue vigente.
Faltaba más.
Inició el 1 de marzo de 2019 y concluirá el 14 de octubre de 2021, fecha en la que termina la administración de Claudia Rivera Vivanco.
Además de que la empresa ganadora no cumplía con el objeto por el cual fue contratado, tampoco contaba con experiencia alguna comprobable y no se realizó un análisis para determinar su capacidad financiera.
Es de esperarse que la Fiscalía haga investigaciones sobre los siguientes puntos ligados a los denunciados:
Declaraciones fiscales, bienes inmuebles inscritosy cuentas bancarias a sus nombres.
Los denunciados, además de la presidenta municipal, son Said Paleta, Armando Morales, Elisa Cervantes, Enrique Gómez Haro, Patricia Montaño, Mónica Campos, Sandra Cruz, Gerardo Escobar, Lino Meza, Salvador Martínez, Fernando Varela, María del Rocío Ledo, Raúl Chavarría y Luis Alvarado.
Unos mataron a la vaca.
Otros nada más le agarraron la pata.
Los delitos son clarísimos, y redondos como un día de verano.
¿Qué argumentará la presidenta municipal?
¿Que ésta es una nota falsa, producto de una guerra sucia en su contra?
Cuando inició su administración venía, por lo que se ve, preparada para causarle daño al erario en beneficio de unos cuantos.
¿Nadie le dijo que la empresa no cumplía con los requisitos de ley?
¿Nadie la alertó sobre las mentiras montadas en mentiras?
¿Nadie le susurró que se había violado el proceso de adjudicación?
Ufff.
Todo lo que hay que ver con quien sueña con la reelección en el Palacio Municipal de Puebla.
Que Mario Marín la redima.
